¿CÓMO
AYUDARÁ LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS?
La recién aprobada Ley General de Víctimas por el Pleno del
Senado creará una nueva institución para asistir a las víctimas
del delito y violaciones a
derechos humanos y buscará reparar los daños que hayan
sufrido.
Dicha legislación se elaboró como respuesta a una demanda que
organizaciones como el
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezada
por el poeta Javier Sicilia, plantearon tanto a los representantes
del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
Si bien para que entre en vigor, la ley debe ser aprobada por la
Cámara de Diputados, activistas como Emilio Álvarez Icaza,
integrante del MPJD, celebraron desde este martes que la iniciativa
haya sido aprobada por las comisiones unidas de Justicia,
Gobernación y de Estudios Legislativos (primera y segunda) del
Senado por unanimidad.
De aprobarse, la ley sería “el instrumento más valioso de los
diálogos llevados a cabo en el Castillo de Chapultepec en julio del
2011”, dijo Álvarez Icaza, según reportó la agencia Notimex.
De acuerdo con el dictamen de la nueva ley, se creará la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, un órgano descentralizado de la
administración pública federal que contará con presupuesto propio.
Esta institución será la encargada de administrar el Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Registro Nacional de
Víctimas y la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas,
según el dictamen.
Todos estos órganos formarán parte del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas, que elaborará las políticas públicas para la
protección, ayuda, asistencia y reparación
integral de las víctimas, tanto a nivel federal como a nivel
local.
Dichas instituciones serán creadas si los diputados aprueban la
ley, pese a que algunas funciones como la atención jurídica y
económica son actualmente realizadas por la Procuraduría Social de
Atención de las Víctimas del Delito (Províctima), creada en octubre
del 2011 por decreto presidencial.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contará con
recursos que servirán para dar diferentes tipos de apoyo a las
víctimas, por ejemplo, compensaciones por violaciones a derechos
humanos que iniciarán desde los 10 salarios mínimos, becas escolares
y apoyos económicos para las víctimas y sus familiares.
El dinero de este fondo provendrá de diversas fuentes. Además de
que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberá
contemplar una partida para este fin, también recibirá recursos
obtenidos por fianzas, multas y enajenación de bienes al crimen
organizado, así como de donaciones privadas.
La creación del Registro Nacional de Víctimas servirá para
empezar a integrar una base de datos a nivel nacional con
estadísticas sobre víctimas de la violencia, y de violaciones a los
derechos humanos. Esta base de datos funcionará de manera paralela
al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, creado por el Senado en marzo de este año.
El informe de la nueva ley, aprobado en el Senado, explica que
para poder gozar de los beneficios de esta legislación, las víctimas
deberán solicitar su inscripción al Registro Nacional de Víctimas.
Con base en la información entregada, se valorará si cumple con los
requisitos para recibir atención, apoyo y recursos económicos.
Otra demanda de las organizaciones de
apoyo a víctimas de la violencia y de defensores de derechos
humanos, es la de otorgar asesoría jurídica a los afectados y sus
familiares.
Para cumplir con dicha demanda, la Ley General de Víctimas
contempla la creación de la Asesoría Jurídica de Atención a
Víctimas, que según el documento, busca dar un acompañamiento legal.
La nueva ley entrará en vigor 30 días después de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación y el Sistema Nacional de
Atención a Víctimas se deberá crear dentro de los 90 días naturales
a partir de la vigencia de la ley, según dispone la legislación.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se deberá crear
dentro de los 30 días naturales a partir de la creación del Sistema,
agrega el documento.
Una larga espera
La Ley General de Víctimas fue aprobada por el Senado casi nueve
meses después de que el Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD), encabezado por el activista Javier Sicilia, se
reuniera con legisladores para exigir una mayor protección a las
personas afectadas por la inseguridad y violaciones a los derechos
humanos.
Ante el creciente número de muertes provocadas por la estrategia
gubernamental de combate al crimen organizado – que de acuerdo con
las últimas cifras de la Procuraduría General de la República (PGR)
suman más de 47,000 decesos – el MPJD exigió el 28 de julio del 2011
a los legisladores
expedir lo antes posible una ley que garantizara la atención y
protección a las víctimas y a sus familiares.
La legislación tomó como base la iniciativa elaborada por un
grupo de senadores que fueron encabezados por los coordinadores de
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) e
integrantes del Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con el texto del dictamen, también se incluyeron
elementos de otras dos iniciativas presentadas en el Senado y una en
la Cámara de Diputados, por legisladores del PAN y del PRD.
En su elaboración también se contó con el apoyo de instituciones
académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
organizaciones de la sociedad civil, especialistas y activistas de
derechos humanos así como de expertos en el tema de víctimas de la
violencia.
Este lunes, los presidentes de los grupos parlamentarios del PRI,
PAN y PRD en el Senado se reunieron con
activistas del MPJD para comprometerse a formular y aprobar la
Ley General de Víctimas y posteriormente enviar el dictamen a la
Cámara de Diputados.
El senador Carlos Sotelo del PRD, e integrante de la Comisión de
Gobernación de la Cámara Alta, por su parte, consideró que esta ley
está “destinada a resarcir mínimamente los terribles agravios
provocados en víctimas inocentes” por la estrategia federal contra
el narcotráfico. Fuente
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