TESTIMONIOS
DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE SAN FERNANDO
Gerardo estaba nervioso la tarde que
abordó el camión que lo llevaría a Matamoros, pero lo animaba el
hecho de que, a su regreso, tendría dinero para construir la casa
donde viviría con su esposa y su pequeño hijo. Despareció en el
trayecto
"¿Por qué esa gente los mata sin piedad?"
La tarde que
abordó el camión que lo llevaría a Matamoros, Gerardo M. estaba algo
nervioso, pero lo animaba el hecho de que, ocho meses después, a su
regreso, tendría dinero suficiente para construir la casa donde
viviría con su esposa y su pequeño hijo.
“El plan era asegurarle un futuro al niño”, dice su mujer. “Y pienso
que eso ya no va ser… ¿Por qué esa gente los mata sin
piedad?”.Isabel V. tiene 21 años. Vivió casi tres de ellos con
Gerardo, de 20. En 2009 tuvieron a su hijo y en febrero de este año
decidieron unirse en matrimonio. Hubo fiesta a la salida de la
iglesia, en la comunidad de Valenciana Yóstiro.
Unos días después, comenzando marzo, el tío de Isabel, Armando V.,
llegó con la noticia del viaje a Misuri: el patrón con el que
trabajaba desde hace ocho años había aceptado llevarse a Gerardo con
visa temporal. “Nos pusimos contentos. Sabíamos que el señor era un
buen patrón porque mi tío llevaba ocho años con él y mi hermano
tres.
Por eso Gerardo se animó a pedirles que le preguntaran si podía irse
con ellos en la siguiente temporada y el patrón dijo que sí, que se
fuera con mi tío y mi hermano”, cuenta Isabel, sentada bajo la
sombra de un moro, a espaldas del puesto familiar, donde venden
fresas con crema. Armando V., de 38 años, invitó también a otro
sobrino suyo llamado Juan R., de 20 años.
El hermano de Isabel, Luis Alberto V., de 19 años, fue quien más
animó a su cuñado Gerardo para que se empleara como jardinero de
marzo a noviembre. Gerardo trabajaba despachando gasolina en una
estación cercana a su comunidad, compuesta por 105 familias, de las
cuales todas tienen al menos a uno de sus integrantes trabajando en
Estados Unidos, dice Daniel Vargas, abuelo de Isabel y delegado de
Valenciana Yóstiro.
Los cuatro abordaron un camión de la línea Futura a las cinco de la
tarde del domingo 27 de marzo.
De acuerdo con la ruta de viaje, arribarían a Matamoros a las ocho
de la mañana del día siguiente. Allí los recogería otro empleado del
contratista norteamericano y los alojaría en un hotel para que a la
mañana siguiente acudieran al consulado a tramitar la visa temporal.
Ese trabajador llamó sin embargo poco después de las ocho de la
mañana del lunes 28 y preguntó a una de las hijas del delegado si
los cuatro habían abordado el camión porque ninguno de ellos arribó
a la hora indicada.
El dato, dice Isabel, sumió a la familia entera en un estado de
angustia que había nacido desde la madrugada, cuando Gerardo, quien
llevaba celular, dejó de responder mensajes y llamados de otro de
sus cuñados. “Nosotros creíamos todavía el lunes que no había señal
de teléfono, o que se cortaba durante la noche, cuando le llamamos,
porque iban en carretera.
Pero cuando nos avisaron que no habían llegado a la terminal de
Matamoros sentimos que algo malo había pasado”, cuenta Isabel.Aún
así decidieron esperarse unas horas, creyendo que los cuatro
pudieron ser víctimas de una detención equivocada por parte de la
policía. La noche del lunes, tras varios intentos, el celular de
Gerardo comenzó a timbrar. Quien marcó fue otro de los hermanos de
Isabel.
Le respondió un desconocido quien le dijo que “dejara de chingar”,
para luego colgarle. “Mi hermano alcanzó a escuchar risas de muchos
hombres, y música fuerte”, dice Isabel. “Y volvió a marcar para
preguntar quién era, pero ya habían apagado el teléfono de Gerardo”.
Ahí confirmaron que los cuatro estaban en poder de desconocidos y a
la mañana siguiente Daniel acudió a la agencia local del Ministerio
Público a poner la denuncia por la desaparición de su hijo, su
nieto, un sobrino y el esposo de su nieta.
