ONU: LOS
SUBSIDIOS EN MÉXICO BENEFICIAN SOLO A LOS RICOS
El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en México alertó que los subsidios que otorga el gobierno son
inequitativos, ya que
benefician a los sectores más favorecidos
El gasto público en México
tiene un “pobre desempeño” y continúa generando una falta de
equidad, debido a que muchas de las asignaciones se hacen por
grupos de presión, principalmente en estados y municipios.
Así lo establece el Informe
sobre Desarrollo Humano México 2011: Equidad del gasto público:
derechos sociales universales con subsidios focalizados.
Rodolfo de la Torre García,
coordinador de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD-México),
afirmó que el estudio demuestra que algunos
programas sociales “probablemente en términos distributivos sean
muy cuestionables”.
“Hay gasto público que genera una
sociedad desigual. Por ejemplo, los subsidios al campo se
concentran en los productores con mayor tierra. Es decir, no hacia
los que más los necesitan, sino en aquellos que ya cuentan con
mayores recursos, por lo menos en la extensión de terreno”, dijo el
funcionario.
“Encontramos que nuestras
instituciones permiten un alto grado de discrecionalidad, sobre todo
en los estados, en las entidades federativas en general, que hace
que las asignaciones del gasto, pues, no se guían necesariamente por
los intereses ciudadanos sino por grupos de presión, por intereses
políticos, por gasto mal planeado y que puede ser la ocurrencia de
algún gobernante”, señaló.
Según el informe, México está lejos
de alcanzar la progresividad del gasto social lograda en otros
países. En 28 naciones de la OCDE, donde se puede
medir la regresividad en la distribución del gasto público en
pensiones, México ocupa la última posición, con la distribución más
sesgada, en detrimento de los más pobres.
“En América Latina, de 11 países
analizados, México ocupa el quinto lugar en regresividad del gasto
social, al asignar a 20% de la población con mayor ingreso un gasto
social más de tres veces superior al correspondiente a Chile, que
ejerce su gasto social con la mayor progresividad de la región. Al
hacer una comparación similar con el gasto en salud, México ocupa el
último lugar”, agrega.
De acuerdo con el reporte, “mientras
que el gasto federal en educación se dirige en mayor medida a los
más pobres por ingreso, el gasto en salud y las transferencias al
ingreso se concentran en los más ricos”.
Además, al examinar el
gasto federal descentralizado: los Ramos 28 (Participaciones) y
33 (Aportaciones), se encuentra que en 2005 el Ramo 28 favoreció a
las entidades federativas con mayores ingresos, mientras que el Ramo
33 se concentró en las de menores recursos.
El informe asegura que México no
cuenta con un sistema universal de atención a la salud, por lo que
el gasto público por
beneficiario es “50% mayor para la población asegurada que para
la no asegurada”.
Además, se afirma que el sistema
educativo ha logrado una cobertura casi universal de la educación
primaria; sin embargo, “resulta notoria la cobertura restringida
hacia el final de la educación básica, y sigue vigente el reto
histórico de ampliarla en educación media superior que, a diferencia
de otros países, es relativamente baja”.
Más de 75% del financiamiento de la
educación en México proviene de
recursos públicos y 90% del costo de los servicios de educación
básica se origina en el pago de salarios a maestros, por lo que la
proporción de recursos que se destina a otros insumos para el
proceso de enseñanza-aprendizaje resulta limitado, lo que ”se
refleja en el equipamiento de las escuelas a las que acuden los
niños y niñas más pobres, que frecuentemente no cuentan con
electricidad, baño, pisos limpios, libros ni computadoras”.
“Esta situación genera mayores
desigualdades, ya que, además, las escuelas a las que asisten los
estudiantes de mayor
ingreso tienen directores y profesores que perciben un mayor
salario, acumulan mayor educación y experiencia”.
De acuerdo con el PNUD, otro factor
que afecta es la falta de transparencia de las entidades federativas
y municipios.
“El marco institucional para el
diseño, el seguimiento y la revisión del
gasto público es deficiente para evitar su asignación con un
importante componente de discrecionalidad. Esto ayuda a entender por
qué el gasto total per cápita ejercido en las entidades federativas
se concentra en los municipios, o sus equivalentes, con menores
carencias, y no en donde criterios de equidad lo recomendarían”, se
concluye.
El informe dice que la falta de
equidad que sistemáticamente se observa en la asignación del
presupuesto público hace necesaria una revisión de los
incentivos políticos para que los diputados respondan a los
intereses de sus electores y rindan cuentas de su actuación.
Entre las acciones que se sugieren se
cuenta el reformar integralmente los
sistemas de seguridad y de protección social con base en un
paquete básico no contributivo universal, eliminar subsidios
generalizados al consumo y sustituirlos con subsidios focalizados.
Además, plantea propuestas concretas
como la reelección inmediata de legisladores o fortalecer en
entidades federativas, la capacidad del poder legislativo.
Fuente
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