BICENTENARIO: LEY AGRARIA DE 1915

La Ley Agraria de enero de 1915, emitida en Veracruz por Venustiano Carranza pero redactada por Luis Cabrera --una de las mentes más lúcidas de los años de la Revolución--, se encuentra entre los documentos fundamentales del movimiento iniciado en 1910, por referirse al elemento central de dicho proceso que era la cuestión campesina. Hoy, a 95 años de su promulgación, cobra vigencia por su sentido de justicia social.

La Revolución mexicana constituyó un amplio movimiento en el que se vieron involucrados prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad de principios del siglo XX y que llegó a casi todos los rincones del país. Debido a tal amplitud este proceso tuvo motivaciones variadas, sin embargo el elemento que más le caracterizó fue su alto contenido campesino y de demandas agrarias. Al respecto incluso podemos considerar que, para amplios sectores que participaron en la contienda armada, algunas de las demandas de contenido social, político, económico o de otra índole estaban subordinadas al aspecto agrario.

Ello es lógico si consideramos que, no obstante el proceso de industrialización y modernización económica que vivía el país en los finales del régimen porfirista, México era mayoritariamente agrario. Para entonces la población nacional era de alrededor de 15 millones de habitantes, de los cuales 12 millones, es decir 80%, vivían en el medio rural y dependían de las formas de producción agrícola, fuera a través de las haciendas, de los pueblos o de la pequeña propiedad. De acuerdo con el censo de 1910 había 840 hacendados, que poseían 97% de los terrenos cultivables; el resto se lo repartían entre las comunidades, 411 096 agricultores y más de 3 millones de jornaleros.

Hacia 1909 Andrés Molina Enríquez había hecho una descripción precisa de la situación en el campo mexicano en su libro Los grandes problemas nacionales,2 ahí se señalaba una creciente situación explosiva debido a la fuerte concentración de la propiedad de la tierra, a lo que habían contribuido, sobre todo, dos procesos: la Ley de Desamortización de 1856 y las políticas privatizadoras establecidas durante el Porfiriato. Estas últimas llevadas a cabo mediante las compañías deslindadoras que asignaron a una élite de propietarios nacionales y extranjeros hasta 1906, año de su desaparición, 49 millones de hectáreas, es decir la cuarta parte del territorio nacional. Estas acciones se realizaron en buena parte con base en el despojo a las comunidades indígenas y los pueblos de campesinos.

Se crearon así propiedades fantásticas por su tamaño. En esos años, 15 haciendas sumaban una extensión de 1 464 612 hectáreas y en Chihuahua el general Terrazas poseía, él solo, millones de hectáreas. La desigualdad en el campo ya era en sí una provocación pero a ello habría que sumar el hecho de que muchas de esas tierras eran subexplotadas. Jesús Silva Herzog describía así parte de la situación:

El hacendado mexicano de fines del siglo pasado y de principios del XX no era efectivamente agricultor, no era hombre de campo, sino señorito de ciudad. Lo único que le importaba consistía en que el administrador de la finca le entregara periódicamente el dinero necesario para vivir con holgura en la capital de la provincia, en la ciudad de México, en Madrid o en París, según gustos personales y medios económicos. A la hacienda sólo iba de tarde en tarde, por una o dos semanas acompañado de amigos en plan de fiesta.

Sin duda la propiedad de las tierras y la producción agrícola constituían el principal problema de orden económico del México de entonces. Tan clara era la necesidad de abordar y dar solución a ello, que Francisco I. Madero, en su Plan de San Luis que convocaba a las armas en contra de Porfirio Díaz, señalaba como único punto (en el artículo 3) no relativo a la forma en que debía conducirse la rebelión, la necesidad de revisar la situación del campo debido al amplio despojo a comunidades y campesinos realizado a cargo de las compañías deslindadoras.