La agencia ordenó una investigación inmediata y para el miércoles
pudieron localizar al chofer del Futura en la ciudad de México.Lo
que les dijo el operador del autobús coincide con las versiones
brindadas por otros choferes a los que también detuvieron civiles
armados para secuestrarles a una parte de los pasajeros: La unidad
fue detenida al llegar a San Fernando, unas tres horas antes de
alcanzar Matamoros.
Subieron hombres armados y tras una breve inspección ordenaron
bajarse a Gerardo, Luis Alberto y Juan. El tío de Luis Alberto,
Armando, quedó a bordo del camión pero cuando vio que iba a reanudar
la marcha bajó para indagar la suerte de los tres. El chofer declaró
al Ministerio Público que también fue retenido por los sujetos.
En tres semanas es todo lo que saben del caso. Únicamente fueron
llamados por las autoridades en días pasados, cuando fue descubierto
el cementerio clandestino con cadáveres, en las inmediaciones de San
Fernando. Les tomaron muestras de ADN y las enviaron a la
procuraduría de Tamaulipas para cotejarlas con las de los cuerpos
exhumados.
“No nos queda otra más que esperar”, dice Isabel. “Y he tratado de
estar tranquila por el bien de mi hijo, pero hay días en que no
aguanto y me pongo a llorar…
En el centro de Irapuato, María del
Tránsito, la madre de 45 años de Gerardo M., intenta comer algo del
platillo que le han servido dentro de un pequeño restaurante ubicado
frente a la sede de la presidencia municipal. Lleva un poco de
ensalada de lechuga a la boca y desiste. Deja los cubiertos sobre la
mesa. “No puedo, me duele el estómago”, dice, apenas conteniendo el
llanto.Lleva 15 días malpasándose.
Durante ese tiempo ha comido sólo algo de galletas con café. Vive al
borde de una crisis y sólo porque su madre necesita de una silla de
ruedas ha salido de su casa la mañana del jueves. Se vistió con una
blusa blanca con vivos verdes, amarillos y negros, un pantalón color
olivo y unas sandalias.
Su pelo entrecano lo ató sin gracia sobre la nuca. “He llamado a los
de la empresa de camiones para que me digan más, pero me dicen que
no saben nada y que si quiero recuperar las cosas de mi hijo tengo
que ir a la terminal de Matamoros, donde están las maletas de todos.
¡Pero yo no quiero sus cosas, yo lo que quiero es saber qué pasó con
mi hijo, dónde está, quién lo tiene!”.María deja a medias el filete
de carne y la ensalada.
Apenas termina con un pequeño vaso de jugo de naranja. Quiere irse
para tramitar pronto la donación de la silla de ruedas y regresar
inmediatamente a su casa, por si llaman y ofrecen algo de
información. Su prisa es ansiedad pura: en casa esperan el mayor de
sus hijos, Joel, su nuera y su padre.
“Si me dan la silla ahorita no voy a saber qué hacer porque no
quiero ver a mi mamá. Ella está enferma del corazón y sé que si me
ve, va a preguntarme por Gerardo y no voy a poder controlar el
llanto, me voy a derrumbar y entonces temo que eso le haga daño y la
mate… No sé qué hacer”, dice poco después, mientras espera sentada
en una banca afuera de la sala de Regidores, donde busca que la
ayuden con otro trámite burocrático.
Para llegar a su casa, en San Luis del Jánamo, hay que tomar una
carretera federal y luego internarse por un accidentado camino de
terracería. La comunidad debe su nombre a un pequeño cerro llamado
Jánamo, un pequeño relieve volcánico que aún posee algo de
actividad. Es una aldea pequeña, rodeada por campos yermos.Son
tierras de temporal en las que suele cosecharse maíz blanco y sorgo.
En época de lluvias trabajan en el cultivo los hombres viejos y los
más jóvenes. El resto emigra y mantiene a sus familias desde la
distancia. Es lo que hace el esposo de María, que suele irse por
temporadas al Canadá. Ya fue enterado del secuestro de Gerardo, pero
María no quiere que regrese porque tienen muchas deudas y falta el
dinero.
La casa que ambos construyeron tiene dos plantas y cuatro
habitaciones oscuras. Se encuentra al fondo de un terreno en cuyo
frente se yergue un cuarto de ladrillos y techo de lámina a la que
algún funcionario menor clavó un rectángulo de lámina blanca con
escudos del gobierno federal, estatal y municipal.
“En mi casa hay baño digno”, dice la propaganda. El abuelo de
Gerardo es un hombre de 74 años, envejecido de más en los campos de
cultivo. Calza unos zapatos con las puntas abiertas que dejan
desnudos sus dedos. “Mi nieto es un buen muchacho”, dice. “Ojalá a
quienes lo tienen se les mueva el corazón y le digan: ¡ya vete!…
Nada más es esperar la voluntad del Altísimo”.
