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La crisis económica de España y la otra
La crisis económica de España y la otra

La crisis económica de España y la otra

“El esfuerzo sólo es esfuerzo cuando comienza a doler”.

José Ortega y Gasset, filósofo español (1883-1955)

Cuando Santiago Carrillo, el faro del comunismo español del siglo 20, murió el martes 18 de septiembre a los 97 años, uno de los primeros en presentar sus respetos en el hogar en Madrid del fallecido político fue el rey Juan Carlos. “Una persona fundamental para la democracia”, reflexionó el monarca.

Era un generoso elogio para Carrillo, cuya participación en el derramamiento de sangre de la guerra civil de 1936 a 1939 lo dejó largamente marcado ante los ojos de la derecha española. También fue un intento del rey de persuadir a los españoles de que las dolorosas divisiones de la guerra civil y los posteriores 36 años de la dictadura franquista pertenecen firmemente a la historia de la nación y son menos importantes que los valores compartidos de la España moderna y democrática.

Pero a medida que el acosado Gobierno de Mariano Rajoy, el primer ministro, se acerca cada vez más a pedir ayuda de emergencia financiera internacional, uniéndose a Grecia, Irlanda y Portugal en la unidad de cuidados intensivos de Europa, las viejas heridas españolas están supurando otra vez y están emergiendo nuevas fuentes de tensión política y social. Es un momento crucial para España y para la causa de la unidad europea post-1945, pero las posibles repercusiones se extienden más allá de Europa hacia el resto del mundo.

España tiene la cuarta mayor economía de la zona euro de 17 naciones, casi cinco veces más grande que la de Grecia, y la decimotercera más grande del mundo. Un fracaso por parte de los líderes europeos para ayudar a España con sus problemas, y un fracaso por parte de España para ejecutar sus ambiciosos planes de reforma económica, podría arruinar la unión monetaria europea y desestabilizar el sistema financiero global.

Los desafíos más visibles para España son de naturaleza financiera y económica: Los bancos devastados por la explosión de una burbuja económica de 15 años, el alza en la deuda pública, el abrupto déficit presupuestario, los altos y potencialmente insostenibles rendimientos de los bonos gubernamentales, una profunda recesión y un grave desempleo. En conjunto, explican por qué el sistema bancario español se habría derrumbado este año sin el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), por qué es probable que el crecimiento económico no vuelva sino hasta 2014, y por qué los banqueros en Madrid creen que Rajoy probablemente no tendrá más remedio que pedir a sus aliados europeos un programa de rescate formal tan pronto como el próximo mes.

Sin embargo, estos desafíos enmascaran una crisis más profunda del Estado español, una crisis que exige una revisión profunda a las estructuras establecidas durante la transición post-franquista hacia la democracia a finales de 1970. El drama nacional de España no se trata sólo de los bancos y los rendimientos de los bonos, sino que es político, institucional y regional.

La dimensión política de la crisis fue capturada en un condenatorio ensayo publicado este mes en El País, el principal periódico liberal de España, escrito por César Molinas, un ex banquero de inversión que también ha trabajado en el Gobierno. A los pocos días, el artículo era un tema de conversación en toda España. “Mi hija dice que se volvió viral en Twitter”, dice el autor alegremente.

Molina condenó a las clases políticas de España como una elite cerrada, sorda a la sociedad y ciega a los intereses generales de la nación debido a un sistema electoral en el que los líderes de partido restringen a los votantes a elegir entre una lista de candidatos elaborada por los propios líderes.

En tales circunstancias, no resulta ninguna sorpresa que los principales partidos -el Partido Popular (PP) de centroderecha de Rajoy y los socialistas de la oposición- no tuvieran una estrategia creíble para alejar a España de la crisis, argumentó Molina.

Sin embargo, el abismo entre los políticos y la sociedad es una deformidad de la vida pública española que data de los primeros años posteriores a Franco. Con las libertades políticas y civiles reprimidas bajo el mandato del dictador, los padres fundadores de la democracia española moderna estaban decididos a fomentar partidos políticos fuertes. Garantizaron a los partidos diversos privilegios, incluyendo el acceso a los fondos públicos, y crearon el sistema electoral que minimiza la influencia de los votantes a través de los liderazgos partidarios.

Las innovaciones fueron bien intencionadas y, en muchos aspectos, España se asentó en la familia de las democracias europeas. Sin embargo, los efectos a largo plazo son más perniciosos. Molinas, un pensador de izquierda, compara la juvenil democracia con el Doctor Frankenstein, creando sin saberlo una monstruosa clase política.

Responsabilizando directamente a esa élite por una desastrosa burbuja inmobiliaria, Molinas ahora cree que la reforma electoral es esencial para producir una clase dominante que sea menos egoísta y más consciente de sus responsabilidades para con la nación.

