MAFIAS AMENAZAN A
PEMEX
Empresas
legales de Estados Unidos y cárteles del narcotráfico han
establecido pactos para lucrar con el saqueo del combustible que
sustraen de la red de oleoductos de Pemex. De acuerdo con
especialistas, el contraste en el sistema comercial de los
hidrocarburos entre ambas naciones favorece el contrabando del
energético en la frontera
El hombre sentado en el sillón de
piel marrón aparece sonriente, con el bigote perfectamente recortado
y vestido de negro. Miguel Ángel Almaraz Maldonado concede una
entrevista a medios locales el 15 de enero de 2008, en la que llama
a votar por Jesús Ortega Martínez para que dirija la estructura
nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Almaraz
habla en su condición de coordinador regional de la campaña de
Ortega, desde sus oficinas en Río Bravo, Tamaulipas.
Medio año antes, en el verano de
2007, uno de sus contendientes por el cargo de presidente municipal,
Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, del Partido del Trabajo (PT), le
había señalado como dueño de al menos 45 mil litros de gas
condensado sustraído de la Cuenca de Burgos para su venta en Estados
Unidos. El combustible había sido localizado por militares en una de
sus bodegas, el 21 de marzo de ese mismo año.
Guajardo murió acribillado meses más
tarde, el 29 de noviembre, mientras impugnaba el resultado de la
jornada electoral, efectuada 18 días antes. En el ínter, otros 820
mil litros de gas condensado fueron decomisados por el Ejército, en
pipas y tractocamiones en los que pretendía llevarse a Texas. Detrás
del político de altos vuelos, Almaraz encarnaba al gran operador de
los saqueos contra Petróleos Mexicanos, respaldado, según las
acusaciones de Guajardo, por las estructuras locales del crimen
organizado.
Debieron transcurrir 14 meses para
que Almaraz quedara bajo arresto. La Policía Federal lo presentó
ante la opinión pública el 31 de marzo de 2009. Vestía igualmente de
negro y llevaba el mismo corte de bigote, pero su sonrisa había
desaparecido. Al ex dirigente estatal lo detuvieron en plena campaña
por una diputación federal.
Jesús Ortega Martínez era ya
presidente nacional del sol azteca, pero su viejo colaborador
enfrentaba acusaciones graves: encabezar una organización dedicada
al robo de combustibles para insertarlos en las redes comerciales
del país vecino, todo en coordinación con Los Zetas, el poderoso
grupo local del narcotráfico.
La suerte judicial de Almaraz, sin
embargo, no está echada. El proceso que se le sigue parece aguardar
la resolución de otro caso inédito, arraigado en una corte federal
de Houston.
En junio de este año, Pemex hizo
pública la demanda interpuesta en contra de las empresas BASF
Corporation y Murphy Energy Corporation, a quienes acusa de alentar
y tomar parte del robo de condensados en la Cuenca de Burgos.
Adicionalmente, la paraestatal involucra a Trammo Petroleum Inc.,
Valley Fuels y US Petroleum Depot Inc., así como a varios
particulares.
Pactos en el extranjero
La Cuenca de Burgos ha sufrido
saqueos por lo menos desde 2006, muchas de las veces mediante
tácticas violentas, hasta acumular pérdidas que sobrepasan los 300
millones de dólares, dice Pemex en el texto de su demanda judicial.
Lo robado equivale a 40% de la producción de gas condensado, y en el
delito operan compañías y civiles estadounidenses en acuerdo con
algunas organizaciones criminales mexicanas.
El arresto de Almaraz y el proceso en
la corte federal de Houston revelan que el contrabando de
hidrocarburos ocurre de manera regular por los cruces
internacionales de Tamaulipas. Pero sobre todo descubre operaciones
que, dicen analistas, habrán de crecer con el tiempo.
El que grupos criminales mexicanos
hayan establecido pactos con grandes corporativos para lucrar con el
saqueo de combustibles no es obra de la casualidad, sino el
contraste de dos mundos: el de un sistema comercial que impide
fiscalizar transacciones y movimientos de cientos de miles de
empresas e individuos, y el de otro institucionalmente
resquebrajado, en el que la delincuencia organizada eleva su poderío
día tras día.
“En Estados Unidos la industria
petrolera está muy descentralizada; cualquier persona puede ser un
empresario del petróleo, de la gasolina, del gas. Ese tipo de
estructura comercial, de estructura de mercado, es la estructura
ideal para comercializar un producto robado. Siempre vas a encontrar
un individuo falto de ética, falto de escrúpulos, en Estados Unidos,
capaz y dispuesto a hacer negocios con tal de ganarse unos miles de
dólares. Haz de cuenta que se juntó Pancho con su Rosita”, asegura
Tony Payán, investigador sobre fenómenos criminales de la
Universidad de Texas en El Paso.