Antonio Martínez es acompañado siempre por dos de sus amigos.
“Vienen a diario a platicar de lo mismo, y esa es la manera que
tengo para sentirme menos triste”, cuenta. El mayor de sus nietos,
Joel, de 25 años, dice que la pena familiar es terrible.
“Gerardo era el menor de los cuatro hermanos -dos mujeres y dos
hombres-. Era muy alegre y divertido. La única esperanza que nos
queda es la fe”.En Valenciana Yóstiro, las hermanas de Armando V.
tienen minada la esperanza. En el fondo creen que no volverán a
verlos.
“Quisiéramos decir algo”, dice Alejandra, la mayor de las tres.
“Queremos decirle al gobierno, al federal, al del estado, al del
municipio, que por favor abran fuentes de trabajo porque por falta
de trabajo es que los hombres se van. Y en todo caso, los culpables
de esto que pasó, son ellos: los del gobierno”.Gerardo, Luis
Alberto, Juan y Armando fueron despedidos frente al mismo puesto de
fresas donde Isabel y las hermanas V. ofrecen la entrevista.
Fue una despedida, dice Ángeles, la menor de ellas, diferente a las
demás. “Nunca habíamos llorado, ni ellos tampoco. Y esa vez
lloramos, sentimos mucha tristeza. Ahora pienso que fue un
presentimiento”.
Fue a Tamaulipas a buscar a sus hijos,
sólo halló amenazas
En Ciudad Valles, San Luis Potosí,
Artemia le pidió a un taxista que la llevara a donde salen los
camiones con migrantes. Este le dijo que pa' qué me metía; ‘ahí está
bien peligroso, doña... allá usté si quiere entrar, ¿qué no ve que
está lleno hasta de zetas?
Por instrucciones de su esposo, Aarón
M. -quien trabaja en Estados Unidos- Artemia J. viajó a San Luis
Potosí así como a Tamaulipas en busca de sus hijos; lo único que
encontró fueron amenazas y advertencias de que ya no se metiera ni
investigara porque algo le podía pasar.
Recuerda que "en Ciudad Valles (San
Luis Potosí), cuando le pedí al taxista que me llevara a donde salen
los camiones con migrantes, me dijo que pa' qué me metía; ‘ahí está
bien peligroso, doña... allá usté si quiere entrar, ¿qué no ve que
está lleno hasta de zetas?"
Artemia es una de las 17 personas que
acudió ante las autoridades judiciales del estado a presentar
denuncia formal por la desaparición de sus familiares, ocurrida el
17 de marzo del año pasado.
Otro grupo de migrantes desapareció
posteriormente, el 5 de abril del mismo año y ocho días después
sucedió exactamente lo mismo con cuatro "paisanos" más, todos del
municipio queretano de Arroyo Seco.
Por tales hechos, la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) en el estado abrió dos averiguaciones
previas; la J/193/2010, iniciada el 28 de abril del 2010 ante el
ministerio público radicado en Jalpan de Serra, y la 3B/603/2010 que
se inició, en la ciudad de Querétaro, el 22 de junio, acumulándose a
la primera por involucrar, ambas, el delito de desaparición de 44
personas.
Los denunciantes -familiares todos de
los viajeros que intentaban ingresar sin documentos, a Estados
Unidos- coinciden en referir que los "polleros" llevaban al menos 10
años dedicándose a esta actividad, además de que éstos tenían
contacto con grupos delictivos a los que les pagaban para que los
dejaran pasar la frontera.
Durante diciembre del año pasado y
enero del presente, elementos de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) acudieron a los domicilios de los familiares
de los migrantes desaparecidos para recoger sus declaraciones.
Larga búsqueda
"Arturo Mayorga -uno de los polleros
detenidos por la PGR- supo que fui a (Ciudad) Valles; por eso me
vino a buscar. Me dijo que no me metiera en cosas que no debo, que
él estaba haciendo todo por recuperarlos, que porque a uno lo podían
matar por andar investigando", recuerda Artemia.
No obstante las amenazas, Artemia -de
42 años de edad y vecina de la comunidad de la Yerba Buena, en el
municipio de Landa de Matamoros- le preguntó al "pollero" que por
qué le decía eso. "¿A poco conoce a la gente de por allá abajo (de
Ciudad Valles".
Fue cuando Arturo Mayorga le dijo que
sí, que él conocía muy bien "cómo eran de peligrosos por allá,
porque hasta zetas había".
