¿QUÉ SIGUE LUEGO
DE LA FIRMA DEL ACTA?
Si ya escuchaste sobre las consecuencias positivas y negativas
de que México haya firmado el Acuerdo Comercial
Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) es probable
que ahora te preguntes: ¿Y cuándo entrará en vigor?
Especialistas explican que para que el ACTA sea ratificado e
implementado, a partir de este momento el país entra en un camino
largo, quizá pedregoso. El tiempo no solo dependerá de los procesos
legislativos internos, sino de la próxima transición política en
México y de que otros países firmantes ratifiquen el convenio.
"La Legislatura actual (61) podrá discutir su contenido
únicamente en la sesión del 18 de julio", dijo Sergio Legorreta,
socio de la consultora Baker & McKenzie y especialista en temas de
propiedad intelectual, en una entrevista vía correo electrónico con
CNNMéxico. La Cámara de Senadores fue renovada completamente en las
elecciones del pasado 1 de julio y los nuevos legisladores empezarán
a trabajar en septiembre de 2012.
En caso de que sea rechazado o pospuesto, tocará a los nuevos
senadores —distintos a quienes ya estudiaron y participaron en la
discusión sobre el ACTA— decidir el futuro del acuerdo.
Además, primero “tendría que ser analizado por comisiones
senatoriales como las de estudios legislativos, economía, educación,
así como la de Ciencia y Tecnología” para de ahí pasar al pleno para
su votación, explicó Mike Margáin, socio del despacho jurídico
Arochi, Marroquín & Lindner, en entrevista telefónica con CNNMéxico.
“La ratificación del ACTA será uno de los varios temas que los
nuevos miembros de la Cámara de Senadores buscarán abordar, entre
los que se hallan grandes reformas legislativas, en ámbitos como la
seguridad y la reforma política”, explicó Margáin.
De cualquier modo, su ratificación en México no significa que sea
obligatorio su cumplimiento: el artículo 40 del Acuerdo indica que
su entrada en vigor sucederá luego de que seis de los 37 países que
participan en su negociación, además de la Unión Europea, lo
ratifiquen. El pasado 4 de julio el Parlamento europeo lo rechazó.
Este lunes, Amnistía Internacional, pidió al Senado mexicano no
ratificar el Acuerdo, pues significarían una restricción
significativa a derechos fundamentales como la libertad de expresión
y el debido proceso.
“Debido a las implicaciones que en materia de derechos humanos
podría tener la entrada en vigor de un tratado internacional
comercial con estas características, hacemos un llamado al Senado de
la República a no ratificarlo mientras no existan modificaciones
sustantivas que aseguren que la libertad de expresión y el debido
proceso serán garantizados”, dijo Alberto Herrera Aragón, director
ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Los retos de ACTA para el gobierno mexicano
Los especialistas dicen que para implementar el ACTA tendrían que
hacerse profundos cambios en instituciones como la
Procuraduría General de la República y el mismo promotor del
convenio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
“Hay un enorme déficit de personal especializado: apenas tenemos
unos 30 peritos con conocimientos sobre temas de propiedad
intelectual en la PGR y una cantidad similar de agentes del
Ministerio Público; hacer crecer este personal es un tema de sumo
complejo que tomará tiempo", consideró el experto de Arochi,
Marroquín & Lindner.
Al respecto, el titular del IMPI, José Rodrigo Roque, dijo en
entrevista telefónica con CNNMéxico que el gobierno federal tiene la
capacidad institucional como para dar respuesta a la decisión de
México de firmar el acuerdo.
"Por supuesto que necesitamos fortalecer no solo ésta, sino
cualquiera de las instituciones del gobierno federal, sin embargo,
con lo que hoy tenemos, contamos con la capacidad institucional
suficiente como para responder a los retos que presenta ACTA", dijo.
"No olvidemos que detrás de ACTA hay un debate que es el de la
competitividad de las empresas, el empleo de los mexicanos en el
sector formal, y la protección de la creatividad y el ingenio de los
mexicanos y de las marcas mexicanas", agregó.
Legorreta, de Baker & McKenzie, coincide con Margáin sobre la
necesidad de modificaciones.
“(La implementación) exige la creación de un andamiaje jurídico
e institucional que implemente las directrices y que sean elegidas
por el gobierno respectivo", explicó.
Probablemente sean necesarias adecuaciones en leyes como el
Código Penal Federal y la Ley Federal del Derecho de Autor, detalló
el abogado.
En un informe a la Cámara de Senadores publicado el 29 de
septiembre de 2011, la Secretaría de Economía –de la cual depende el
IMPI- reconoció que para aplicar el ACTA serían necesarias
revisiones o modificaciones a normas legales y administrativas,
incluidas la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, la Ley
Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, y la Ley Aduanera y su
Reglamento.
“El Estado deberá ceñirse, además, a la legislación secundaria
que el Congreso de la Unión emita en la materia, donde se reforzará
la observancia y respeto irrestricto a dichos derechos
fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la
legalidad, la privacidad de datos, el debido proceso y el acceso a
la información y a la cultura”, precisó el IMPI en un comunicado el
pasado miércoles.
La firma del Acuerdo sin el respaldo del Congreso ha generado
polémica. Internautas e incluso organismos gubernamentales como la
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) han expresado su
oposición a ciertas partes del documento.
La principal crítica es que podría violar garantías individuales,
ya que autoriza a los proveedores de internet a entregar información
de los usuarios sospechosos de infringir derechos de autor y
establece medidas como el bloque de sitios web a infractores a
petición de la parte quejosa, sin dar tiempo a la defensa del
acusado. Fuente
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