CIERRAN 12
CÁRCELES EN SINALOA POR INOPERANTES
Por incumplir los
requisitos de seguridad, registrar hacinamiento de internos y tener
reportes de violaciones a los derechos humanos, el gobierno del
estado de Sinaloa, en el noroeste de México, ha cerrado 12 cárceles
municipales en un lapso de nueve meses.
Las órdenes emitidas por el gobierno de Mario López Valdez, quien
asumió el poder en 2010, implican que actualmente solo funcionen
seis cárceles estatales y regionales en la entidad, considerada una
de las más violentas del país por la actividad de narcotraficantes.
El secretario de Seguridad Pública local,
Francisco Córdova, informó que 250 presos de esos penales fueron
trasladados a los centros de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito (Cecjude) de los municipios de Ahome, Guasave,
Culiacán, Navolato, Mazatlán y Angostura.
Córdova dijo a periodistas que la
reubicación busca que se evite el hacinamiento de presos, lo que
contribuye a su seguridad y a preservar los derechos humanos. Las
autoridades afirman que esas instalaciones tienen capacidad hasta
para 1,500 presos más.
Sinaloa tiene 18 municipios y una población
de dos millones 767,761 habitantes, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Eran penales muchos de ellos que se
hicieron hace 100 años y no cumplían con lo más mínimo de los
estándares internacionales para la rehabilitación y para la custodia
de los internos; estamos muy agradecidos con el Poder Judicial,
estamos muy agradecidos con los ministerios públicos, que
facilitaron en un tiempo récord el traslado de estos internos a los
penales más grandes”, dijo Córdova.
Juan Ramón Valenzuela, director de
Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, explicó que el hecho de
que los internos permanecieran en cárceles municipales los mantenía
en una desventaja legal, porque se les complicaba acceder a una
reducción de pena o libertad anticipada por buena conducta.
Aseguró que los cambios y el traslado de
internos a los penales estatales no se realizaron de manera
improvisada, puesto que el Tribunal de Justicia del Estado autorizó
el proceso, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia
del Estado.
Valenzuela detalló que algunos de los
centros cerrados fueron demolidos, otros serán convertidos en
oficinas y uno más incluso será convertido en un museo. Algunos
penales afectados estaban en los municipios de San Ignacio, Cosalá,
Elota, El Rosario, Concordia, Badiraguato, Mocorito, Salvador
Alvarado y Angostura.
Según el gobierno estatal, en la entidad hay
5,798 internos y el 30% de ellos cometieron delitos del fuero
federal, como crimen organizado, narcotráfico o posesión de armas
exclusivas del Ejército.
En 2010, la Secretaría de Seguridad Pública
federal (SSP) reportó que las cárceles del país están rebasadas en
alrededor del 30%. En junio de ese año, 29 reos murieron en riñas en
el penal sinaloense de Mazatlán.
Juan José Ríos Estavillo, presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, advirtió a las
autoridades en septiembre pasado sobre la situación en la cárcel de
San Ignacio.
Ríos Estavillo afirma que Sinaloa ocupa uno
de los últimos lugares en las condiciones de sus centros
penitenciarios. Fuente
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