Cada que iba a un lado o preguntaba a
las personas, Artemia J. le informaba, vía telefónica, a su esposo,
Aarón M. Éste le pidió, una y otra vez que no dejara de buscar a sus
dos hijos y a su sobrino extraviados.
Y así, nada más con la bendición por
teléfono que le mandó su esposo, se fue a Tamaulipas a buscarlos.
Hasta con los militares
Unos vecinos de Arturo Mayorga -quien
tiene su domicilio en la comunidad de El Pemoche perteneciente a la
delegación de Agua Zarca del municipio de Landa de Matamoros- le
dijeron que unos militares que estaban en un reten rumbo a
Tamaulipas la podían ayudar.
Y sí, ahí, en el reten que se
encuentra en la colindancia con Tamaulipas, un soldado de nombre
"Manuel" le dijo que si le daba 40 mil pesos él le ayudaba a
recuperar a sus familiares. Sin embargo, a la semana siguiente que
regresó, ya no estaba. El militar que estaba en su lugar le pidió la
misma cantidad y le dijo casi lo mismo.
Artemia Jiménez también trató de
llegar hasta el taller mecánico de Ciudad Valles, de donde salen los
camiones de la compañía "Pirasol" que llevan a los migrantes a la
frontera.
Y de nuevo, un taxista, se lo
advirtió: "doña, no vaya ahí (al taller)... se acaban de perder
cuatro muchachos y dicen que sus familiares entraron a buscarlos
pero no les han dicho nada y hasta ahorita no aparecen".
La Procuraduría General de la
República (PGR) abrió también averiguación previa, la denominada AP/PGR/QRO/SUBDEL-AMPFDC/995/2010/INC/AP/PGR/QRO/SJR-VII/258/2010
por la comisión de los delitos de violación a la Ley General de
Población en su modalidad de tráfico de indocumentados y asociación
delictuosa.
Presumiblemente son 6 los "polleros"
involucrados, aún cuando hasta ahora hay cuatro detenidos: Bernardo
González Jiménez, Esteban García Pérez, Arturo Mayorga Villeda y J.
Abel Garay Martínez.
Volvían de vacacionar en EU; los
agarraron en un restaurante
Los hermanos Natanael y Josué Axel R.
G., originarios del Distrito Federal, jamás imaginaron que sus
vacaciones a Estados Unidos, iban a tener un final fuera de toda
realidad, regresaban ya de Texas, pasaron la aduana de Reynosa, y le
dijeron a su padre por teléfono, ya vamos en camino, estamos cenando
en un restaurante de Valle Hermoso.
Después ya no volvió a saber de
ellos, desparecieron el 23 de agosto del 2010.
Narra el señor Arturo R. padre de las
hoy víctimas, que la última comunicación que tuvieron sus hijos ya
no fue con él, sino con uno de sus amigos a quienes le mandaron un
mensaje vía celular: "No mames wey, entraron personas armadas al
restaurante y nos están secuestrando. No me marques, ni me mandes
mensajes, y si no aparecemos le avisas a mis papas lo que pasó".
El 25 de agosto de 2010, sus padres
se preocuparon y empezaron a buscar a sus hijos, Natanael Arturo de
36 años, y Josué Axel de 21 años de edad, fue cuando el amigo de sus
hijos les enseñó el mensaje, y de inmediato pidieron ayuda a la PGR.
Allí empezó el viacrucis para Román
Medina y su esposa, ya que afirma que las autoridades de la
Procuraduría General de la República lejos de ayudarlos se burlaron
de ellos: "Nombre, a quién quiere hacer weyes, vaya a dar lata a
otra parte, porque ninguna persona secuestrada tiene tiempo para
mandar mensajes avisando lo que les pasó". Los corrieron.
Con una playera negra de manga corta,
unos shorts tipo militar y una venda en su mano, buscaba
afanosamente a los medios de comunicación para que publiquen su
pesadilla.
Narra que se vino a San Fernando,
Tamaulipas, para iniciar la búsqueda de sus dos hijos, pero tuvo tan
mala suerte que un día antes se había localizado la bodega
abandonada con los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos (el
hallazgo de 2010), nadie le hacía caso, porque todos iban y venían
ocupados por esa tragedia.
Se fue a Reynosa para solicitar ayuda
en la Procuraduría de Justicia, pero de igual forma nadie lo
atendía; tenían un problema mayor que atender, preparar todo para la
llegada de los diplomáticos de Centroamérica y la llegada de los 72
cadáveres de los centroamericanos.
