Qué reformas busca Enrique Peña Nieto

Qué reformas busca Enrique Peña Nieto

De la educativa a la fiscal, éstas son las iniciativas planteadas por el Gobierno y las que vienen.

La administrativa

La primera reforma planteada por Enrique Peña Nieto, incluso antes de tomar protesta como presidente, fue la de la administración federal, donde diseñó la desaparición de dos secretarías, entre otros reordenamientos.

La idea del mandatario era que los cambios fueran aprobados previo a su toma de protesta, aunque finalmente la reforma fue avalada el 13 de diciembre con cambios forzados por la oposición.

Entre las modificaciones más relevantes están la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, para ser sustituida por la Comisión Nacional Anticorrupción, y la de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones ahora estarán bajo el mando de la Secretaría de Gobernación.

El punto álgido de la discusión en el Congreso fue si el Senado debería aprobar los altos mandos de seguridad que tendría la nueva Segob, el comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, medida que logró imponer el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), aunque el partido gobernante afirma que impugnará la decisión ante la Suprema Corte.

En el caso de la SFP, ésta seguirá funcionando hasta que la Comisión Anticorrupción sea formalmente creada y comience sus actividades.

Las atribuciones de la SFP para la investigación de actos de corrupción se transfieren a la nueva comisión, mientras que las funciones de desarrollo administrativo, auditoría preventiva y servicio civil de carrera, pasarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También se dota de más atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Social para que pueda diseñar programas y estrategias contra la pobreza del país.

Además se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de la Reforma Agraria, y se consolidó a la Oficina de la Presidencia.

La reforma fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 2 de enero.

La ‘reprobada’ por los maestros

La primera gran reforma promulgada por Enrique Peña Nieto es la educativa, que modificó el artículo 3 constitucional y establece una evaluación obligatoria para maestros, la gestión educativa por parte de las comunidades, y un servicio profesional docente.

La reforma obliga al Congreso a modificar la Ley General de Educación, y exige la creación de una ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, responsable de vigilar el desempeño de los profesores.

Ante el rechazo de parte del Sindicato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la evaluación de los docentes que establece la reforma educativa, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que «la evaluación no pretende exhibir a nadie. Lo que se busca es conocer las fortalezas y debilidades del Sistema Educativo Nacional para elevar el desempeño de los maestros y revalorar la profesión docente».

El presidente Peña Nieto agradeció a las fuerzas políticas que se han sumado al Pacto por México por su respaldo a la Reforma Educativa ante el Congreso y la mayoría de los congresos locales en un periodo dos meses.

Dijo que con esta reforma, «el Estado mexicano asume plenamente la acción rectora y reguladora que le corresponde» para «acelerar la transformación educativa» del país.

«Además, se reafirma el carácter público, laico y gratuito de la educación que imparte el Estado mexicano», agregó.

Por el lado del sindicato, se han presentado algunas marchas y protestas.

La que resultó ‘espinosa ‘

El martes 12 de febrero, la Cámara de Diputados, impulsada por el PRI, aprobó una reforma a la ley reglamentaria del juicio de amparo, principalmente en su artículo 129, lo que provocó el rechazo de gran parte del sector empresarial.

Con los cambios se limita la posibilidad de que las empresas recurran a esa figura legal para protegerse de los actos de una autoridad.

La reforma fue enviada al Senado, donde falta que sea aprobada.

El Consejo Coordinador Empresarial advierte que de avalarse la reforma, se vulneraría la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas en el país, con lo que se pondría en riesgo la capacidad de generar empleos.

«Un amparo sin suspensión no es una protección efectiva, porque permite que se prolongue la violación de los derechos durante toda la vida del juicio, y en ocasiones, que el daño se haga irreparable», dijo el presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, previo a la aprobación de los diputados.

La banca también se pronunció en contra de la suspensión provisional.

«Al eliminar la suspensión se elimina el elemento fundamental del amparo, que es la suspensión, que es un elemento que va a costar mayores perjuicios cuando esta intervención o quiebra fuera un acto arbitrario del Estado», manifestó el presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja.

