200 MUNICIPIOS
CONTROLADOS POR EL NARCO
¿Qué pueden hacer un par de policías
municipales mal armados, peor pagados y sin entrenamiento ante un
convoy de camionetas del narco? La pregunta revela la disyuntiva
entre corrupción o muerte de los cuerpos policiacos
Para que la
maquinaria del crimen
organizado funcione hay que aceitarla con corrupción. Un estimado de
los recursos derramados a las mafias policiacas
involucradas en el negocio del narcotráfico es de mil 277.27
millones de pesos, de acuerdo a cálculos de la Secretaría de
Seguridad Pública realizados con base en el déficit
salarial con que operan las
corporaciones.
Las expresiones más recientes del proceso de corrupción de las
policías del país y de su operación virtual como bandas criminales,
o al amparo de éstas, se dieron en Santiago, Nuevo León, cuando un
grupo de siete policías municipales integró el comando que secuestró
y asesinó al alcalde Edelmiro Cavazos. Entre éstos se encontraba el
agente destinado a la seguridad personal del alcalde, mientras que
Gilberto Cruz Puente, su
anterior jefe de escoltas, había fallecido el jueves anterior al
secuestro luego de chocar contra una malla ciclónica en la carretera
Nacional en lo que fue declarado entonces un mero accidente.
Días después de la ejecución del alcalde los presuntos homicidas
fueron capturados en una quinta ubicada en el fraccionamiento
campestre Rincón de la Boca, habilitada como base de operaciones,
cuartel, casa de seguridad y guarida; allí fueron detectados 20
supuestos sicarios, la mayoría de los cuales se dieron a la fuga. La
razón aparente para cometer el asesinato fue que el alcalde ordenó
rebajarle a los policías involucrados 700 pesos por quincena al
haberlos sorprendido extorsionando en una multa de tránsito a unos
motociclistas.
Desde el pasado siete de agosto las fuerzas federales habían
mostrado la crisis en que se encuentran las policías del país cuando
cerca de 200 elementos se amotinaron en Ciudad Juárez. Los policías
retuvieron a Salomón Alarcón, alias El Chamán, por más de cuatro
horas, denunciando al principal mando policiaco de las tropas
desplegadas en la conflictiva ciudad por corrupción y despotismo.
Las denuncias contra el personaje, de quien se dice es parte de una
narconómina decomisada por el Ejército el año pasado en Sinaloa, son
concretas: “Los jefes guardan en Los Rinos (los camiones blindados)
la droga que le cargan a los detenidos. Nuestros mandos son pura
basura. Reportan muchas detenciones porque están de acuerdo con
agentes de la PGR a fin de capturar inocentes y cargarlos con droga
para que paguen fuertes cantidades”.
Las “cuotas”, los “entres”, el pago para operar en las calles del
país ha adquirido una impunidad insospechada: nada más eficaz que un
sicario con placa y arma reglamentaria. Fue el propio Genaro García
Luna quien reveló la cifra estimada por la Secretaría de Seguridad
Pública que se destina a la corrupción policiaca. El Secretario
participó a principios de este mes en el foro “Hacia un modelo
policial para el México del siglo XXI”, celebrado en la ciudad de
Puerto Vallarta, y allí dijo:
“El déficit salarial de los policías municipales es de mil 277.27
millones de pesos mensuales. Eso no lo pagamos y eso es igual a
corrupción. Ese déficit lo financia el hampa, la parte delictiva.
Hoy en el país la policía sigue operando ganando dos mil, tres mil
pesos, es decir, el coche camina pero la gasolina alguien la pone”,
dijo García Luna.
Poco más de 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales
del país gana entre mil y cuatro mil pesos; el 20 por ciento se
conforma con apenas mil pesos de
salario en una época cuando ser policía implica como nunca
antes jugarse a diario la vida.
LA APARICIÓN DE LOS GUERREROS
SUCIOS
La corrupción arraigada en las
policías les permite operar y determina sus acciones pero el cáncer
del dinero mal habido, de la formación de mafias policiacas, viene
desde la vieja dictadura priista de los años setenta. Un texto
esclarecedor sobre la historia del crimen organizado en México y
sobre sus mecanismos de operación es Todo lo que debería saber sobre
el crimen organizado en México (Océano, 1998), preparado por el
Instituto Mexicano de Estudios Organizados, una asociación civil.