"Estaba que no me calentaba ni el
sol, desesperado e impotente porque aquí nadie me quería ayudar,
nadie me daba respuesta de nada, ni siquiera me atendían para poner
mi denuncia, me regrese a San Fernando, y menos me atendieron ya que
el fiscal del municipio había sido secuestrado y unos días después
se le encontró muerto".
"Me regresé de nuevo a la capital del
país y empecé a vender mis camiones de mudanzas para iniciar mi
investigación por cuenta propia, me han extorsionado autoridades, y
no me dan respuesta, pero voy a continuar ya que todavía algo me
dice que mis hijos están vivos, algo me dice que los tienen
trabajando contra su voluntad".
"Queremos que nos ayuden, publiquen
que los estamos buscando y si Dios lo quiere, y si mis hijos aún
están vivos que sepan que seguimos buscándolos que son todo lo que
mas amamos en el mundo, que las fuerzas que nos quedan a mi esposa a
y mi es para dar con ellos encontrarlos como sea, pero
encontrarlos".
Román guarda silencio, y se queda
pensando, viendo a las demás familias que al igual que él llegaron
de varios estados para buscar a sus seres queridos entre los hasta
entonces 26 cadáveres encontrados en fosas de San Fernando. Ahora
son 145 víctimas.
Ve como señoras con sus hijos en
brazos caminan de un lado para otro, se ven unos a otros, forman sus
grupos para platicarse como y cuando desparecieron sus esposos o
hijos, mientras que otras personas sólo se quedan sentados tomándose
un refresco y comiéndose algo que les llevaron autoridades
municipales, del DIF, Iglesias y de la Canaco local.
Ve que sale un tráiler con 76 cuerpos
que serán llevados a la ciudad de México y dice, "ya ven las
autoridades no se apiadan de nosotros, nos toman muestras de ADN y
ahora sin decirnos nada se llevan los cuerpos, ahora qué va a
pasar".
"Yo por fortuna vivo en el Distrito
Federal me regreso y allá busco respuesta".
Y se cuestiona, "pero como le van
hacer las familias que vienen sin dinero de otros estados, viajaron
cientos de kilómetros, para que estas autoridades sin tocarse el
corazón, sin informarles nada, los dejan nuevamente con la mente
trabajando a todo lo que da para desmenuzar como conseguir mas
dinero para viajar a México por nuevas respuestas".
Lo peor, se pregunta, "así como les
dieron lonches y agua, les van a dar dinero para su pasaje, y lo
principal la seguridad para cruzar de regreso por San Fernando, allí
por esa ciudad donde desaparecieron sus familias y cientos de
personas, mexicanas y centroamericanas. Allí donde se han evaporado
varios autobuses sin que sus dueños presenten una denuncia formal, a
ver ahora qué nos pasa", puntualizó.
Una historia similar
En ese mismo lugar, dos mujeres de
Montemorelos, Nuevo León, narran la misma situación, también a su
hijo lo secuestraron hombres armados.
Pero en este caso, el hijo de la
señora María Guadalupe Vargas Flores fue secuestrado en su
municipio, desde el sábado 19 de marzo del presente año, pero busca
afanosamente a su vástago en Tamaulipas, ya que denuncia que las
autoridades de Nuevo León en vez de ayudarla le dicen que ya no le
mueva, que no busque la muerte.
Con lágrimas en los ojos, María,
asegura que en Montemorelos, Nuevo León, no hay ley, que sólo le
dicen que a su hijo se lo trajeron a Tamaulipas, por eso lo busca en
esta entidad con la esperanza de encontrarlo entre los restos de las
fosas de San Fernando.
"Me amenazan de muerte las propias
autoridades de justicia, que ya no lo busque, que no me meta en
problemas, pero no me importa qué me pase, yo voy a exigir justicia
y denunciando la corrupción y putrefacción que hay en la justicia de
Nuevo León", puntualizó.
En Guanajuato, les piden no hablar
TARIMORO, Gto.— El hombre que atiende
detrás del mostrador de la pequeña tienda de abarrotes intenta
negociar algo a cambio de su silencio con la mujer que habla al otro
lado del teléfono. Es posible escuchar el diálogo porque tiene el
altavoz puesto: “¿Nomás quiero saber si usted está con nosotros y
con esta gente, o no?”, inquiere la mujer. “Yo estoy con ustedes,
pero nomás dígame si nos van a ayudar, porque ya ve lo que pasó
ayer”, dice.
