DIPUTADOS
APRUEBAN CADENA PERPETUA CONTRA SECUESTRADORES
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados aprobó este miércoles que los jueces mexicanos puedan
dictar cadena perpetua en contra de secuestradores —autores o
partícipes—, cuando en el delito se registren determinadas
circunstancias.
El dictamen deja “la puerta abierta” para que los jueces
contemplen la posibilidad de aplicar esa sentencia cuando en el
secuestro existan
agravantes, como que los delincuentes maten a su víctima, tengan
parentesco con ella o formen parte de alguna institución de
seguridad o de las Fuerzas Armadas, explicó en entrevista el
legislador José Luis Ovando Patrón, presidente de la comisión.
“Estamos siendo congruentes con una realidad que debemos
enfrentar. El secuestro es uno de los delitos más delicados, que se
ha incrementado hasta en 300% en los últimos cinco años”, dijo el
diputado.
“Es un reclamo de la sociedad que establezcamos inhibidores de
este
delito, que genera incertidumbre, aumenta los índices de
percepción de inseguridad y tiene impactos en la inversión en
algunas zonas del país”, agregó.
Morelos y Puebla, en el centro de México, Oaxaca, en el sur, y
Coahuila, en el norte, son los estados con un mayor aumento en la
tasa de secuestros durante los últimos cinco años, informó la Cámara
de Diputados en un comunicado,
citando datos de su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(CESOP). Según esas cifras, en toda la nación en promedio se
registran 3.72 casos diarios.
El documento reforma el artículo 25 del Código Penal Federal y
los artículos 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar
los Delitos en Materia de Secuestro, que actualmente señalan que la
pena
máxima para los autores y partícipes de un secuestro, cuando la
víctima muera, será de 40 a 70 años de prisión, así como multas de
entre 358,800 y 717,600 pesos.
La iniciativa —que considera la cadena perpetua como “una pena
adecuada al fenómeno
criminal y proporcional al daño causado”— fue turnada a la
Comisión de Justicia de la Cámara baja, de acuerdo con el diputado
Ovando Patrón. Si es avalada en esa instancia, será enviada al pleno
para su discusión y votación.
El secuestro comenzó a captar la atención pública mexicana a
finales de la década de 1990 debido a la operación de bandas como la
de Daniel Arizmendi, conocido por cortar las orejas a sus víctimas
como una medida para presionar a los familiares para entregar el
rescate.
Años más tarde se registraron otros
secuestros que fueron muy reportados en los medios, como el del
empresario Hugo Alberto Wallace, en 2005, y el del menor Fernando
Martí, en 2008. Ambos fueron asesinados por sus captores, lo que
generó protestas sociales y que sus padres —Isabel Miranda de
Wallace y Alejandro Martí, respectivamente— se convirtieran en
activistas por la seguridad pública.
El endurecimiento de las penas contra secuestradores avanza en la
Cámara de Diputados un día después que la Comisión de Gobernación
aprobara en lo general la Ley de Seguridad Nacional, que el gobierno
federal considera clave en la lucha contra la delincuencia, aunque
organizaciones civiles la califican de lesiva a los derechos
humanos. Fuente
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