¿QUÉ PIDE AMLO PARA INVALIDAR LA ELECCIÓN?

Según el equipo de López Obrador, se violó el artículo 41 constitucional, que establece que los comicios deben ser libres y auténticos, porque “se rebasaron significativamente los topes de campaña autorizados por el Instituto Federal Electoral”.

El Movimiento Progresista dijo este jueves que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) invirtió en la campaña de su candidato, Enrique Peña Nieto, 4,599.9 millones de pesos, cuando el tope de gasto era de 336 millones, es decir, lo superó por más del 1,000%.

“Esta violación a la Constitución es lo suficientemente grave para que se invalide el proceso electoral y se convoquen nuevas elecciones, porque este rebase significa que se violentó el principio de equidad y el principio de elecciones libres y auténticas”, dijo Cárdenas.

Entre los presuntos gastos excesivos presentados están: publicidad en bardas y espectaculares, tiempos pagados en radio y televisión, eventos multitudinarios como el cierre de campaña en el Distrito Federal, en donde se utilizó el Estado Azteca; y el uso de aviones privados y helicópteros para el traslado del candidato priista.

En ese último rubro, también dijeron que el monto máximo permitido por la ley para aportaciones privadas “fue violentado”.

“El tope máximo de una aportación privada era de 33 millones de pesos. En los comodatos, en los préstamos de aviones privados y helicópteros, que utilizó Peña Nieto durante sus giras, se violenta el tope de aportación privada, es una violación constitucional muy importante”, aseguró Cárdenas.

Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves en conferencia de prensa que la presunta compra de votos ocurrió en todo el país, pero “fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural”.

El candidato explicó que en el juicio que planteará se detalla que en las zonas rurales se registró el mayor nivel de participación ciudadana, lo que se contradice con lo ocurrido en otras elecciones presidenciales.

“En las casillas no urbanas, que son el 35% del total, Peña me gana, entre comillas, con 2 millones 801,042 votos, lo que representa el 85% de su supuesta ventaja a nivel nacional”.

El Movimiento Progresista dijo que al menos cinco millones de votos se compraron por operadores priistas para el candidato Enrique Peña Nieto, lo que “atenta contra la libertad y autenticidad del proceso electoral y contra el principio de legalidad y de certeza de todo proceso electoral”.

“El sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos no permite dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto”, dijo López Obrador.

La presunta compra de votos está directamente vinculada con el caso de los monederos electrónicos Monex y el supuesto reparto de tarjetas de la tienda de autoservicio Soriana, mismas que, según denuncian los partidos de izquierda, se entregaron a cambio del voto por el PRI.

Ricardo Monreal presentó un compilado certificado ante notario público, con testimonios de personas que supuestamente recibieron monederos electrónicos a cambio de votar por el PRI, mismo que es parte integral de las pruebas del juicio de inconformidad.

El equipo jurídico argumentará ante las autoridades electorales que el reparto de monederos electrónicos Monex y de tarjetas Soriana, así como las presuntas aportaciones “indebidas” de gobernadores a la campaña de Peña Nieto, “constituyeron estructuras paralelas de financiamiento” a las establecidas por la ley.

“De acuerdo a la constitución y a la ley, el financiamiento de los candidatos solamente puede realizarse a través de los partidos políticos y ese financiamiento debe reportarse íntegramente a la autoridad electoral”, dijo Jaime Cárdenas.

Los recursos que se pudo haber invertido en los monederos y tarjetas de descuento, “no pasaron por el reporte a la autoridades electoral y por lo tanto, son estructuras paralelas de financiamiento”, aseguró.

Además, se integró un expediente de las entidades de Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Yucatán y Estado de México, que “utilizaron presupuesto público para financiar la campaña”, lo que implica una estructura paralela de financiamiento.

Finalmente, en el juicio de inconformidad se presentarán pruebas de “aportaciones de recursos desde el extranjero” que atentan contra el artículo 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“En la práctica, en todo el país, el sufragio se adquirió con dinero en efectivo, con tarjetas para la obtención de mercancías, con despensas, materiales de construcción, fertilizantes y otras dádivas”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

Según el recurso legal del Movimiento Progresista, estas fuentes de financiamiento “son prueba de la violación al principio de libertad y autenticidad del proceso electoral, porque (fueron usadas para que el) voto fuera comprado, inhibido, coaccionado”.

La presunta manipulación de las encuestas de intención de voto, que al comenzar la contienda electoral, el 30 de marzo pasado, daban una ventaja a Peña Nieto sobre López Obrador hasta por 25 puntos, implicó que se violara el derecho a información veraz para los votantes, según el equipo del candidato de izquierda.

“Se utilizaron para confundir a la opinión pública y para inducir al voto. No se pudieron justificar las diferencias (entre Peña Nieto y López Obrador). Ninguna de estas encuestas que fueron difundidas ampliamente por los medios de comunicación en este país resultó acertada”, dijo Jaime Cárdenas.

La diferencia entre los dos candidatos fue, según el conteo final del Instituto Federal Electoral, de seis puntos porcentuales, pero al finalizar la campaña,  todas las encuestas marcaban al menos diez puntos de ventaja para el priista.

Según el equipo, "las encuestas se usaron con fines propagandísticos, con fines electorales".

Además, López Obrador denunció que estos estudios fueron pagados por los mismos priistas, que entregaron “millones de pesos en encuestas hechas a modo”.

Según el juicio de inconformidad, los medios de comunicación “le dieron la vuelta” a la prohibición constitucional sobre la compra de espacios en radio y televisión para partidos políticos y particulares, transmitiendo las “encuestas manipuladas como propaganda electoral”, es decir, como spots.

Sin presentar casos específicos ni más detalles, el equipo jurídico de López Obrador dijo que “esta difusión constituye una forma de evadir el principio constitucional que prohíbe hacer uso o adquirir tiempos en radios y televisión para transmitir propaganda electoral”.

En el juicio de inconformidad se agrega que los partidos de izquierda denunciaron numerosas irregularidades ante las autoridades electorales durante el proceso electoral, sin que éstas hayan sido resueltas a cabalidad ni por el IFE ni por la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.

“Los dos se están lavando las manos, por eso nosotros planteamos que el Tribunal no debe apresurarse, que el Tribunal Electoral debe forzar, tiene la facultad para exigir que el IFE y la Fepade resuelvan las quejas antes de entrar al fondo del análisis jurídico y constitucional del análisis que estamos planteando, porque no se puede resolver si no está la queja debidamente sustanciada sobre los gastos de campaña”, dijo Ricardo Monreal.

El IFE informó este miércoles que en este proceso electoral se presentaron 63 quejas ante la Unidad de Fiscalización y reconoció que, hasta el momento, solo ha respondido a 23, mientras que las 40 restantes están en proceso de revisión. Fuente

 

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