ONU: MÉXICO EL
PAÍS MAS PELIGROSO PARA PERIODISTAS
La ONU considera a México como el
país más peligroso de América Latina para los
profesionales de la comunicación
MÉXICO, D.F.- México se ha convertido
en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas,
afirmó Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y
Protección del Derecho a la
Libertad de Opinión y de
Expresión, pues del año 2000 al 2010, 66
comunicadores han sido asesinados y 12 desaparecidos.
El funcionario del organismo
internacional señaló la falta de voluntad política que ha
prevalecido en la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas
de la Procuraduría General de la República (PGR) pues desde 2006,
año en que fue creada, no ha logrado la sanción penal de un solo
responsable y únicamente ha consignado cuatro casos.
Lo anterior, en el informe final
sobre la misión oficial conjunta con la relatora especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Catalina Botero, del 9 al 24 de agosto de 2010.
En aquella ocasión, ambos visitaron
el Distrito Federal, los estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y
de México, en donde sostuvieron reuniones con autoridades
gubernamentales, legislativas y judiciales tanto a nivel federal
como estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil, de
periodistas y con otros actores relevantes.
En el documento, La Rue recalca que
sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad
de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier
medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a
combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y
que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del
Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.
Al respecto, Frank La Rue lamenta que
muy pocos de los homicidios de periodistas hayan sido esclarecidos,
y hace referencia a atentados recientes contra los medios de
comunicación.
“La violencia se ha extendido a grado
tal que durante el primer semestre de 2010,
medios de comunicación nacionales sufrieron intimidaciones y
presiones por parte del crimen organizado para publicar o no
publicar cierta información; algo que con anterioridad afectaba
principalmente a los medios estatales y locales”, establece.
El relator especial de la ONU
sostiene que durante su visita no recibió información concreta y
suficiente sobre condenas penales y administrativas en alguno de los
casos. Considera necesario y urgente que la defensa de las y los
periodistas sea parte de la política contra el crimen en México.
En este sentido, el relator considera
necesario crear un mecanismo de protección para
periodistas, el cual “debe ser implementado a través de un
comité oficial e interinstitucional de alto nivel; liderado por una
autoridad federal; con capacidad de coordinación entre las diversas
autoridades y órdenes de gobierno; dotado con recursos propios y
suficientes, con la participación de periodistas y organizaciones de
la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación”.
Asimismo, el informe recomienda
fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General
de la República y a las procuradurías locales.
El relator especial considera que los
periodistas interesados en asuntos públicos, particularmente
aquellos que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas,
no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento
como represalia por su trabajo.
Menciona que el Estado no solamente
está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de
violencia contra
periodistas, sino también a prevenir razonablemente las
agresiones provenientes de particulares. “Tiene además la obligación
de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, sancionar a los
autores de dicha violencia”, señala.
Frank La Rue también se refiere a la
existencia en México de una alta concentración en la propiedad y el
control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado
frecuencias radioeléctricas, además de que no existen procedimientos
claros, precisos y equitativos para otorgar frecuencias de operación
a las radios comunitarias.
Por ello, recomienda adoptar un marco
normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración
de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio
mediático plural y accesible a todos los sectores de la población.
Fuente
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