La evidencia conocida hasta hoy
sugiere que los dos sistemas embonan a la perfección. Donald
Schroeder, presidente de Trammo Petroleum, una de las empresas
acusadas ante la corte federal de Houston, describió a detalle
transacciones que dijo haber realizado con combustible robado de la
Cuenca de Burgos. Schroeder sirvió de intermediario en el
contrabando y venta de gas condensado por un valor de 2 millones de
dólares a la empresa Murphy Energy and Continental Fuels, según se
ha ventilado en el juicio.
Debilidades del sistema
El combustible supuestamente vendido
por Schroeder fue introducido a Estados Unidos por la frontera de
Nuevo Laredo, amparado con supuesta documentación oficial. Las
deficiencias con las que opera el sistema aduanal mexicano puede que
expliquen en buena medida el concierto criminal que da forma a esta
conexión de la delincuencia organizada con intermediarios y empresas
de Estados Unidos.
La falta de control e información
sobre las operaciones del sistema de aduanas de Pemex merecieron
investigaciones internas. Parte de las conclusiones aparecen en
documentos de la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales (UCSA).
En ellos se concluye que tareas simples como el movimiento y archivo
de expedientes sobre las operaciones diarias de exportación son
deficientes. Las exportaciones diarias de la paraestatal ascienden a
116.2 millones de pesos.
El problema de vulnerabilidad puede
hallarse en casi todas las oficinas de las que dispone Pemex. UCSA
identifica a las de Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Reynosa
y Tampico, en Tamaulipas; Tuxpan y Coatzacoalcos, en Veracruz;
Ciudad del Carmen, Campeche, y Salina Cruz, en Oaxaca. En ellas, el
riesgo de que las instalaciones sean usadas para operaciones ajenas
a la industria petrolera, existe, dice el documento.
Las zonas de influencia de estas
aduanas abarcan territorios bajo fuerte presencia del narcotráfico,
lo que eleva la alerta en Petróleos Mexicanos (Pemex). Ello se
contrapone con las carencias tecnológicas con que opera la unidad.
UCSA no dispone de cámaras digitales, estaciones satelitales o
equipos de banda ancha, lo que obliga a cada una de las oficinas a
trabajar de manera independiente una “gran cantidad de datos
confidenciales y en ocasiones estratégicos”, señala el documento
interno.
Nido de corrupciones
Otras aduanas sensibles, como las que
operan en La Paz, Baja California Sur; Tijuana, Ensenada y Mexicali
en Baja California; Manzanillo, Colima; Mazatlán y Topolobampo, en
Sinaloa; Guaymas, Sonora, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, funcionan
con equipo obsoleto. Todo ello influye, dice la paraestatal, en
maniobras que pudieran resultar fraudulentas.
La solución a tales deficiencias
comenzó a trabajarse recientemente. Petróleos Mexicanos inició la
adquisición de equipo tecnificado por un costo de 5 millones 850 mil
pesos. El sistema de monitoreo y vigilancia deberá quedar instalado
antes de finalizar 2010.
Sin embargo, ello no garantiza la
eliminación del problema, mucho más complejo que el manejo de
aparatos altamente tecnificados. La corrupción, afirma Teresa
Magallón, jefa de área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es el verdadero desafío
no sólo de Pemex, sino del sistema de gobierno en su conjunto.
“Pemex es sinónimo de corrupción.
Diríamos que Pemex viene a sintetizar la lógica del sistema, porque
es la cristalización de arreglos institucionales que han regido la
historia de este país”, dice. “La corrupción está presente en todos
los sectores de Pemex, y ésta viene desde la alta burocracia; en
todo caso, lo que está pasando actualmente viene a ser como el
desenlace de una historia en donde no se ve el orden institucional
por ningún lado”, complemetó la especialista.
La cadena de corrupciones en la
paraestatal decreta una serie de códigos en la ciudadanía sobre lo
que es válido, lo que sí es punible y lo que no tiene castigo
alguno, explica Magallón. “Se sabe que el saqueo viene a ser como
una práctica cotidiana, y cuando un grupo delictivo, organizado, se
percata de que en Pemex no se aplica ni la ley ni la justicia, no
hay más que hacer”.
Pemex ubica 10 puntos sensibles al
robo, todos ellos inmersos en zonas donde operan grandes
organizaciones criminales. Parte de ellos se localizan en los
sistemas de ductos que corren por Nuevo Teapa-Tula-Salamanca, y
Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero-Cadereyta.
Los datos más recientes emitidos por
la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles
de Pemex Refinación dicen que el faltante de crudo en 2008 fue de al
menos un millón 529 barriles, y de 884 mil barriles entre enero y
septiembre de 2009.
La joya de la corona para las grandes
estructuras criminales es la Cuenca de Burgos, de donde sustraen
desde hace varios años condensados de gas, un hidrocarburo líquido
usado en el mercado ilícito para mezclarlo con gasolinas e
incrementar su volumen, así como para elaboración de otros productos
petroquímicos.