El tendero es un hombre maduro, más
allá de los 60 años. Tiene el cabello y bigote encanecidos. Se ve
exhausto al colgar. Un par de minutos después comenta que la persona
con quien hablaba trabaja en la subprocuraduría de justicia en
Celaya y que llamó para reclamarle que estuviera dando información
sobre los cuatro vecinos desaparecidos después de que hombres
armados los bajaron de un autobús en Tamaulipas. El tendero es el
delegado de Huapango, una comunidad en lo alto de las cordilleras
que cruzan el municipio, cuya larga tradición migratoria ha dejado
mujeres solas, niños y ancianos.
“Discúlpeme, pero ya no quiero hablar
de lo mismo”, dice Refugio Patiño Cervantes. “Acaban de preguntarme
que por qué ando dando información… Ya vinieron de allá y de acá
para decirme que por qué paso información. Y pues no, oiga”.
Al lado suyo está su esposa. Es quien
ofrece razones para el silencio. Las familias de los cuatro
desaparecidos están molestas con ellos, justo porque revelaron su
identidad hace unos días. “¿Sabe lo que han hecho los reporteros?
Los están haciendo llorar, y luego cuentan puras mentiras: ya nos
han matado a los muchachos desde el viernes. Por eso ya nos dijeron
los de la procuraduría que cuando ellos tengan información, ellos
serán los que la den, que nosotros no. Nosotros ya tenemos muchos
problemas. Fíjese: ayer vinieron los insensatos de una funeraria a
ofrecer sus servicios, porque en la prensa escriben que ya
identificaron a los muchachos”.
De Huapango y Guadalupe, otra
comunidad aledaña, partieron seis de los 60 migrantes cuya
desaparición en Tamaulipas ha sido formalmente denunciada por sus
familias ante autoridades ministeriales de Guanajuato.
Con ellos se reunieron la mañana del
martes funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y de la
Procuraduría de Justicia estatales. El matrimonio dice que los
instruyeron para no hablar sobre el tema. Lo mismo le ordenaron a la
propietaria de una tienda de abarrotes, ubicada a tres calles de la
de Patiño, al lado de la plaza principal. Ella opera simultáneamente
una oficina de transportes El Conejo, que ofrece pasajes en autobús
a destinos como Dallas o Denver. “Yo no puedo dar información por
órdenes de la procuraduría”, dice, sin entrar en detalles.
Desde comienzos de la semana, el
gobernador Juan Manuel Oliva habló antes los medios para anunciar
“programas integrales” de ayuda a las familias de los migrantes
desaparecidos e instó a quienes no lo hayan hecho todavía, a que
denuncien sus casos.
Como parte de esa estrategia de
ayuda, el lunes, personal de la procuraduría y de Asuntos
Migratorios, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del
gobierno local, comenzaron a entrevistarse con las familias
denunciantes. Los funcionarios de Asuntos Migratorios básicamente se
abocan a levantar un censo de pobreza para después ofrecer
asistencia social, dice la titular del área, Susana Guerra.
“No todas las familias están en
Oportunidades”, menciona. “Algunos niños, cuyos papás están en estos
momentos desaparecidos, no estaban yendo a la escuela. A algunas
(familias) les damos todas las facilidades para que puedan
incorporarse al Seguro Popular. Básicamente es como integrarlos a
todo el esquema social que tienen los conductos estatales para
apoyarlas en este proceso. La gran mayoría son personas de escasos
recursos, cuyos hombres fueron hacia el norte en busca de mejores
condiciones de vida”.
El peligro de emigrar
Guanajuato es la entidad que mayor
cantidad de migrantes expulsó entre 2005 y 2010. De acuerdo con el
INEGI, en ese periodo salieron con rumbo a Estados Unidos 118 mil
guanajuatenses. El fenómeno es indicador del pobre desarrollo que
vive el estado, dice Saúl Arellano, director de investigaciones del
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social
(Ceidas), quien en 2009 realizó un mapa de la pobreza en la región.
A las familias de Huapango y
Guadalupe, cuyo pilar de su economía son las remesas que envían sus
hijos y esposos, Guerra les habló de lo peligroso que resulta
emigrar. “El proceso de emigrar no es rápido, como que llegan a la
frontera y los ve el pollero y rápidamente cruzan”, cuenta la tarde
del martes, sentada en una cafetería en las orillas de Irapuato,
donde sostuvo otro encuentro privado con más familias.
En el café, la funcionaria estatal
habla sobre las versiones que le han ofrecido los familiares de las
víctimas: “algunas son emocionales, por razones obvias, y tienes que
ver con rumores. De un hecho real se desprenden cantidad de
versiones sobre diferentes posibilidades”.
