Florence Cassez se prepara para salir en libertad
Florence Cassez se prepara para salir en libertad

Florence Cassez se prepara para salir en libertad

Florence Cassez, ciudadana francesa acusada de secuestro en nuestro país, por lo que se le dictó una sentencia de 60 años, podría volver a gozar de la libertad.

Y es que de la ministra Olga Sánchez propuso a la Suprema Corte que se desacrediten totalmente los testimonios rendidos por las supuestas víctimas de la extranjera al considerar que incurrieron en múltiples contradicciones que les quitan todo valor probatorio.

Mañana, miércoles, será un día clave para los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte, y de acuerdo al proyecto de sentencia, al que tuvo acceso el diario Reforma, elimina las declaraciones de Cristina Ríos Valladares, Christian Ramírez Ríos y Ezequiel Elizalde Flores.

El rotativo destaca que en el documento se ordena a un tribunal unitario de circuito dictar una nueva sentencia a Cassez, quien inevitablemente será absuelta de los delitos de secuestro, violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y portación de arma prohibida.

Asimismo, se desecha el testimonio de Leonardo Cortez, un vendedor que reconoció a Cassez como quien vigilaba a Ríos Valladares previo a su secuestro.

«Las modificaciones que fueron realizando dichos testigos a sus respectivas declaraciones, producen dudas respecto de la espontaneidad del reconocimiento que hicieron de Florence Cassez en cuanto a su participación en los hechos que se le atribuyen, y permiten estimar que el mismo fue inducido a partir de su presentación ante los medios de comunicación», señala el proyecto.

Cabe destacar que Sánchez Cordero retoma en parte la propuesta de su colega José Ramón Cossío de eliminar los dichos de Ríos Valladares y su hijo porque reconocieron a Cassez en la televisión durante el montaje sobre su captura armado por la Agencia Federal de Investigación, pero va más allá, pues las partes no relacionadas con esta identificación también le parecen inverosímiles, y además desecha el dicho de Cortez López.

En tanto, en el caso de Elizalde, quien no identificó a Cassez con base en imágenes televisivas, y la mencionó desde su primera declaración, el desechamiento se basa en contradicciones o inconsistencias, y en el hecho de que la palabra de un solo testigo no es suficiente para fincar plena responsabilidad penal a Cassez.

La ministra incluso ilustra con tablas comparativas las inconsistencias que se fueron dando entre las cuatro declaraciones que rindieron Ríos Valladares y Ramírez Ríos; entre las tres declaraciones que rindió Elizalde; y entre las declaraciones de los tres testigos, en particular sobre la casa de seguridad en la que estuvieron retenidos durante sus secuestros entre octubre y diciembre de 2005, indica el documento al que tuvo acceso Reforma.

También se retoman en el proyecto las críticas que el ministro Arturo Zaldívar hizo en su propuesta de marzo de 2012 al show mediático armado por la AFI para exhibir la supuesta detención de Cassez en noticieros de Televisa y TV Azteca el 9 de diciembre de 2005.

«Resulta fundamental señalar que no es a la opinión pública o a los medios de comunicación a los que se les debe imputar el retraso en la puesta a disposición de la quejosa ante la autoridad ministerial, sino a los agentes responsables de la AFI que retuvieron indebidamente a la quejosa por aproximadamente cinco horas, con la finalidad de obtener la transmisión a través de un medio de comunicación televisivo de su supuesta detención», indica.

«El hecho de que las autoridades permitieran transmitir públicamente la supuesta detención de la quejosa, a través de la televisión, trajo como consecuencia que entre el lapso en que efectivamente fue detenida (4:30 horas) y su puesta a disposición del Ministerio Público (8:53 horas) transcurrieron 5 horas con 45 minutos, lo que constituye una violación Constitucional grave», abunda.

Sánchez Cordero considera que este retraso en la puesta a disposición genera incertidumbre sobre las condiciones de la detención de Cassez y la obtención del material probatorio en su contra, tanto por el delito de secuestro como por el de portación de arma, lo que violó sus derechos Constitucionales de presunción de inocencia, asistencia consular e inmediata puesta a disposición del Ministerio Público.

Fuente: http://www.sdpnoticias.com

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