TEORÍAS SOBRE LA MUERTE DE
COLOSIO
El asesinato de Luis Donaldo
Colosio, el último magnicidio que ha cimbrado a México en la
historia reciente, cumple este miércoles 17 de años de haber sido
perpetrado por un asesino que continúa preso.
El magnicidio que cimbró a México
en 1994
El asesinato de Luis Donaldo Colosio,
el último magnicidio que ha cimbrado a México en la historia
reciente, cumple este miércoles 17 de años de haber sido perpetrado
por un asesino que continúa preso.
La tarde del 23 de marzo de 1994, el
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
Presidencia de la República fue
asesinado de 2 disparos en la Colonia Lomas Taurinas, en Tijuana,
Baja California, tras finalizar un acto de campaña.
Mario Aburto, el
homicida, era entonces un hombre de 24 años de edad que fue atrapado
instantes después de que disparó su revólver mientras Colosio caminaba
entre los asistentes.
Ex diputado, ex senador, ex líder
nacional del PRI, y ex secretario de Estado en el gobierno del
entonces Presidente Carlos Salinas,
el candidato tenía 2 meses y 13 días de haber iniciado su campaña
rumbo a las elecciones.
Pugnas políticas,
el levantamiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas,
narcotráfico, y una idea generalizada entre la población sobre un
complot para acabar con la vida de Colosio fueron ingredientes que
aportaron un cúmulo de confusiones y dudas a las pesquisas
oficiales.
La investigación del magnicidio se
prolongó por más de seis años.
El asesino
Durante un tiempo,
la única certeza que hubo sobre el
asesinato fue que Aburto empuñó su revólver a unos
centímetros de la oreja derecha de Colosio para dispararle.
El asesino aprovechó que el candidato
se abría paso entre sus simpatizantes, después de que la valla
humana que debía protegerlo había sido rota, para acercarse y tirar
primero hacia su cabeza y después al abdomen.
En el primer interrogatorio al que
fue sujeto por parte de la extinta Policía Judicial Federal, 1 hora
después del crimen, Aburto aseguró
que había planeado sólo herir a Colosio para llamar la atención de
la prensa y exponer los problemas sociales del país.
Surgieron versiones de que
simpatizaba con el EZLN y que incluso había viajado a Chiapas antes
del levantamiento de la guerrilla, el 1 de enero de 1994, o que era
miembro de grupos de oposición al gobierno.
En su indagatoria, la Procuraduría
General de la República (PGR) encontró que esas versiones no estaban
sustentadas, al igual que las que lo vinculaban con la masonería,
narcomenudeo, tráfico de ilegales, pandillas, y sectas religiosas,
entre otras.
Los estudios de la PGR concluyeron
que el obrero oriundo de Michoacán se interesaba desde joven por los
problemas políticos del país, pero sin una definición ideológica
precisa ni una afiliación a un grupo beligerante.
Se trataba de un hombre aislado que
había crecido en una familia desintegrada y disfuncional, con baja
autoestima, impulsivo, inseguro y con facilidad para mentir, según
la PGR.
Las indagatorias demostraron que
era el único autor material del
crimen, sin embargo, hasta el 2000, la PGR no tenía
elementos para concluir si hubo una influencia directa o indirecta
detrás de él.
Aburto fue sentenciado en definitiva
a 45 años de prisión en diciembre de 1994 y actualmente está preso
en el penal federal de máxima seguridad de Occidente, en Jalisco.
Una llamada telefónica
Una versión que la PGR indagó fue una
supuesta llamada telefónica que Colosio recibió la mañana de su
asesinato, en la que supuestamente se le
advertía que debía renunciar a la
candidatura presidencial.
La llamada, realizada a la habitación
del Hotel Ejecutivo, en Culiacán, Sinaloa, habría sido recibida
antes de las 7 de la mañana por el candidato, quien supuestamente
respondió a su interlocutor que se atendría a las consecuencias de
no desistir.
Esa versión fue dada a conocer en
octubre de 1995 por el entonces
senador del PRD Guillermo Del Río Ortegón, quien declaró
ante la Fiscalía Especial de la PGR que un conocido de alto nivel le
había confiado ese dato.
De gira por Sinaloa, Colosio había
pasado la nocheen ese hotel, del que salió para continuar sus actos
el 23 de marzo por La Paz, Baja California, durante la mañana y
medio día, y Tijuana, por la tarde.
La PGR realizó diversas diligencias
para confirmar la versión porque,
además de la declaración del senador, recibió 2 anónimos que hacían
referencia a la llamada.
Sin embargo, tiempo después terminó
descartándola, tras corroborar los telefonemas que el candidato
había recibido y hecho la mañana de su muerte.
La teoría del complot
Casi un año después del homicidio, la
PGR anunció que la muerte de Colosio
había sido un complot
porque tenía pruebas de la participación de
un segundo tirador.
El 24 de marzo de 1995, el entonces
Procurador Antonio Lozano anunció la detención en Tijuana de
Othón Cortés, un militante
del PRI que era empleado del aeropuerto de la ciudad fronteriza.