Expertos en derecho consideran que la Ley de Amparo generará un estado de inseguridad jurídica que desalentará las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

El coordinador del PRI en la Cámara Baja, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que la nueva Ley de Amparo será un «hito en la historia garantista» de México.

«Está hecha para dar garantías y el amparo se preserva para todos aquellos que piensen que sus derechos son violados», manifestó.

La Ley que permite ‘sanar’

El 9 de enero, el presidente promulgó la Ley General de Víctimas, luego que uno de sus primeros compromisos de Gobierno fue desistir de la controversia constitucional para que esta ley pudiera entrar en vigor.

Peña Nieto reconoció que la Ley General de Víctimas aún debe mejorarse, por lo que aseguró que trabajará con la sociedad y con el Poder Legislativo para brindarle viabilidad.

«Hay un México lastimado por la delincuencia, las víctimas, son quienes más han sufrido», dijo en el evento de la promulgación.

«Reconocemos y celebramos (la Ley General de Víctimas) como una esperanza, como un primer paso a la justicia que necesita el país, y como un gran gesto democrático», consideró el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, luego de pedir un minuto de silencio por las víctimas.

Sin embargo, Sicilia aseguró que esto no basta, pues para que una ley se cumpla, puntualizó, se necesita un instrumento.

Agregó que es necesaria también la creación del Sistema Nacional de Víctimas y de un memorial dedicado a las víctimas, pues señaló, «no hay justicia si no recuperamos su memoria».

¿La que sigue?

Dentro del Pacto por México, firmado por las principales fuerzas políticas del país, se establece dotar de más herramientas legales a la Comisión Federal de Competencia y reforzar la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De ésta última, se prevé que el Gobierno de Enrique Peña Nieto envíe al Congreso un proyecto de reforma en el sector, que incluya la sustitución de la Cofetel por un nuevo instituto con más atribuciones que regule al sector.

Al respecto, el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, indicó que no se debe permitir que el regulador se convierta en «botín de los partidos políticos» frente a la reforma al sector de telecomunicaciones.

«Lo relevante es no perder el foco, es decir que lo importante son los proyectos y la eficiencia de las instituciones, no tanto su conformación y por otro lado, no convertir a la Cofetel en un botín de los partidos políticos, porque le ha costado mucho trabajo alcanzar un carácter preponderantemente técnico», expresó.

En el Pacto se establece también que se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos.

También se prevé desarrollar la competencia en telefonía fija, móvil, servicio de datos, televisión abierta y restringida y la creación de tribunales especializados para el sector.

Las más esperadas

Para el segundo semestre de este año, particularmente para el periodo de sesiones que comienza el 1 de septiembre, se espera que el Ejecutivo envíe al Congreso las propuestas de reforma fiscal y energética.

Y aunque faltan varios meses para ello, la discusión ya comenzó. Posturas a favor y en contra se han vertido desde distintas trincheras políticas.

Por un lado, el oficialista Revolucionario Institucional afirma que con los cambios se generará un mayor desarrollo y crecimiento del país.

Por el lado de la oposición, principalmente de las izquierdas, se cuestiona qué tanto se abriría Petróleos Mexicanos al sector privado, y si se debe generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Gobierno de Peña Nieto afirma que no se privatizará a Pemex, sino que sólo se impulsará su productividad, e incluso insinúa una posible alianza con la brasileña Petrobras.

Para acometer la reforma será necesario «cambiar el marco legal», explicó en enero el titular de Hacienda Luis Videgaray, quien lamentó que durante años la cuestión de la reforma energética fue vista en México desde un punto de vista exclusivamente «ideológico».

En el tema impositivo, el Pacto por México señala que se promoverán mayores y mejores facultades tributarias para los estados y municipios, además de mejorar y simplificar el cobro de impuestos, e incrementar la base de contribuyentes.

El Pacto por México propone eliminar privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación fiscal, y también buscará reducir el sector informal de la economía, y revisar el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos.

Para Videgaray, el propósito es una reforma que promueva el crecimiento económico, fortalezca la capacidad financiera del Estado y promueva la competitividad de las empresas mexicanas con la simplificación del régimen fiscal.

Fuente: http://www.cnnexpansion.com

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