Esa es una de las causas por las que,
dice el procurador Carlos Zamarripa, se ha optado por no revelar su
identidad ni ubicación. La otra, añade, es una razón de seguridad.
Fuera de eso, la procuraduría ha
hecho poco, de acuerdo con el mismo funcionario. No investigan el
paradero de ninguno de los 60 desaparecidos porque “los hechos
sucedieron en Tamaulipas”. Tampoco sabe si los casi 120 mil
ciudadanos que emigraron desde 2005 lo hicieron solos o a través de
redes de traficantes humanos. “Eso es competencia federal”,
justifica. Lo que sabe es lo que han declarado las familias en sus
denuncias: que los autobuses invariablemente fueron interceptados
por hombres armados cuando circulaban por las inmediaciones de San
Fernando, en el noreste tamaulipeco, y que la edad promedio de los
que bajaron es de 25 años.
Sin embargo, Zamarripa tiene una
información distinta a la de Susana Guerra. El procurador dice que
“no todos eran migrantes con pretensiones de llegar a Estados
Unidos, sino que entre las víctimas hay comerciantes y ciudadanos
con pasaporte para cruzar la frontera”. Y entre los testigos,
sobrevivientes de los secuestros, hay también jóvenes. Pero
desconoce el motivo por el cual fueron dejados en libertad.
El personal a su cargo no solamente
ordenó guardar silencio a las familias de Huapango y Guadalupe. En
Rincón de Tamayo, el padre de Raúl Arreola, uno de los migrantes
secuestrado en Tamaulipas, dice que le prohibieron hablar cuando lo
buscaran los reporteros. “Nos dijeron que no diéramos nada, porque
puede ser peligroso para la familia. Y es mejor así, porque las
mujeres están muy sensibles”, explica el hombre, que refleja el
estrago de los días, con barba crecida de manera irregular y
profundas ojeras. “La orden es que esperemos noticias cuando los de
la procuraduría sepan lo que pasó”.
Centroamericanos presumen que hay
paisanos en narcofosas
La última vez que Feliciano Tagual
Ovalle se comunicó con sus familiares desde México, dijo que viajaba
con varios guatemaltecos a los que había encontrado en el camino y
que se dirigían a Estados Unidos. Eso fue el 24 de marzo y jamás
volvió a llamar. Hasta el momento, es el único extranjero
identificado entre más de un centenar de cadáveres hallados en San
Fernando, Tamaulipas.
Aunque los gobiernos de Guatemala, El
Salvador y Honduras, no descartan que pueda haber connacionales
entre las 116 víctimas que han sido halladas, ninguno ha recibido
alguna notificación oficial de México para participar en la
identificación, por lo que las autoridades salvadoreñas enviarán hoy
una nota diplomática para pedir acceso a la información.
El cónsul de Guatemala en México,
Héctor Sipac Cuin, en entrevista con EL UNIVERSAL, dijo:
“Lamentablemente creemos que hay más compatriotas nuestros entre las
víctimas, no lo podemos descartar”, por lo que pidió al gobierno
mexicano que informe sobre los avances en las diligencias para
identificar los cuerpos, “pues hasta el momento no hemos recibido
ninguna notificación oficial para colaborar”.
En el caso del guatemalteco Feliciano
Tagual, de 44 años y originario de Chimaltenango, la identificación
fue posible ya que entre los restos se encontró una credencial con
su fotografía y un acta de nacimiento. Las autoridades de Tamaulipas
contactaron al consulado y les enviaron la información.
La esposa e hija de Feliciano ya
habían iniciado su búsqueda. Se presentaron el viernes pasado en la
Cancillería de su país para pedir ayuda, pues el padre de familia
había dejado de llamar hacía más de 15 días. El jueves 24 de marzo
fue la última vez que se comunicó y dijo que estaba bien en esa
ocasión, pues incluso se había encontrado a otros guatemaltecos en
su camino y todos juntos se dirigían a Estados Unidos.
Quedó en hablar por teléfono en
cuanto pudiera, pero la llamada nunca llegó; aunque la familia no
sabe precisar en qué parte de México estaba cuando hablaron por
última vez con Feliciano, ni cuántos más iban en su grupo.
“Por este testimonio de la familia,
pensamos que podría haber más compatriotas asesinados e inhumados en
estas fosas clandestinas”, indicó el cónsul.
