Las promesas cumplidas de Enrique Peña Nieto

Con estas acciones y programas el mexiquense ha intentado diferenciarse de sus antecesores, en el primer semestre de su gobierno

El Pacto por México

En busca de «privilegiar coincidencias» para aprobar reformas estructurales, el gobierno federal firmó un acuerdo con los principales partidos políticos del país apenas un día después de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México.

En la presentación del Pacto por México, Peña Nieto pidió «que la pluralidad y la diferencia de visiones, en lugar de ser obstáculo, permitan el ascenso de México y enriquezcan el proyecto de Nación».

El acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) con el gobierno federal consiste en 95 compromisos.

Seis meses después del Pacto, éste fue suspendido en una ocasión por el presidente, quien decidió «dar espacio al diálogo» por las diferencias entre los partidos tras la denuncia del PAN sobre el mal uso de recursos federales en Veracruz para favorecer a los candidatos del PRI en los comicios de julio próximo.

Partidos y gobierno recuperaron el Pacto por México con la firma de un adéndum en el que se comprometen a blindar los comicios electorales con la suspensión en la entrega de apoyos de los programas sociales durante el periodo electoral y a castigar a los funcionarios que incurran en malas prácticas.

Reforma Educativa

La primera iniciativa que se presentó en el contexto del Pacto fue la reforma educativa, en un evento en el Museo Nacional de Antropología que contó con la presencia del gabinete, líderes en el Congreso de los tres partidos y sociedad civil; pero al que no asistió ni Elba Esther Gordillo, la entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ni representantes del Partido Nueva Alianza, que ella ayudó a fundar.

La iniciativa eleva a rango constitucional el servicio profesional docente y señala que la entrega de plazas y ascensos dependa de evaluaciones hechas por el Estado a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que gana autonomía.

Los cambios en materia educativa encontraron oposición en el SNTE que dirigía Gordillo, pues la lideresa aseguró que los docentes no aceptarían que sus derechos se vieran afectados.

La reforma fue promulgada el 25 de febrero pasado, tras la aprobación en el Congreso y en al menos 17 cámaras locales. Un día después, el procurador general anunció la detención de Gordillo por el presunto desvío de recursos del sindicato.

Desde entonces, el sucesor de Gordillo, Juan Díaz de la Torre, insiste en que los profesores apoyan la iniciativa del gobierno federal. Sin embargo, grupos disidentes organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no han dejado de organizar protestas en entidades como Oaxaca, Guerrero o Michoacán, en donde han sitiado edificios gubernamentales, atacado sedes de partidos políticos y realizado paros laborales.

La detención de Elba Esther Gordillo

El 26 de febrero de 2013, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue detenida tras ser acusada de desviar 2,600 millones de pesos de recursos del magisterio para su uso personal.

La Maestra, como se le conoce en México, fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, y posteriormente trasladada a un penal de la capital del país.

El procurador general, Jesús Murillo Karam, anunció que entre los gastos que las autoridades federales le detectaron a Gordillo estuvieron pagos a una tarjeta de crédito American Express y pagos de 4 millones de pesos a la lujosa tienda estadounidense Neiman Marcus.

Las autoridades federales identificaron a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, trabajadores del sindicato, como responsables de las transferencias.

Desde entonces no ha habido más detenciones por el presunto desvío de recursos, aunque personas cercanas a Gordillo como Francisco Arriola, exesposo de Gordillo; René Fujiwara Apodaca, yerno de la dirigente, y Silvia Luna, exdiputada del Partido Nueva Alianza (Panal),han buscado ampararse.

Tras aplicar en marzo pasado la encuesta México: 100 días de Gobierno de Enrique Peña Nieto, la encuestadora Consulta Mitofsky indicó que la aprobación y credibilidad del presidente aumentó tras la detención de la dirigente magisterial.

Estrategia de seguridad regionalizada

La política de seguridad que presentó Enrique Peña Nieto en diciembre contempla cinco regiones operativas para implementar una estrategia «según la actuación de grupos criminales y las dificultades que enfrenta» cada entidad federativa, según explicó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La regionalización busca en primera instancia reducir en un corto plazo la violencia y los índices de delitos como homicidio, secuestro y extorsiones.

