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El presidente electo propone que Gobernación se haga cargo de las labores de seguridad y que organismos como Conapred sean parte de Sedesol
Gobernación, fortalecida y con labores de seguridad
Para el gobierno que iniciará en diciembre próximo, Enrique Peña Nieto busca que la Secretaría de Gobernación (Segob) se haga cargo de la Policía Federal, que actualmente está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), instancia que desaparecería según el plan del presidente electo.
“(Gobernación) estará a cargo de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la nación y de sus habitantes; (…) proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”, cita la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que Peña Nieto entregó este miércoles a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero además de esas labores de seguridad pública, desde el Palacio de Cobián se coordinaría a todos los secretarios de Estado y a los titulares de las instancias paraestatales para vigilar que se dé cumplimiento a las órdenes del presidente de la República.
Gobernación continuaría con las labores de defensa de los derechos humanos y la atención a las recomendaciones en esa materia por parte de organismos nacionales e internacionales, además de tener los manejos políticos con los Poderes de la Unión, las entidades federativas, municipios, partidos políticos, asociaciones religiosas y organismos civiles.
Las víctimas del delito acudirían a esta instancia que también tendría el control sobre la política migratoria y la vigilancia fronteriza.
Adiós a la Secretaría de Seguridad Pública
El plan de Enrique Peña Nieto contempla la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, instancia que fue creada en el 2000 bajo el gobierno panista de Vicente Fox (2000-2006).
La SSP tiene actualmente a su cargo el Consejo Nacional de Seguridad Pública a través del que, entre otras cosas, se crean las políticas y lineamientos para realizar carrera policial en México, que finalmente quedarían en manos de Gobernación.
Lo mismo se propone para los programas de profesionalización policial y las acciones que se llevan a cabo para auxiliar la labor del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República.
Con la desaparición de la SSP, en Gobernación se tomaría la decisión de reforzar la tarea policial en municipios y entidades que soliciten apoyo contra actividades criminales y se tomaría el control de las estrategias en materia de política criminal.
La SSP, actualmente encabezada por Genaro García Luna, se ha hecho cargo del sistema penitenciario federal y de las políticas de prevención del delito, que con la propuesta se vigilarían desde la Segob.
Sedesol, contra la pobreza y la desigualdad
Según el presidente electo, es necesaria una instancia federal que además de trabajar en el combate a la pobreza, garantice la consolidación de una sociedad “plenamente incluyente y sin discriminación”.
La propuesta es que la actual Secretaría de Desarrollo Social continúe con su labor en los programas contra la pobreza, pero también en la atención de los sectores más desprotegidos como son indígenas, personas con discapacidad, mujeres y los mexicanos de la tercera edad.
Por lo anterior, todos los órganos que han sido creados para atender a esos grupos vulnerables quedarían sectorizados en Sedesol como son la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud —actualmente a cargo de la Secretaría de Educación—, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que actualmente funge como organismo descentralizado de Segob.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Con el objetivo de tener una instancia a cargo del «ordenamiento permanente y debidamente planificado del territorio”, Peña Nieto propone la creación de esta instancia en sustitución de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) que absorbería algunas funciones de la actual Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En la Sedesol se dejaría de tener injerencia sobre las políticas de asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y desarrollo regional para transferirlos a esta nueva instancia.
Pero además, se haría cargo de las funciones de la SRA como la regularización de la propiedad agraria, políticas sobre tierras ejidales, ejidos, propiedad agrícola, ganadera y forestal y terrenos baldíos.
También tendría en sus manos el Registro Agrario Nacional, encargado del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal.
Una Comisión Nacional Anticorrupción
Esta nueva instancia federal estaría encargada de “prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular”, cita la iniciativa que fue entregada a los senadores del PRI.
Peña Nieto propone que la Comisión Nacional Anticorrupción tenga facultades para atraer casos de los estados y municipios, sea autónoma y cuente con personalidad jurídica y patrimonios propios.
La Comisión no estaría impedida por el secreto bancario, fiduciario y fiscal y podrá conocer casos de oficio, por notificación de otros órganos del estado, pero también por denuncias ciudadanas que podrán realizarse de manera anónima.
Según la propuesta de Peña Nieto, estaría integrada por cinco comisionados elegidos por siete años y un presidente con un periodo en el cargo de cuatro años; todos sin posibilidad de ser reelegidos.
Los funcionarios de la Comisión serán nombrados por el presidente de la República, pero el Senado podrá objetar las designaciones en los primeros 30 días del nombramiento, cuando dos terceras partes de los legisladores así lo deseen.
Esta instancia, según la iniciativa, podría aplicar sanciones como amonestaciones públicas o privadas, multas personales, suspensiones, destituciones, solicitar juicio político al Congreso o recomendar la inhabilitación a los congresos estatales.
Desaparece la Secretaría de la Función Pública
Con la Comisión Nacional Anticorrupción y la propuesta de tener un nuevo régimen de control gubernamental, desaparecería la actual Secretaría de la Función Pública, que promueve la legalidad y sanciona prácticas corruptas.
La propuesta de Peña Nieto es que en su lugar, la comisión anticorrupción cuente con un Consejo Nacional por la Ética Pública que será presidido por el titular del Ejecutivo e integrado por ciudadanos.
Los estados y el Distrito Federal tendrían sus propias comisiones especializadas en el combate a la corrupción y una unidad de auditoría que complementaría lo realizado actualmente por la Auditoría Superior de la Federación.
En este nuevo régimen de control gubernamental, el registro de los servidores públicos y sus declaraciones patrimoniales estarían en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Consolidar la Oficina de la Presidencia
La Oficina de la Presidencia fue creada en 2006 para dar seguimiento a las órdenes y acuerdos del presidente y cumplir con los programas del gobierno federal, también es la instancia que evalúa la opinión pública, atiende las peticiones ciudadanas al titular del Ejecutivo y se hace cargo de la imagen de Presidencia.
En la iniciativa de Enrique Peña Nieto se propone “consolidar” a esta oficina para que pueda dar apoyo técnico y asesoría al presidente en la “toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos prioritarios”.
Según la propuesta, el titular de esta Oficina podrá estar presente en las reuniones de gabinete.
Fuente: http://mexico.cnn.com
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