El texto resulta contundente: “La especificidad fundamental del
crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre
desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que
teóricamente existen para combatir, precisamente, a la
delincuencia”.
Si realizamos un seguimiento de la historia criminal en México es
posible reconocer una transformación de sus características hacia
finales de esa década de los años setenta. Desde entonces la
corrupción se extiende por las bases de las estructuras policiacas,
prosperando negocios como el
tráfico de drogas y el robo de automóviles y constituyéndose
verdaderas mafias policiacas que pueden ilustrarse muy bien con la
historia del famoso Negro Durazo, poderoso y corruptísimo jefe de la
Policía de la Ciudad de México
bajo el gobierno de José López Portillo.
Pero estos gremios policiales encargados de la operación de los
florecientes negocios del crimen organizado funcionaron antes como
mecanismos de control de la dictadura, si no como paramilitares, sí
al margen de la ley y de los derechos civiles: “Contra los grupos
subversivos o guerrilleros se puso en práctica una estrategia
estatal de guerra sucia basada en la violación de los derechos
fundamentales, el uso de la tortura, las desapariciones y las
ejecuciones extrajudiciales”.
La reforma política gestada en los años del gobierno de José López
Portillo terminó en gran medida con estas operaciones, y las
estructuras y los mandos encargados de enfrentar a los grupos
subversivos adquirieron una nueva función: “Los guerreros sucios
eran capaces de seguirle vendiendo a sus jefes y protectores la idea
de que la tolerancia a ciertas
actividades criminales era un pago justo para una fuerza
operativa capaz de actuar en cualquier momento contra los enemigos
del sistema (...). La organización policiaca devenida, más que
nunca, en criminal, se fue orientando hacía algunas actividades
especialmente rentables que, supuestamente, no perjudicaban tanto a
la sociedad tales como el narcotráfico, que empezaba a adquirir una
importancia inusitada”.
Así, el presente problema no es sólo
uno de recursos económicos, sino que viene de la
estructura misma de las
corporaciones y del funcionamiento de las policías en México desde
hace poco más de 30 años. “Cuando las organizaciones criminales
operan desde el Estado, cuando desfiguran a las instituciones que
debieran combatir al crimen hasta convertirlas en lo contrario, todo
se ha pervertido (...). Desde el punto de vista de las ventajas para
delinquir, las mafias policiacas tienen las mayores imaginables,
pues cuentan con todo el poder del Estado y con recursos públicos”.
FOCO ROJOS EN 200 MUNICIPIOS
De acuerdo al investigador Edgardo
Buscaglia, especialista en temas de narcotráfico y lo que se puede
considerar violencia social, en 63 por ciento de los municipios del
país existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios
del crimen organizado, el narcomenudeo, el cultivo y tráfico de
drogas, el secuestro y la extorsión. Esta estructura criminal opera
bajo el resguardo de la corrupción, protegida políticamente y con el
apoyo logístico de los policías municipales. La Asociación de
Autoridades Locales de México
mantiene los focos rojos encendidos: la
gestión de gobierno de 200
municipios del país está determinada por la presencia del crimen
organizado.
La inseguridad y la violencia son
generadas, de acuerdo a esta agrupación de
presidentes municipales, por
parte del narcotráfico. Los estados donde el problema es más grave,
como resulta obvio, coinciden con lo que se puede considerar la
geografía del narcotráfico: Chihuahua, Tamaulipas, Baja California,
Sinaloa, Durango y Nuevo León. El episodio de la muerte del alcalde
de Santiago, Edelmiro Cavazos, da cuenta de la espiral de violencia
que se vive en Nuevo León desde finales del 2009. Las ejecuciones de
funcionarios públicos, sobre todo municipales, suman 61. Se han
registrado 14 atentados y 18 secuestros a funcionarios y
autoridades. Y de los altos mandos policíacos 12 han renunciado de
acuerdo a recuentos periodísticos. Delitos como el robo con
violencia y el robo de automóviles se han disparado.