El presidente Peña Nieto aseguró en marzo pasado que esta estrategia entregará los primeros resultados en un periodo mínimo de un año, cuando se reflejaría que en la política de seguridad hay real coordinación entre las autoridades estatales y federales.

La política de seguridad también considera como eje rector la planeación, por lo que, en palabras del subsecretario de Normatividad y Medios de Gobernación, Eduardo Sánchez, el gobierno federal privilegia la inteligencia para dar «tiros de precisión» al combatir al crimen organizado, evitando los operativos que dañen a la población civil.

Según el gobierno federal, en el primer cuatrimestre de la gestión de Peña Nieto se redujo la violencia vinculada al crimen organizado por una disminución del 17% de los homicidios.

Plan de Prevención del delito

La prevención es uno de los pilares de la política de seguridad del gobierno federal, pues se enfocará en la disminución del delito con campañas contra la deserción escolar, la prevención de adicciones y la violencia intrafamiliar.

El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se presentó el 12 de febrero para combatir «las causas estructurales» de la violencia, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

«Nuestro objetivo es disminuir los factores de riesgo y revertir las condiciones sociales, económicas y culturales que propician la violencia y el delito», según el mandatario.

Tras haberse hecho los diagnósticos sobre cuáles son las zonas más violentas del país, en mayo se decidió que el programa se aplicaría en 1,067 colonias del país con 3.9 millones de habitantes.

Esas colonias son parte de los 225 polígonos o zonas en los que se identificó los índices más altos de criminalidad del país.

Los gobernadores de las 32 entidades federativas serán los responsables de aplicar los 2,500 millones de pesos con los que cuenta el programa que según Gobernación, también deberá dar los primeros resultados en un periodo de un año.

Nueva estrategia de comunicación en seguridad

En abril, el gobierno federal decidió ampliar la política contra la violencia para incluir una «nueva estrategia de comunicación» que consiste en evitar “el lenguaje del crimen organizado” al hablar de seguridad.

Según la Secretaría de Gobernación, es necesario dejar de utilizar «los términos del crimen organizado, lo que incluye apodos o palabras como levantón, encajuelados o encobijados».

Esa instancia instó a los gobiernos estatales y municipales a evitar ese lenguaje y en palabras de Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, «se trata de construir una historia distinta» a la que escribió el gobierno anterior, a cargo de Felipe Calderón (2006-2012).

«Se trata de contribuir con la estrategia de seguridad, que la estrategia de comunicación empuje para tener mejor seguridad y que la gente se sienta más tranquila, no se pretende de ninguna manera ocultar información», dijo Campa a CNNMéxico.

Según el funcionario, antes se ponía «énfasis solamente en los temas de violencia» y esto «resultó contraproducente porque no ayudó a mejorar la coordinación entre las dependencias involucradas, no sirvió para generar una cultura que condenara la violencia y tampoco sirvió para que la gente se sintiera más segura».

Cruzada Nacional contra el Hambre

El programa social más importante del gobierno federal es la Cruzada Nacional contra el Hambre, el cual se presentó el 21 de enero pasado en Chiapas como una «estrategia social de nueva generación».

La Cruzada está dirigida a 7 millones 400,000 mexicanos y comenzó a implementarse este año en los 400 municipios del país con los niveles más altos de marginación y pobreza extrema, según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La característica principal de programa es que usa a comités comunitarios para implementar y supervisar el funcionamiento de la Cruzada con lo que, según el gobierno federal, se incentiva la participación ciudadana y se convierte a los beneficiarios en sujetos productivos.

El programa está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y no cuenta con presupuesto propio, pues el programa se desarrolla con lo aportado por las 16 secretarías de Estado involucradas entre las que se encuentran la de Gobernación, Hacienda, Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Trabajo, Turismo o Economía.

Sedesol ha firmado un convenio con cada entidad federativa paradefinir las actividades de la Cruzada, en el caso del Distrito Federal, ha habido diferencias pues el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera ha pedido que este programa se aplique según las necesidades de cada delegación política en la capital y a través de los jefes delegacionales no con operadores federales.