Pero los críticos de derecha no son menos mordaces acerca de ciertos aspectos de la vida pública. Luis María Anson, ex editor de ABC, un periódico conservador monárquico, dice que la política a nivel nacional, regional, provincial y local es demasiado costosa debido a la proliferación de asesores -consejeros o consultores políticos- desde finales de 1970.

“Los asesores, como se sabe, son una invención pura de la clase política y la casta sindical para encontrar puestos de trabajo acogedores para parientes, allegados y mercenarios”, criticó Anson en un debate hace siete semanas.

Estas opiniones a menudo son vistas con recelo en las regiones periféricas de España porque provienen de la derecha, estrechamente identificada en la tradición política con el Gobierno centralizado de Madrid e incluso con el autoritarismo.

Sin embargo, los industriales y economistas de la centroderecha moderada sugieren no desestimar las críticas de Anson y otros de su clase, ni considerarlas vacías de sustancia.

Dicen que la expansión de la autonomía regional desde la adopción de la constitución española en 1978 es una de las razones por las cuales la clase política del país, al igual que sus filas de asesores y parásitos, han evolucionado hasta convertirse en una sanguijuela cada vez mayor para las finanzas públicas y en el obstáculo que es necesario cambiar.

Después de Franco, la defensa de la concesión de autonomía para el País Vasco, Cataluña y, en menor medida, para Galicia y Andalucía era irrefutable. Las dos primeras regiones eran el hogar de orgullosas y conscientes nacionalidades.

Sin embargo, la autonomía fue concedida a las 17 regiones en una resolución compacta denominada ‘Café para todos’. En consecuencia, las regiones han generado partidos, gobiernos y grupos de interés propios cuya razón de ser se combina con la autoperpetuación a través del gasto de dinero público asignado centralmente del cual, en la mayoría de los casos, no son responsables ante los votantes locales.

Las regiones y los niveles inferiores de Gobierno están bajo la presión de Madrid para ejercer mucha más autodisciplina fiscal. Una enmienda constitucional, aprobada el año pasado, obliga a las regiones a observar estrictos límites de deuda y déficit y a instruir a las autoridades locales a presentar presupuestos equilibrados. Fue una reforma largamente atrasada: Los déficits presupuestarios de las regiones y el ahora negado acceso a los mercados de capitales internacionales representaron en el primer trimestre de este año casi 19% del déficit público de España.

Sin embargo, apretar la relación fiscal entre Madrid y las regiones es un ejercicio lleno de peligros. Cientos de miles de catalanes se reunieron la semana pasada en Barcelona, la capital de la región, bajo el lema ‘Cataluña: un nuevo estado europeo’.

La manifestación destacó la rapidez con la que la secesión ha atrapado la atención del público en Cataluña desde que España cayó en una grave crisis financiera en 2010. A falta de lograr una separación del Estado español, los catalanes podrían conformarse actualmente con un ‘pacto fiscal’ que les dé un mayor control sobre sus propios impuestos.

Pero Rajoy, en una reunión con Artur Mas, líder de Cataluña, no cedió terreno sobre esta demanda. La incertidumbre sobre el futuro de Cataluña señala un problema más profundo con el acuerdo post-Franco.

Desde 1978, el balance de poder jurídico y político entre Madrid y las regiones ha estado en un estado casi permanente de renegociación. La estabilidad que caracteriza a los sistemas federales de Estados Unidos y Alemania está ausente en España. Una reforma constitucional integral ayudaría pero será difícil, siempre y cuando la crisis económica persista y la cuestión catalana permenezca llena de tensión.

En todo caso, existen otras cuestiones institucionales que demandan atención. Una es el sistema judicial de España, infiltrado por intereses políticos y plagado de tribunales de lenta acción.

En un célebre caso, que involucró la muerte de cientos de personas por consumo de aceite de cocina contaminado, tomó 15 años para que los funcionarios del Gobierno fueran sometidos a juicio. El segundo es el mediocre sistema de educación español, a pesar de que cuenta con algunas de las escuelas de negocios mejor clasificadas del mundo.

Una tercera cuestión es la monarquía. Juan Carlos se ganó la admiración por su papel en la derrota de un intento de golpe militar en 1981, pero debido a su avanzada edad -ahora tiene 74 años-, a veces parece fuera de contacto. Criticado por hacer un viaje de caza de elefantes en Botswana en abril, mientras que sus compatriotas estaban batallando con las dificultades en casa, pronunció una disculpa pública.

En las próximas semanas, el foco comprensiblemente estará en la agenda y las condiciones de una posible operación de rescate europeo, en la salud de los bancos y en las perspectivas de recuperación económica. Para el mediano y largo plazo, las perspectivas son más brillantes de lo que a menudo se supone, dicen algunos banqueros de alto nivel en Madrid.

