ACUSAN A VICEPRESIDENTE ARGENTINO DE CORRUPCIÓN
El
vicepresidente argentino es un hombre con fama de rebelde,
al que le gusta divertirse y tocar la guitarra y quien se
presentó al festejo del triunfo electoral enfundado en una
chaqueta de cuero, parte de una nueva generación que se prepara
para ejercer el poder en el futuro. Un escándalo, no obstante,
le está desdibujando a Amado Boudou su imagen de
político precoz, lleno de promesas.
Boudou, de 48 años, ha sido acusado de interceder para que un
contrato de 55 millones de dólares para imprimir billetes fuese
concedido a asociados secretos a través de una oscura compañía que
fue usada para costear viajes de placer de amigos y familiares.
El vicepresidente sostiene que la prensa y la justicia inventaron
el escándalo. "Hay un plan urdido para intentar buscar una ligazón
con personas que yo no las tengo", afirmó Boudou en un enérgico
discurso ante el Senado en abril, la única ocasión en que se explayó
en torno al tema.
Pero figuras de la oposición dicen que Boudou y el gobierno están
tratando de encubrir el escándalo, con una actitud que refleja una
cultura de impunidad. El episodio alimenta la ansiedad de la
población en torno a un gobierno al que le cuesta estabilizar la
economía y que está enfrentado con el sector empresarial.
Los fiscales dicen haber encontrado evidencia suficiente como
para acusar de
enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y manejo de
influencias a Boudou, su novia, su mejor amigo y un misterioso
abogado que supuestamente usó por años como testaferro en negocios
secretos. Un juez investigador debe decidir ahora si le inicia un
proceso que, de ser hallado culpable, podría impedirle volver a
ejercer cargos públicos.
Algunos gobiernos latinoamericanos han tomado sonadas medidas
contra la corrupción. Chile saca a licitación todo contrato de 150
dólares para arriba a través de un sistema online transparente. La
presidenta de Brasil Dilma Rouseff se desprendió de siete ministros
sin siquiera esperar los resultados de investigaciones de
malversación de fondos públicos.
En Argentina, donde la justicia usualmente avanza a paso lento,
Boudou consiguió resultados inmediatos con su queja de que elementos
corruptos de la justicia estaban filtrando información
comprometedora: el fiscal y el juez investigador que intervenían
quedaron afuera del caso, y el Procurador General Esteban Righi,
venerado por su trabajo en el área de los derechos humanos, renunció
bajo presión.
Es poco probable que Boudou sea sometido a juicio político ya que
Fernández tiene amplia mayoría en el Congreso.
En esta sistema, es la prensa la que está sacando a la luz las
presuntas irregularidades, y a cada rato surgen nuevos indicios que
vinculan a Boudou con The Old Fund, una empresa de propiedad
desconocida con la que al funcionario dice no tener relación alguna.
Boudou niega haber cometido irregularidades y la presidenta
Cristina Fernández le está dando un silencioso pero claro apoyo,
incluyéndolo casi a diario en eventos frente el público. El problema
es que Boudou, quien hasta hace pocos meses asomaba como el
candidato natural a suceder a Fernández en el 2015, no habría
actuado solo: los líderes de la agencia impositiva, del banco
central y de la casa de la moneda apoyaron algunas de las decisiones
que lo llevaron a los tribunales.
Ahora legisladores de oposición acusan a la presidenta de aprobar
un encubrimiento digno de la era de Richard Nixon y se preguntan qué
sabía de Boudou cuando lo seleccionó como compañero de fórmula.
Según documentos presentados en los tribunales y declaraciones
ante el Congreso, a fines del 2010, seis meses antes de su selección
como candidato a la vicepresidencia, Boudou usó sus atribuciones
como ministro de Economía para ayudar a que The Old Fund salir de la
quiebra de la impresora Ciccone Calcográfica. La maniobra impidió
que la impresora quedase en manos de Boldt, firma que tiene lazos
con el principal rival político de Boudou, el gobernador de la
provincia de Buenos Aires Daniel Scioli.
