Cambios en el sistema penal por la reforma al arraigo

Cambios en el sistema penal por la reforma al arraigo

Una reforma a esa figura disminuiría las violaciones a derechos humanos y obligaría a capacitar mejor a policías y ministerios públicos

Los ‘candados’ para su uso

El gobierno de México y los principales partidos en el Congreso están de acuerdo en revisar el funcionamiento del arraigo, una figura jurídica que permite a las autoridades retener a un sospechoso mientras investigan su caso.

Funcionarios y legisladores consideran que deben establecerse límites al uso de esta medida, algunos incluso llaman a desaparecerla, argumentando que se ha abusado de ella y que es violatoria de los derechos humanos.

La primera consecuencia de limitar el arraigo sería que el Congreso tendría que definir con precisión los únicos momentos en los que podría utilizarse, dijo el juez de distrito José Luis Cruz Álvarez. La Secretaría de Gobernación (Segob) se ha pronunciado a favor de que sea empleado en situaciones excepcionales.

En 2008, la reforma penal estableció en el artículo 16 de la Constitución que el Ministerio Público solo puede solicitar al juez que arraigue a un sospechoso en casos de delincuencia organizada. La medida dura 80 días como máximo, divididos en periodos de 40 días.

También señala en un artículo transitorio que el arraigo domiciliario podrá usarse por 40 días cuando se indaguen “delitos graves” y aún no estén instrumentados los juicios orales, que deben estar funcionando en todo el país en 2016.

Nuevas reglas

La reforma al arraigo no solo conllevaría especificar en qué casos las autoridades podrían recurrir a él, sino modificar las reglas con las que podrían emplearlo.

El juez Cruz Álvarez dijo en entrevista que existen al menos dos alternativas.

La primera, reducir el tiempo en que un sospechoso podría permanecer arraigado. Algunos participantes del foro Retos y acciones del Estado frente al arraigo —convocado por el Senado este miércoles— plantearon que el periodo se fije de tres a siete días, en vez de los 80 actuales.

Otra alternativa para disminuir el riesgo de violaciones a los derechos humanos de un arraigado es permitir que se mueva libremente en un área geográfica, en vez de que esté recluido en un solo lugar.

Una opción para evitar que un sospechoso en esas condiciones se dé a la fuga es colocarle un brazalete electrónico, como ocurre en el sistema judicial de Estados Unidos.

Menos violaciones a los derechos humanos

Quienes se oponen al arraigo consideran que la consecuencia más positiva de su limitación sería la disminución de las violaciones a los derechos humanos de los detenidos.

El uso de esa figura ha creado espacios para que las personas retenidas sufran afectaciones e incluso sean torturadas, reconoció el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras agrupaciones han llamado a México en varias ocasiones a eliminar el arraigo de su legislación.

“La configuración que tiene el arraigo en México es incompatible con los derechos humanos: favorece la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones”, dijo en entrevista Daniel Zapico, director interino de Amnistía Internacional (AI).

“Es claro que vulnera no solo a la libertad personal y a la libertad de tránsito, sino que vulnera el debido proceso, vulnera también la presunción de inocencia”, señaló por separado la diputada Miriam Cárdenas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

Más trabajo para el Ministerio Público

Los límites al uso del arraigo también impactarían en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Al no poder mantener retenido a un sospechoso mientras se le investiga, las autoridades tendrían que indagar con mayor rapidez y precisión antes de detenerlo, dijo en entrevista Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho del Tecnológico de Monterrey.

La académica consideró que ese cambio sería positivo porque obligaría a las instituciones a desempeñar mejor su trabajo, aunque aclaró que para ello el Estado debe entregarles más recursos para la capacitación de policías y ministerios públicos. “La ley por sí misma no es transformadora”, señaló.

Durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), el gobierno y el Congreso aprobaron reformas legales para obligar a la certificación de todos los policías del país.

La evaluación de los agentes debía haber concluido en diciembre de 2012, pero para esa fecha únicamente habían cumplido con el requisito el 40% de las corporaciones estatales. Ante ese rezago, el Poder Legislativo aprobó una prórroga de 10 meses más, que se cumplen en octubre próximo.

Sospechosos en libertad

El aumento de la carga de trabajo para policías y ministerios públicos puede tener efectos negativos, admiten los especialistas.

Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho del Tecnológico de Monterrey, dijo que si los límites al arraigo entran en vigor y las instituciones de seguridad y procuración de justicia no mejoran su desempeño, existiría el riesgo de que muchos sospechosos permanezcan en libertad.

Al recibir una solicitud de arraigo basada en una investigación deficiente o evidencias dudosas, un juez tendría que rechazarla, expuso la académica.

Algunos funcionarios y exfuncionarios —entre ellos el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el expresidente Calderón— han defendido el arraigo al describirlo como una herramienta que ayuda a integrar las averiguaciones contra presuntos delincuentes.

El subprocurador García Cervantes informó este miércoles que de 2007 a 2012 autoridades mexicanas solicitaron a jueces alrededor de 8,100 arraigos. De ellos, 7,800 fueron concedidos, aunque de ese total de sospechosos, solamente se inició proceso penal contra cerca del 5%.

El reclamo de los arraigados

La posible reforma al arraigo también tendría consecuencias para las personas detenidas mediante esa figura.

Cuando entrasen en vigor los cambios, los sospechosos arraigados en ese momento podrían solicitar la revisión de sus casos, dijo Rodríguez Santibáñez.

De esa manera, podrían quedar en libertad si los tribunales determinan que sus arraigos no cumplen con los requisitos que se establezcan en la ley correspondiente.

En México, las leyes no son retroactivas, salvo cuando la aplicación de ese principio puede favorecer a un ciudadano, explicó la académica.

Fuente: http://mexico.cnn.com

PUBLICA GRATIS TU AVISO AQUÍ!!

LA CONSTITUCION MEXICANA

Los países con peores sistemas de justicia

El plan de gobierno de Miguel Ángel Mancera

Por este video perdió el cargo el director del reclusorio varonil Oriente

Deja tu comentario

Check Also

Venezuela subasta 440 millones de dólares

Venezuela subasta 440 millones de dólares

CARACAS.— El Centro Nacional de Comercio Exterior convocó el lunes a las empresas de los …