“De los aproximados 9 mil 300
millones de pesos que ha significado el daño al patrimonio de
Petróleos Mexicanos, lo que es el robo de combustibles y de
condensados, al menos 3 mil 500 de estos 9 mil millones, son de
condensados dentro de la Cuenca de Burgos. El resto en la red de
ductos nacionales y básicamente, de estos robos, 44% de esos 5 mil
800 millones son de Veracruz, que ya no pertenecen a la Cuenca de
Burgos”, refiere Edgardo Melhem, diputado federal del PRI que
preside la Comisión Cuenca de Burgos.
Un saqueo de tal magnitud, cuyo
destino final se encuentra en Estados Unidos, sólo se explica con la
corrupción, dice el congresista.
“Creo que definitivamente debe haber
algunos funcionarios involucrados, a lo mejor de nivel mediano o la
gente del área operativa para que (esto suceda), sobre todo, casos
que hemos visto en otros estados en los que prácticamente hay toda
una infraestructura en el robo de los ductos. Debe haber gente
involucrada que lamentablemente le está haciendo un gran daño al
patrimonio de Petróleos Mexicanos”, comenta.
Vacío de poder
Pemex respondió ante el saqueo, bajo
la sospecha de que “pudiera haber complicidad” de trabajadores y
funcionarios de la empresa, asumiendo el control de la Gerencia de
Seguridad Física. Los resultados hasta ahora son pocos, y ello
obedece, dice la investigadora de la UAM, Teresa Magallón, a que el
equipo de seguridad está infiltrado.
“Esto no es más que reflejo del vacío
del Estado mexicano, que entrega la Cuenca de Burgos a corporativos
que no cumplen con los contratos de servicios múltiples, y que
además permite que saqueen y se lleven el gas natural y demás
energéticos a Texas, y que sean compañías, como la alemana Basf,
quienes compren estos productos robados”, explica la investigadora.
Desde 1998, las deficiencias en los
sistemas de monitoreo de la red de ductos han sido detallados a los
directores de la empresa, según documentos internos de Pemex en
poder de EL UNIVERSAL. El traslado de combustibles carece de
sistemas avanzados de medición en la mayoría de los poliductos. La
empresa dispone de un Sistema Supervisorio de Control y Adquisición
de Datos (SCADA) que, sin embargo, no cuenta con recursos
suficientes para ser eficaz.
Las carencias en un contexto de
crimen extraordinario, como el que sucede en México, es lo que
permite con relativa facilidad el robo y comercialización del
producto en Estados Unidos, expone Alfredo Rodríguez Dávila,
diputado federal del PAN por Nuevo León y miembro de la Comisión
Cuenca de Burgos.
“El problema de corrupción existe en
México, existe en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo.
Puede que sea una corrupción entre trabajadores de bajo nivel, pero
lo más grave es que (con el juicio en Houston) se abriera la caja de
Pandora y nos revelara que lo que hay es una estrategia de mercado”.
EU: falso interés
Tal gravedad se incrementa porque el
desinterés no sólo radica en México, sino en el gobierno
estadounidense, sostiene el investigador de la Universidad de Texas,
Tony Payán.
“En México hablamos de un crimen
organizado que ya es una gran mancha —como la mancha del petróleo en
el golfo de México—, una mancha que se extiende a muchos ámbitos del
país y que sigue alcanzando dimensiones que nunca habíamos esperado
en México. Hablamos de dimensiones muy similares a las que se
encontraban en Rusia después del colapso de la Unión Soviética en
los 90, en donde cualquier tema, desde el petróleo hasta los bancos
y la industria del secuestro, pudieran ser elementos de crimen
organizado”.
Pese a ello, la herramienta visible
mediante la cual Estados Unidos respalda el combate de
organizaciones criminales, la Iniciativa Mérida, es inservible,
señala Payán.
“Es vergonzoso de que a más de dos
años de anunciada la Iniciativa Mérida no haya entregado todavía mas
que una fracción mínima del dinero prometido y que México esté
todavía bajo el sitio del crimen organizado. […] Así que yo no veo
de este lado ningún indicio de que estén preocupados un poco por
este saqueo a Pemex”.
La corrupción en altas esferas del
sistema estadounidense puede explicar en todo ese desinterés, dice
José Castelazo, director del departamento Sociedad y Gobierno del
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
“En el caso del robo de combustible y
la cadena de distribución en los propios Estados Unidos, equivale a
hablar casi de cualquier producto, sea lícito o ilícito. Por
ejemplo, en el contrabando de armas de Estados Unidos hacia México
hay una serie de colusiones brutales con el crimen organizado, en
ambos lados. Y lo mismo sucede con la distribución de la droga en
Estados Unidos. Entonces, (los narcos mexicanos) encontraron una
veta de corrupción a través de la red de distribución del
combustible robado”, explica.
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