¿QUÉ PASA SI
ANULAN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL?
La lógica dice que si hay un Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) para calificar la
elección presidencial, igual puede validarla que
invalidarla.
En 2006 la
ley precisaba algunas causales de anulación y abría esa
posibilidad a la violación de principios constitucionales en la
materia: elecciones libres, equitativas, auténticas. Los magistrados
del Tribunal Electoral —según me explicó su ex presidente Leonel
Castillo— le llamaron “causal abstracta de nulidad” ya que no se
refería a causas concretas especificadas en la legislación.
Pero las reformas de 2007 fueron más específicas en las causales
de anulación y desecharon la “causal abstracta de nulidad”. Esto,
sin embargo, no desecha la posibilidad que se dictamine invalidez
por violación a principios constitucionales.
Las pruebas de dichas violaciones tendrían que ser contundentes,
pero la posibilidad de anular la
elección es real aunque muy difícil.
Ahora bien, si el TEPJF dictamina que la elección presidencial no
es válida, entonces empieza el siguiente proceso establecido en el
artículo 84 de la Constitución:
1. Los diputados y senadores de la nueva Legislatura, esto es, la
recién electa, la deberán constituir en un colegio electoral, para
lo cual deberán concurrir dos terceras partes de sus integrantes, es
decir, 420 legisladores entre diputados y senadores.
2. Ese colegio electoral nombraría, por escrutinio secreto y
mayoría absoluta, es decir, las dos terceras partes de los
presentes, a un Presidente interino que tomaría posesión el 1 de
diciembre, al concluir el periodo de Felipe Calderón.
3. El
Congreso deberá convocar a elecciones en los siguientes
10 días (a más tardar el 10 de diciembre) que se realizarían en un
plazo no menor de 14 ni mayor de 18 meses, esto es, entre el 1 de
febrero y el 1 de junio de 2014.
4. Participarían los mismos candidatos u otros, menos quien haya
sido nombrado Presidente interino y que encabezaría un mandato de
cuando menos un año y medio.
No quedan claros los pasos subsecuentes de cómputo, impugnaciones
y declaratoria de validez, pero seguramente se ajustarán a lo que
marca la legislación.
Instantáneas
1. REFORMA POLÍTICA. Entre las acciones anunciadas en convención
de Atenco el fin de semana pasado entre el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, el movimiento juvenil #Yo Soy 132 y otras
agrupaciones de la sociedad civil para evitar lo que llaman la
“imposición de Enrique Peña Nieto”, está el cerco al Palacio
Legislativo de San Lázaro el próximo 1 de diciembre. Para entonces,
sin embargo, estará vigente la reforma política que agrega al
artículo 87 de la Constitución la posibilidad de que el Presidente
electo rinda protesta, si no puede hacerlo en sesión de Congreso
General, ante las mesas directivas de las Cámara de Diputados y de
Senadores o bien, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la
Nación. La reforma política que incluye esta nueva disposición
fue aprobada en el pasado periodo ordinario de sesiones y ayer
estaba avalada por 17 Congresos locales, es decir, las dos terceras
partes requeridas para dar por aprobada la reforma constitucional.
De manera que es muy probable que la Comisión Permanente apruebe hoy
esas modificaciones constitucionales.
2. QUÉ MAS. Otras novedades de la reforma política de marras son:
las candidaturas independientes, la participación e iniciativas
ciudadanas, la consulta popular y la iniciativa preferente. Con esta
última, el Presidente podrá presentar dos iniciativas con ese
carácter, esto es, con un plazo específico para que sean
dictaminadas, discutidas y en su caso aprobadas.
3. COMISIÓN. El Diario Oficial de la Federación publicó ayer los
nombres de los magistrados electorales que conformarán la comisión
dictaminadora de la elección presidencial. Son: Constancio Carrasco
Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar.
4. PREMIO. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las
Fiananzas Públicas entregarán mañana en el recinto legislativo de
San Lázaro el Premio Nacional de Finanzas Públicas 2012 al
licenciado Julio César Ruiz Álvarez. Egresado del ITAM y realizando
una
maestría en la Universidad de Columbia, recibe el galardón por
el trabajo El impuesto a los depósitos en efectivo: un incentivo a
la informalidad. Fuente
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