AUMENTAN LAS
DESAPARICIONES FORZADAS EN NUEVO LEÓN
Algunos acababan de cumplir la
mayoría de edad o se encontraban en la plenitud de
su vida, cuando una unidad de soldados entró a sus
casas, los sacaron a la fuerza y se los llevaron. Desde entonces,
sus familiares no saben nada de ellos.
La historia es similar en los
27 casos de jóvenes desaparecidos
forzosamente en el norteño estado de Nuevo León que ha documentado
desde 2009 a enero de 2011 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos (CADHAC), una asociación civil local que promueve y protege
las garantías de las personas.
“Estamos muy alarmados porque vemos
que esto se está volviendo un
delito muy recurrente. A mí me parece que los jóvenes (...)
es una población en riesgo, que en cualquier momento pueden ser
desaparecidos”, dice a CNNMéxico la directora de la institución,
Consuelo Morales.
Una
desaparición forzada es la privación de la libertad de una
o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que
no dan a conocer el paradero del desaparecido e impiden el ejercicio
de garantías, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Es diferente a un
secuestro porque no tiene como fin la extorsión, sino
generar una incertidumbre sobre el paradero de la víctima.
Morales asegura que el fenómeno se ha
agudizado en el estado desde el sexenio de Felipe Calderón y que los
desaparecidos pertenecen a todos
los estratos sociales. Por regla general, explica, las
autoridades militares llegan a los domicilios sin orden de cateo,
aseguran a las personas, las torturan y entregan a las autoridades
ministeriales federales y estatales, en donde las familias pierden
el rastro.
Las cifras oficiales y de organismos
internacionales indican que el fenómeno se ha recrudecido en este
sexenio. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL)
tramitó 94 solicitudes de
gestión en 2010 para la búsqueda y localización de personas en el
Programa especial sobre presuntos
desaparecidos, casi 47% más
que en 2009, según los informes anuales del organismo.
La organización internacional
Human Rights Watch (HRW)
mencionó en una entrevista a CNNMéxico que la protección militar
estaba privilegiada sobre la civil, debido a que en su última visita
en la entidad documentó la participación de fuerzas militares y
policiales en la
desaparición de 10 personas.
La directora de CADHAC explica que al
momento del aseguramiento de las personas, las autoridades
fabrican delitos para
justificar retenciones arbitrarias: “Son obligados a confesar algo
que ni siquiera cometieron (...) que forman parte de una banda y que
son sumamente peligrosos”.
“Generalmente
amenazan a los padres en
que si dicen que si ponen la denuncia los matan”, añade la
directora.
CNNMéxico trató de contactar a
personal de la delegación de la Procuraduría General de la República
(PGR) en Nuevo León y a la Unidad de Vinculación Ciudadana de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero no obtuvo
respuesta.
Pendientes en la justicia
penal
El 29 de septiembre de 2009, 11
personas demandaron a los legisladores de Nuevo León la creación de
una comisión especial para atender
las desapariciones de 15 familiares, en las que
presuntamente participaron policías federales, estatales y
municipales. Entre la lista de desaparecidos, disponible en los
archivos públicos del Congreso, figuran artistas, policías,
repartidores de comida rápida, guardespaldas y un camarógrafo.
Así inició un debate para
tipificar la desaparición forzada
como un delito. Un mes después, el 26 de octubre de 2009,
la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
compuesta por su única diputada en el Congreso, María de los Ángeles
Herrera, presentó una iniciativa para reforma al código penal del
estado.
“Es válida esta propuesta, porque no
está tipificado (la desaparición forzada como delito). Está pasando
y a la gente que presenta estas denuncias de desapariciones frozadas
no se les da el trato que debe ser”, explica a CNNMéxico la
diputada.
La iniciativa pretendía definir
explícitamente la desaparición forzada de personas como un
delito grave, así como
tipificar las sanciones a los servidores públicos y particulares
involucrados en éste.
Sin embargo, por unanimidad, la
iniciativa se integró en octubre de 2010 al capítulo de
secuestros del código
penal. Herrera insiste a CNNMéxico que a pesar de este logro, es
necesario separar la desaparición forzada de una privación ilegal de
la libertad.
“Nosotros siempre argumentamos,
peleamos y lo estuvimos documentado: que no era lo mismo, para
nada”, dice la legisladora, quien este 5 de abril volvió a presentar
la iniciativa para definir jurídicamente el delito.
Desde junio de 2001, la
desaparición forzada está tipificada en el
código penal federal, pero
en los marcos jurídicos de 24 de las 32 entidades de la república,
entre ellas las del noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no
está definida como un delito, según un informe de 2011 de la
Campaña Nacional
Contra la Desaparición Forzada.
Desde hace más de una década, se ha
discutido en el Congreso de la Unión cinco propuestas legislativas
para crear una ley federal contra la desaparición forzada, pero
hasta el momento no existe un dictamen.
Exigencias internacionales
De 2006 a lo que va de 2011 han
desaparecido en el país 5,397
personas, la gran mayoría hombres (79%), de acuerdo con un
informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El ombudsman nacional, Raúl
Plascencia Villanueva, sostuvo una reunión este 23 de marzo con el
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que entregó un reporte
con 240 casos
documentados.
El grupo realizó una visita oficial
del 18 al 31 marzo de 2011, con la finalidad de recopilar
información que pueda conducir al esclarecimiento de casos
pendientes en el país. México se integró a este organismo en
1989.
En lo que va de la administración de
Felipe Calderón, la CNDH ha hecho
una única recomendación por un caso de desaparición
forzada.
De 2006 a 2010, han muerto
34,612 personas relacionadas con la delincuencia
organizada, de acuerdo con cifras del gobierno federales, de las
cuales 2.8% ocurrieron en Nuevo León.
Fuente
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