Los narcobloqueos en Monterrey son
cada vez más prolongados y violentos; hoy son perpetrados por
pandilleros armados y con la aquiescencia, o cuando menos la
indiferencia, de la policía. Las ejecuciones atribuidas a la disputa
por el territorio entre el cártel del Golfo y su antiguo brazo
armado, Los Zetas, suman allí 420; el doble del año pasado. El
control de las policías, sobre todo de la municipal, ofrece a los
grupos del crimen organizado impunidad, información privilegiada y
redes de control en las ciudades gracias a que se dispone de la
infraestructura policiaca para operar: de sus hombres, vehículos,
tecnología y hasta armamento. Los policías de la primera línea, los
que sufren con mayor frecuencia los embates de la violencia o de la
corrupción, son los municipales. Entre ellos se registra el mayor
número de muertes violentas y de casos de presunta vinculación con
el crimen organizado. De acuerdo a datos de la Secretaría de
Seguridad Pública, dos mil 76 policías han muerto en los primeros
tres años de este sexenio. Los policías municipales suman casi la
mitad de las bajas, con 915.
Son los agentes de primera línea, los
que enfrentan día a día a la delincuencia. La policía de la calle y
la vigilancia. Y para ellos, el viejo dilema persiste: plata o
plomo. Lo que ocurre en Sinaloa ejemplifica esa realidad: en lo que
va del año han sido asesinados en esa entidad 65 policías. Sólo en
Navolato, Mazatlán y Culiacán fueron victimados 45. Cien hombres han
desertado allí en las últimas semanas.
POLICÍAS ESTATALES vs CORRUPCIÓN
Muchos de los policías que combaten
el delito en el país, los de la primera línea, los municipales y
estatales, lo hacen con recursos limitados y armas viejas. En
información procedente de la Secretaría de la Defensa, hecha pública
por requerimientos del Instituto Federal de Acceso a la Información
y publicada por distintos medios, se señala que 91.3 por ciento de
las instituciones policiales del país, estatales y municipales,
apenas han adquirido armamento suficiente para dotar a 20 por ciento
de sus más de 390 mil elementos.
Sin armas, con deficientes salarios, con la mínima preparación, las
policías del país están a la deriva. Para su rescate se ha propuesto
un nuevo modelo policial; en la 28 sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, los gobernadores del país y el presidente Felipe
Calderón acordaron la construcción de 32 cuerpos policiales
estatales: “Estamos apostando a reformas de fondo y por eso en el
marco de este Consejo me comprometo a presentar en el próximo
periodo de sesiones del Congreso de la Unión una iniciativa de
reforma constitucional y legal que impulse un nuevo modelo judicial
basado en 32 policías estatales...”, dijo Calderón.
Pero, en opinión de la mayoría de los presidentes municipales, la
formación de policías estatales limitaría su gestión en labores de
seguridad pública… y su presupuesto. En declaraciones a la prensa,
el diputado Domingo Rodríguez, coordinador de Vinculación con
Estados y Municipios del PRD, afirmó: “Hay un rechazo generalizado
por parte de los dos mil 435 ediles del país, por la posible
afectación a la soberanía municipal. Se podrían crear cacicazgos
policiacos”. La oposición a la creación de policías estatales
encontró eco en 15 de los procuradores de justicia del país
asistentes a la XXIII Conferencia Nacional de Procuradores,
celebrada en Ensenada el pasado mes de mayo. Fuentes consultadas
señalaron que estos procuradores se oponen a la fusión de las
policías ministeriales en una sola policía estatal, pues esto
limitaría sus posibilidades de investigación para enfrentar al
delito.
Si se revisan las acciones emprendidas contra el narcotráfico
durante el gobierno de Felipe Calderón, una de las constantes es la
captura de policías presuntamente vinculados al crimen organizado.
Altos mandos fueron detenidos cuando se llevó a cabo la Operación
Limpieza, pero la tarea impostergable para transformar de fondo a
las policías mexicanas tiene que ver con la vinculación entre el
poder político y el poder policiaco: el diagnóstico presentado en
Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México
remite a la década de los años setenta para explicar el
florecimiento del crimen organizado, sobre todo la aparición de los
poderosos grupos de narcotraficantes que hasta ahora prevalecen,
pero su explicación es tan pertinente hoy como ayer: “Para entonces,
desde el Estado, se había hecho lo que los criminales no hubieran
podido hacer por sí solos: organizarse. Se había creado una enorme
maquinaría para obtener dinero, una pirámide en cuya base se
situaban los delincuentes comunes, en su segundo piso los agentes y
jefes policiacos, y en la cúspide las autoridades políticas”.
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