El sector empresarial español está demostrando su capacidad de recuperación. Las exportaciones han subido 26% desde su mínimo en 2009 y superan en 7% los máximos anteriores a la crisis alcanzados a principios de 2008. En dos años, el negocio recuperará la competitividad perdida entre 1998 y 2008.

Empresas exitosas como Inditex, el líder de la industria de la moda, que es la única empresa europea que ha entrado en la lista de Fortune 500 desde 1975, y Mercadona, la mayor cadena de supermercados y distribuidora de alimentos de España, son hábilmente manejadas.

El cambio económico estructural está avanzando también. Las reformas del mercado laboral del Gobierno de Rajoy son de mayor alcance que las medidas acordadas en Italia o propuestas en Francia. En los contratos de trabajo, ya están erosionando la práctica de la indexación automática de los salarios a la inflación.

Con los niveles de vida aplastados y el desempleo oscureciendo los horizontes de los jóvenes, el camino por delante será largo y difícil, como José Ortega y Gasset, el filósofo liberal, habría apreciado.

Pero las protestas callejeras son abrumadoramente pacíficas y hasta ahora no hay ningún indicio de que los votantes vayan a congregarse en torno a un radical partido inconformista de izquierda similar al Syriza en Grecia. Puede que esa calma social refleje la cercanía de las redes familiares en España, pero las pérdidas de empleos son tan generalizadas que algunas familias carecen de un sostén de familia.

Si la paz social aún se mantiene, es posible que se deba a la flotabilidad de una economía informal que representa hasta 20% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las estadísticas oficiales que estiman el desempleo en casi 25% de la fuerza laboral son significativamente exageradas. No tienen en cuenta a ninguna de aquellas personas que solicitan el beneficio por desempleo mientras trabajaban clandestinamente o a aquellos otros que, como sus empleadores, no pagan contribuciones de seguridad social.

España todavía necesita una ayuda externa a gran escala para recapitalizar a sus bancos y superar la crisis de deuda. Pero está construyendo una plataforma para la recuperación y su pueblo no ha perdido la fe en su vocación europea. Lo que falta es remodernizar las estructuras de Gobierno y de vida pública que fueron diseñadas hace 35 años para una nación que apenas salía de décadas de represión para que se ajusten a la sociedad variada y dinámica que tiene hoy.

Sector energético: Madrid le saca el aire a una industria inflada

Entre las víctimas de la explosión de la burbuja económica de España se encuentra un sector eléctrico que tiene el doble de la capacidad que necesita, gracias a los generosos subsidios otorgados en los años del auge a las empresas de energía renovables.

Por fin, el Gobierno está abordando un aspecto particularmente grave del problema: Un déficit de 24,000 millones de euros en el sector energético que representa la diferencia entre el costo de producir electricidad y los precios subsidiados que pagan los consumidores.

Después de meses de disputas internas y negociaciones con las grandes compañías energéticas del país, Madrid propuso la semana pasada establecer un impuesto del 6% sobre los ingresos de la generación de energía, incluyendo la energía renovable, así como impuestos sobre la producción de carbón, residuos nucleares, y sobre la gasolina y el diesel utilizado para producir electricidad.

Según el Gobierno, estos impuestos -suponiendo que el proyecto sea aprobado- recaudarán 2,700 millones de dólares anuales a partir del año próximo y evitarán que el déficit se eleve aún más. Pero la belleza de la propuesta, para las empresas energéticas, es que en gran parte podrán traspasar los impuestos a los consumidores. Los expertos de la industria estiman que las facturas promedio de los hogares podrían subir un 7% a partir del próximo año.

Las implicaciones para el crecimiento económico no son tan optimistas. La demanda del consumidor ya está sufriendo a causa del desempleo masivo, el alza en los impuestos sobre la renta, el estancamiento o incluso la reducción de los salarios y por un aumento de 3 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado (IVA) que elevó este mes la tasa estándar al 21%.

Sin embargo, Madrid no tuvo más remedio que abordar las distorsiones en el mercado eléctrico. Los subsidios distribuidos a los productores de energías renovables durante la primera década del euro convirtieron a España en uno de las naciones ‘más verdes’ de Europa, pero también alentaron demasiada inversión en energía eólica y solar.

“La planificación y el tiempo de la expansión de la energía renovable fueron incorrectos”, dice Pedro Mielgo, un ex presidente ejecutivo de la red de electricidad de España. Solamente el año pasado, la energía eólica representó el 16.4% de la generación de electricidad, pero hay tal exceso de capacidad tanto en la energía eólica como solar que no es probable que haya muchas nuevas inversiones hasta 2018 más o menos, dice Mielgo.

Debido al aspecto inactivo del mercado, los inversionistas y desarrolladores se están moviendo a otra parte, creando el riesgo de que España pierda su posición a la vanguardia de la industria de la energía renovable.

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/

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