La rebelión iniciada formalmente el 20 de noviembre de 1910 en apariencia era una convocatoria a terminar con la cerrazón política del Porfiriato y a modernizar las estructuras electorales del país, lo cual quedaba descrito por el lema de 'Sufragio efectivo y la no reelección'. Sin embargo, a la hora de iniciarse las hostilidades armadas no todos los antirreeleccionistas participaron, muchos de ellos eran partidarios de la vía democrática y del consenso político y rechazaban la toma de las armas. Por el contrario, aparecieron grupos armados en apoyo a Madero; casi de manera espontánea algunos de ellos, que en principio no estaban vinculados a la lucha sufragista, pero que percibían en la deposición del régimen de Porfirio Díaz la posibilidad de cambiar la lógica del gobierno por otra que fuera sensible a sus demandas de orden social, agrario, económico y no sólo de democracia formal.

Un nuevo gobierno, los mismos problemas y las críticas de Luis Cabrera

En abril de 1911 Porfirio Díaz y su ejército dimitieron dando fin a la revolución maderista. Ello hacía suponer que Madero y sus seguidores tomarían pleno control de la política nacional y que emprendería un gobierno de reformas que rebasarían lo estrictamente electoral. Lamentablemente, como sabemos, ello no sucedió.

Entonces surgió como uno de los críticos al desempeño maderista el liceniado Luis Cabrera, quien desde la perspectiva revolucionaria señaló los yerros del presidente.4 Entre ellos observó los peligros que vivía el nuevo régimen y la posibilidad real de una contrarrevolución si no se llevaba a cabo una reforma agraria. Con notable claridad veía la necesidad de controlar la situación armada y política del país, pero mediante una reforma de orden económico centrada en el reparto agrario, que además de hacer justicia a los campesinos sirviera como forma de desactivación de cualquier foco insurreccional.

Así, el 27 de abril de 1911 Cabrera se había dirigido a Madero señalándole la urgencia de este tipo de reformas:

La responsabilidad de usted en este punto es tan seria, que si no acierta a percibir con claridad las reformas políticas y económicas que exige el país, correrá usted el riesgo de dejar vivos los gérmenes de futuras perturbaciones de la paz, o de no lograr restablecer por completo la tranquilidad en el país.

En otra ocasión he mencionado las reformas que en mi concepto es más urgente implantar, y algunos escritores, como Molina Enríquez, han hecho un catálogo completo de las necesidades del país, que Ud. puede consultar, teniendo cuidado principalmente de discernir que las necesidades políticas y democráticas no son en el fondo más que manifestaciones de las necesidades económicas.5

En consonancia con estas ideas, el propio Cabrera, ya electo diputado por el distrito de San Ángel del Distrito Federal para la XXVI Legislatura, el 2 de diciembre de 1912 presentó ante la Cámara un proyecto de ley para la reconstitución y dotación de los ejidos, en el cual se proponía la restitución de las tierras ejidales como medio para consolidar la paz. Este dardo iba dirigido contra el ejecutivo, quien desde luego era partidario de la pacificación del país pero sin hacer reformas de índole económica, lo cual se pretendía dejar para más adelante. Madero, por el contrario, pensaba que el reparto de tierras crearía situaciones conflictivas y se daba por bien servido con algunos avances en materia electoral y política, sin considerar que buena parte de las huestes que lo habían seguido y apoyado militarmente, lo habían hecho movidos por la expectativa de que se dieran reformas de orden social y económico más amplias.

Cabrera disentía del accionar maderista y señalaba:

Mi criterio no es el mismo; el mío es que el restablecimiento de la paz debe buscarse por medios preventivos y represivos; pero a la vez por medio de transformaciones económicas que pongan a los elementos sociales en conflicto en condiciones de equilibrio más o menos estable.

En ese sentido, una de las medidas económicas trascendentales y benéficas para la paz era la reconstrucción de los ejidos.