Hugo Carrillo Corleto, embajador de
El Salvador en México, indicó en entrevista: “Hasta ahora ninguna
autoridad en México nos ha indicado que pudiera haber algún
connacional entre las víctimas”, aunque ante la dimensión de los
crímenes y el hallazgo de un guatemalteco “es muy probable que haya
otros migrantes y se repita la historia de San Fernando de 2010”.
Adelantó que hoy se enviará una nota
diplomática al gobierno de México para pedir el acceso a las
muestras genéticas y huellas dactilares que ha recabado la
autoridad, para colaborar en una eventual identificación de
salvadoreños.
José Mariano Castillo Mercado,
embajador de Honduras en México, explicó por su parte que ha entrado
en contacto con el gobierno mexicano ante el hallazgo de los
cadáveres, pero “hasta el momento no existen indicios concretos de
que haya algún connacional”, aunque se mantiene a la expectativa
sobre cualquier reporte oficial en el avance de las investigaciones
de las fosas de San Fernando.
Choferes eluden la “vía de la muerte”
“Ese día venían cinco camionetas.
Cherokee, Suburban, Durango. Recuerdo que todas eran grises. Yo les
pedí el cambio de luces. No me contestaron. Cuando vi que eran de
los mañosos, pise el acelerador. Todos venían armados. Me seguí
hasta el retén militar”.
Estos son los testimonios de personas
que han viajado por la llamada “carretera de la muerte”, la 101
Victoria-Heroica Matamoros, en Tamaulipas, y que han sobrevivido a
los retenes que el crimen organizado ha montado desde Villa Padilla
hasta San Fernando.
“Mire el culatazo que me dieron. A
todas las bajaron, son unos perros desgraciados. A las chamaquitas,
las señoras y señoritas ahí las desnudaban y violaban. Y a culatazos
las subían a camionetas. A mí no me bajaron porque no podía caminar,
por eso me pegaron”, cuenta una señora de Monterrey que viajaba en
uno de los tres camiones que esa noche detuvieron.
“Esto ya venía de tiempo atrás. Nada
más que uno no puede decir nada. Desde hace como mes y medio o dos
meses ya nos paraban en la carretera, bajaban a la gente y se la
llevaban”, relata el chofer de uno de esos tres camiones, cuyo
nombre por seguridad se reserva.
En unos minutos sale hacia Reynosa.
Mientras se bolea los zapatos cuenta cómo hace 12 días escapó. Pero
el autobús que venía detrás de él no corrió la misma suerte.
“Metí todo el acelerador hasta el
retén de los militares. ¿No te pararon? No, les dije. Les platiqué
cómo eran las camionetas. Sólo me dijeron: ‘Qué bueno que no te
pararon. Ya síguete’. Llegando a la central, media hora atrás llegó
el otro compañero. Venía de Zitácuaro, a él le bajaron 12 personas.
“Te paran las camionetas, todas las
que hemos visto la mayoría son grises. Sin letras ni insignias, con
vidrios polarizados. Se te cierran. Se sube una persona y dice:
‘haber tú y tú, abajo’.
“Como dice el jefe de aquí de la
central. Yo no puedo hacer nada porque de antemano sabemos quiénes
son los que nos paran. Pero si vamos a denunciar lo único que nos
van a decir es: bueno ¿tú quién eres, eres su familiar, su pariente,
su trabajador, es tu empleado?
“Nosotros, como empleados, tenemos la
obligación de transportarlos de origen a destino. Pero si tú como
pasajero dices quiero bajarme aquí, estás en tu derecho. Y en este
caso te paran las camionetas y se te cierran. Qué puedes hacer”,
afirma.
Otro de los choferes en esta Central
del Norte asegura que desde hace un año los retenes falsos se
intensificaron. “Con uno no se metían. Nos bajaban a todos los
hombres, los revisaban, les pedían sus documentos pero no se los
llevaban. A veces los asaltaban, pero los volvían a subir, pero
ahorita se los llevan, incluso a mujeres y niñas”.
Un chofer que está próximo a salir a
Matamoros vía Monterrey asegura que no sólo se llevan a migrantes.
“Es la misma gente que vive ahí, gente del país o que son personas
que van por negocio, es gente bien, gente que no se ve maleada y que
no te imaginas que pueda dedicarse al narcotráfico”.
Desde hace dos semanas todas las
líneas de autobuses cuyo destino es Matamoros o el sur de Estados
Unidos como Brownsville, Texas, dieron la orden de cambiar la ruta.
La orden es ya no pasar por San Fernando, por lo que llegan sólo
hasta Victoria y se desvían a Monterrey.
Fuente
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