Las investigaciones, bajo la
dirección del entonces Fiscal
Especial Pablo Chapa, señalaban que Cortés había realizado
el disparo que hirió al candidato en el abdomen, versión que
contradecía los primeros peritajes.
Tres testigos imputaron al hombre ser
el coautor del asesinato y hubo versiones que sugirieron que en los
meses previos había tenido contacto con el
Estado Mayor Presidencial,
encargado de la seguridad de Colosio, lo cual fue descartado.
Cortés negó la acusación, tras
asegurar que acudió al mitin de Lomas Taurinas porque era un miembro
activo del PRI local, de cuyos dirigentes había fungido antes como
chofer y mensajero.
El hombre
salió libre del penal de máxima
seguridad del Altiplano, antes llamado Almoloya, el 7 de
agosto de 1996, luego que el juez Mario Pardo Rebolledo –hoy
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- lo absolvió
del homicidio al determinar que no existían pruebas de su
participación.
Uno de los factores que el juez tomó
en cuenta fue que las pruebas mostraban la imposibilidad de que
Cortés realizará el segundo disparo, como acusaba la Fiscalía.
Al igual que Cortés, otros 6 hombres
detenidos en diferentes momentos tras el atentado obtuvieron su
libertad entre 1995 y 1996, y sólo Aburto permaneció preso.
Cinco días después de la liberación
de Cortés, el Presidente Ernesto
Zedillo ordenó la remoción de Chapa al frente de la Fiscalía
Especial y la teoría del complot se fue diluyendo con el
tiempo.
La teoría del narcotráfico
Las versiones sobre una implicación
de cárteles de la droga en el asesinato de Colosio fueron una
constante en los meses y años posteriores.
En su informe final, la PGR da cuenta
de haber indagado 28 versiones, conjeturas y presunciones sobre
posibles vínculos del narcotráfico
con el atentado en Tijuana, la mayoría vertidas en notas
periodísticas de México y Estados Unidos.
La dependencia incluso entrevistó
sobre el crimen al capo Joaquín
El Chapo Guzmán cuando
se encontraba preso.
Guzmán, prófugo desde 2001, dijo
entonces desconocer información al respecto, señalando que estaba en
la cárcel desde antes del magnicidio y
que sólo en una ocasión Aburto le había hecho comentarios al
interior del penal.
Una teoría vertida en 1998 por un ex
informante de agencias de Estados Unidos señalaba que el asesinato
había sido por órdenes de Juan
García Ábrego, ex capo del Cártel del Golfo, porque Colosio
había despreciado una cooperación de
millones de dólares para su campaña ofrecida por su
hermano, Humberto García Ábrego.
La versión fue descartada al paso de
las investigaciones, al igual que conjeturas que relacionaban a
narcotraficantes de los cárteles de Tijuana y de Juárez, entonces
poderosos en el país.
Una versión incluso llevó en 1997 a
personal de la Fiscalía Especial a viajar a Colombia, donde un
hombre aseguraba que se escondían 3 narcotraficantes del Cártel de
Tijuana que habían participado en el crimen.
La única línea que tenía una relativa
relación con drogas y que resultó cierta fue que el candidato del
PRI utilizaba en su campaña un jet
que, en 1989, había sido asegurado
dentro de una investigación contra el hoy extinto
Amado Carrillo Fuentes,
capo del Cártel de Juárez.
El avión pertenecía a la empresa Taxi
Aéreo del Norte, propiedad de Sonia Barragán, esposa del capo, pero
tras ser asegurado por la PGR había sido liberado en 1990 y un año
después vendido a Aéreo Escorpión, del empresario
Ricardo Canavati, quien lo prestó a Colosio.
La PGR concluyó que no existían
indicios serios para considerar que cárteles de la droga hubieran
intervenido en la planeación del asesinato de Colosio, ni que Aburto
tuviera vínculos con narcotraficantes.
Expediente cerrado
Más de 6 años después del asesinato,
el 20 de octubre del 2000, la PGR decretó la reserva del expediente,
que para entonces constaba de 174 tomos, 68, 543 fojas y 296 anexos.
El Fiscal Especial Luis Raúl González
informó que sólo Aburto era el
autor material e intelectual del crimen y que no había
sustento en las hipótesis de un móvil político, crimen de Estado o
de otra índole.
Para entonces
habían pasado 3 Fiscales Especiales
del caso desde 1994: Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa.
De manera inédita, en la
investigación quedaron asentadas declaraciones ministeriales del
entonces Presidente Ernesto
Zedillo, el Presidente Carlos Salinas, gobernadores, y
decenas de funcionarios y políticos federales y estatales.
La PGR fijó un plazo de 35 años como
periodo límite para el ofrecimiento de nuevas pruebas que
pudieran reactivar la investigación
y que conllevaran a una hipótesis distinta a la del asesino
solitario.
A petición del Senado y la Cámara de
Diputados, el gobierno del entonces entrante Presidente Vicente Fox,
emanado del PAN, analizó el expediente.
No obstante, el 18 de marzo de 2004
la PGR informó a los legisladores que después de revisar la
investigación no había encontrado elemento alguno para reabrirla.
Desde entonces la dependencia no ha
vuelto emitir información oficial sobre el caso.
Fuente
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