Y complementaba que dentro de las reformas de orden económico las relativas a la cuestión agraria eran las centrales. En su alocución ante la Cámara de Diputados denunció que la situación de miseria que se vivía en el campo había originado el zapatismo y la inestabilidad. La pobreza era la causa que orillaba a los campesinos a tomar las armas. Por ello consideraba que lo más urgente era reconstituir el ejido y restituir la propiedad de la tierra para miles de campesinos despojados. Cabrera estaba seguro que el reparto agrario era la manera de consolidar al nuevo gobierno y la paz. Llegó a plantear entonces la necesidad de expropiar tierras para reforzar el ejido señalando:

La cuestión agraria es de tan alta importancia, que considero debe estar por encima de la alta justicia de reivindicaciones y de averiguaciones de lo que haya en el fondo de los despojos cometidos contra los pueblos. No pueden las clases proletarias esperar procedimientos judiciales dilatados para averiguar los despojos y las usurpaciones, casi siempre proscritos; debemos cerrar los ojos ante la necesidad, no tocar por ahora esas cuestiones jurídicas y concentrarnos a procurar tener la tierra que se necesita.7

La propuesta legislativa de Cabrera, que a muchos pareció controvertida e incendiaria, se centraba en cinco artículos dirigidos a realizar la expropiación de terrenos a fin de restituirlos a los ejidos.

Como sabemos, estos intentos no prosperaron, no se llevó a cabo la reforma agraria, no hubo reparto de tierras ni restitución a los pueblos. El propio Madero consideró que la propuesta de Cabrera era 'sumamente peligrosa', y por el contrario se dio un creciente enfrentamiento con Emiliano Zapata luego de que el general Victoriano Huerta fuera nombrado jefe de operaciones militares en el estado de Morelos (abril de 1910-abril de 1912) manteniendo una fuerte persecución de los zapatistas.

Madero fue víctima de sus errores y de la falta de un programa de reformas sociales: permitió la permanencia y reorganización del ejército porfirista, propició el desarme de las fuerzas revolucionarias que lo habían llevado al poder, transigió con las fuerzas del Porfiriato y sobre todo no realizó el reparto agrario. Ello muy pronto agravaría su situación.
En febrero de 1913 se dio un nuevo intento de las fuerzas neoporfiristas por recuperar el poder. En esta ocasión Manuel Mondragón, junto a Bernardo Reyes (ex secretario de Guerra de Porfirio Díaz) y a Félix Díaz (sobrino del dictador), iniciaron una asonada a la que se unió Victoriano Huerta. El cuartelazo se consumó con el asesinato de Madero y la imposición de Huerta como presidente, iniciándose así una nueva etapa de la Revolución.

La muerte de Madero propició la reorganización de las fuerzas revolucionarias por todo el país siendo los ejércitos de Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata los más representativos. Huerta no pudo resistir el embate y debió salir del país en julio de 1914, exiliándose en España.

A partir de entonces se inició el distanciamiento entre las huestes revolucionarias, principalmente entre el carrancismo y el bloque de Villa y Zapata. Había diferencias de fondo entre estos grupos tal y como se observó en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que tenía por finalidad generar un acuerdo de todos los involucrados en el movimiento. En seguida siguió el enfrentamiento militar entre el bloque carrancista, apuntalado por generales como Pablo González y Álvaro Obregón, en contra de Villa que peleaba en el norte del país y Zapata en el centro. Los ejércitos conocidos como convencionistas lograron expandirse y tomar la capital de manera significativa en diciembre de 1914.

Carranza, forzado a retirarse, se refugió en Veracruz en donde, además de reorganizar sus fuerzas militares, decidió realizar una serie de propuestas de orden legal que significaran un programa de organización política y económica del país. Así inició el 4 de diciembre de 1914 decretando la incautación de los ferrocarriles Mexicano, Veracruz al Istmo, Tehuantepec y Yucatán. Después de ello haría modificaciones al Plan de Guadalupe al expedirse leyes agrarias y fiscales, una legislación obrera y minera, la reglamentación de la autonomía municipal (cuando el 29 de enero de 1915 modificó al artículo 72 de la Constitución), del sufragio universal y del petróleo. Por si fuera poco, el 29 de diciembre estableció la ley que permitía el divorcio. Entre todas estas reformas, una de las que adquiriría mayor relevancia sería el decreto del 6 de enero de 1915 en materia agraria, esto por la trascendencia que tendría durante el mismo movimiento revolucionario y por ser, más adelante, uno de los referentes principales para la redacción del artículo 27 de la Constitución de 1917, que permitiría realizar el reparto agrario por el cual habían peleado muchos de los revolucionarios.