The Old Fund pagó 579.000 dólares de origen desconocido para
tomar el control de Ciccone, y Boudou y el
titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Ricardo Etchegaray fijaron términos muy ventajosos para la
cancelación de una deuda impositiva de 51 millones de dólares: un
plazo de 12 años con intereses mensuales de 0,5%, muy por debajo de
los índices de inflación.
"Como ministro de Economía no hice ninguna acción para favorecer
a la empresa Ciccone", afirmó Boudou. "Lo único que hice fue
contestar una carta de la AFIP para cuidar la firma, porque nosotros
hacemos eso en el gobierno, cuidar las firmas de la Argentina.
Cuidamos a las empresas argentinas. Protegemos y administramos el
comercio exterior".
Renombrada Compañía de Valores Sudamericana, la impresora pronto
empezó a ganar millones de dólares generados por material de la
campaña Ferández-Boudou.
Leyes que protegen el secreto empresarial hacen que resulte
difícil determinar quién es propietario de qué, pero periodistas
investigadores de los diarios Clarín, La Nación y Perfil dicen haber
encontrado documentos que indicarían que detrás de The Old Fund hay
una serie de empresas oscuras, algunas de ellas en el exterior, y de
"prestanombres" que son usadas en operaciones turbias a cambio de
una comisión.
La oposición dice que The Old Fund fue usada para costear
iniciativas del círculo de Boudou: recibía fondos no reportados que
eran empleados en proyectos políticos o en viajes de placer, según
legisladores opositores que pidieron una investigación del Congreso.
"El vicepresidente de la Nación alega no conocer ni poseer ningún
tipo de vínculo con los miembros de las empresas de referencia, pero
sin embargo existen una cuantiosa cantidad de hechos que
confeccionan una compleja trama de conexiones entre ellos", declaró
el senador radical Gerardo Morales.
El primer batacazo se produjo cuando una mujer despechada, Laura
Muñoz, le dijo al
periodista Jorge Lanata en una entrevista radial que su marido,
el abogado Alejandro Vandenbroele, había servido como testaferro de
Boudou en varios negocios secretos. Vandenbroele, de hecho, era el
director de The Old Fund y el único empleado de que se tenga
noticia. Muñoz dijo que había hecho esa revelación porque temía que
partidarios del gobierno atentasen contra su vida y que le había
dado mucha información comprometedora a los investigadores.
Boudou y Vandenbroele negaron conocerse. El vicepresidente dijo
que jamás había visto al abogado y Vandenbroele publicó un aviso en
el diario Cronista Comercial en el que aseguró que era
"absolutamente falso que sea testaferro del señor vicepresidente de
la Nación".
"No fui, ni soy amigo, ni conocido y mucho menos cierto que tenga
con él relación comercial alguna", aseguró el abogado en la
solicitada publicada en el diario El Cronista Comercial. "Tal
supuesta relación (con Boudou) no es más que el producto de la
inventiva de mi esposa", expresó Vandenbroele.
Sin embargo, siguieron apareciendo documentos comprometedores. El
diario La Nación encontró registros que muestran que la compañía
pagó por numerosos viajes del hermano de Boudou y de amigos: viajes
a esquiar a Aspen, vacaciones en San Diego, Nueva York y París;
viajes a la Copa Mundial de Sudáfrica y decenas de viajes rápidos a
Uruguay, todos arreglados por la antigua novia de Boudou, quien era
agente de viajes.
El viajero más frecuente con
gastos pagados por The Old Fund parece ser José María Núñez
Carmona, el mejor amigo de Boudou y cliente de Vandenbroele, según
reveló el diario la semana pasada.
El partido Radical pidió una investigación conjunta de las dos
cámaras legislativas, pero el senador oficialista Miguel Pichetto
dijo que no sería prudente llamar testigos al Congreso mientras la
justicia investiga las denuncias. Agregó que el oficialismo no duda
de "la absoluta inocencia del vicepresidente." Fuente
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