La Cruzada también ha recibido críticas por firmar convenios con empresas multinacionales como Pepsico o Nestlé, con esta última se acordó crear un programa dirigido a mujeres de bajos recursos para que aprendan a hacer postres que después pudieran vender en una microempresa.

Según la titular de Sedesol, Rosario Robles, la participación «de la iniciativa privada es muy importante» para alcanzar el objetivo de erradicar el hambre en el país.

Recuperar protagonismo en el mundo

Uno de los ejes de la gestión de Peña Nieto es el de México con responsabilidad global, con el que el gobierno federal busca «fortalecer la presencia de México en el mundo» para que el país «se deje ver, escuchar y sentir» en otros países, según dijo el presidente en enero pasado.

Ante los representantes diplomáticos del país, Peña Nieto insistió en “reposicionar” la imagen de México para fomentar la cooperación con otras naciones.

Según el gobierno federal, el mandatario busca «impulsar el desarrollo económico del país» a través de su política exterior.

El canciller José Antonio Meade dijo en enero en una reunión con  cónsules y embajadores de México que al cuerpo diplomático corresponde ser la base del gobierno federal en el extranjero “para tener un país próspero y con responsabilidad global.

«Tenemos la importantísima encomienda de trabajar juntos para que nuestra diplomacia sea un motor que impulse el desarrollo nacional», dijo Meade.

En estos primeros seis meses de gobierno Peña Nieto ha realizado giras de trabajo a Chile, Costa Rica, Venezuela, Perú, Japón, China, Colombia, Uruguay y Haití.

Ley General de Víctimas

Seis meses después de que el expresidente Felipe Calderón inició una controversia constitucional contra la Ley General de Víctimas que ya había sido aprobada en el Congreso, Peña Nieto la publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante su gobierno.

En su discurso tras tomar posesión como presidente en diciembre pasado, Peña Nieto dijo que promulgar esta ley sería una de las primeras trece acciones de su gobierno, por lo que desistió de la controversia que impuso Calderón y la publicó.

El gobierno federal reconoció que la ley era «perfectible», por lo que la publicó en enero y modificó cuatro meses después para crear un registro nacional de víctimas de delitos, incluir la reparación integral del daño, con pago de indemnizaciones, y considerar la figura de víctimas potenciales.

El poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que fue uno de los impulsores de la ley, exigió a Peña Nieto que con esta legislación el Estado tenga capacidad para dar justicia a los asesinados por la violencia en México y para dar «vuelta a casa a los desaparecidos».

El 27 de mayo, el gobierno federal presentó una unidad de investigación especial para los casos de desaparecidos en México que contará con el trabajo de 12 agentes del Ministerio Público.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la cifra de desaparecidos en México asciende a 24,000. Gobernación reconoció que esta Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas todavía está incompleta, pues faltan acuerdos entre áreas y transferencia de recursos para su correcto funcionamiento.

Reforma de Telecomunicaciones

La segunda iniciativa que presentó Peña Nieto en el contexto del Pacto por México fue la reforma en telecomunicaciones, otra que mencionó al tomar posesión como presidente como una de las primeras trece acciones de su gobierno.

Esta reforma, que ya fue aprobada por Diputados y Senadores y por 17 congresos locales, espera la promulgación del mandatario federal. Con ella se crean dos nuevos órganos reguladores autónomos que deberán limitar la participación de las empresas que posean más del 50% del mercado.

Peña Nieto anunció desde diciembre pasado que se abrirían licitaciones para crear al menos otras dos cadenas de televisión abierta con cobertura nacional, en las cuales no podrán participar ninguno de los concesionarios actuales.

Según el presidente, esta reforma tiene tres objetivos fundamentales: asegurar la cobertura universal en los servicios de radio, telefonía y datos, para que lleguen a todos; que haya buenos precios, accesibles para todos los niveles socioeconómicos, con tarifas competitivas a nivel internacional; y ofrecer calidad en los servicios y en los contenidos, con conexiones rápidas y confiables y diversidad en los contenidos.

Fuente: http://mexico.cnn.com/

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