La fortaleza, de la que da cuenta el periódico Tiempo, está amurallada con bardas perimetrales de 5 metros de altura y no es posible escudriñar en su interior.

Sin embargo, testimonios recogidos por el diario local señalan que unos 40 albañiles trabajan todos los días, desde hace varias semanas, en el equipamiento de la propiedad, como es el caso del acondicionamiento de una alberca subterránea, que aprovecha los desniveles del terreno.

En la periferia, los accesos al fraccionamiento La Cascada han sido recientemente pavimentados y, de acuerdo con testimonios de los vecinos, siempre según el reportaje de Tiempo, a últimas fechas se ha agilizado la obra pública en la zona, como los trabajos de desazolve, limpieza y rehabilitación del cauce del río San Felipe, que están más avanzados en el tramo del acueducto de la colonia La Cascada, justo frente a la residencia que se construye y que sería propiedad de Netzahualcóyotl Salvatierra.

«Lo primero que mandó a arreglar el dueño de la residencia fue el sistema de drenaje. En la calle José López Alavez hasta el registro fue cambiado. Se hizo el desazolve y se metió tubería más amplia”, reportó una vecina.

Las residencias y predios que existen en esa zona ubicada al norte de la ciudad de Oaxaca tienen un notorio plusvalor, de acuerdo con la publicación, y la razón es que, señala, hasta esa parte alta no llega el agua en temporada de lluvias, a diferencia de la parte baja, donde en cada temporada las casas corren riesgo de inundaciones por los desbordamientos del río San Felipe.

La mansión, explica Tiempo en su texto, tiene un costo muy superior al sueldo que haya podido acumular el funcionario estatal en los últimos tres años al frente de la Secretaría de las Infraestructura.

Expone que la Secretaría de Administración dio a conocer que la percepción mensual neta de Salvatierra López, como servidor público con nivel 24-A, es de 49 mil 820 pesos mensuales, por lo que en los últimos 3 años y 5 meses que ha estado al frente de la dependencia sus ingresos ascienden a poco más de 2 millones de pesos (aguinaldos incluidos), que representa apenas 5 por ciento del valor total de la obra.

El funcionario ha sido señalado en repetidas ocasiones en medios locales por el manejo presupuestal de la dependencia que encabeza.

Según esas denuncias, Salvatierra López otorgó, por ejemplo, 173 contratos en 2011 por un monto de 388 millones 269 mil 377 pesos, de los cuales 171 fueron asignados por adjudicación directa o invitación restringida, y sólo en dos casos hubo licitación pública de por medio. Además, el número de empresas beneficiadas por dichos contratos es reducido y, según los reportes, la gran mayoría de ellas no son oaxaqueñas.

El encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde, emplazó por tanto a que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) reintegre ese monto a la Federación, pues se trata de recursos que el gobierno federal transfirió a la capital del país.

Los recursos no comprobados por la administración de Ebrard fueron otorgados por el Gobierno de la República, en el marco del Fideicomiso FIES, y de transferencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia el Fondo Metropolitano.

«Una vez concluidas las auditorías, se inició un largo proceso para que inicialmente las autoridades de la administración pasada del Gobierno del Distrito Federal aclararan y desvirtuaran las afirmaciones que se le había comunicado”, dijo Olivas Ugalde.

En total, la Federación transfirió 14 mil 361 millones de pesos para la Línea 12 del Metro, que han sido auditados, de los cuales no se pudieron justificar 489 millones 422 mil 377 pesos.     Fuente:   Yahoo

Para quienes no cumplan, el decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a 254.000 bolívares (unos 40.317 dólares a la cotización oficial de 6,3 bolívares por dólar), que debe ser pagada en un lapso de cinco días. La multa será doblada si no se paga en ese lapso y, tras ello, de mantenerse la mora, «la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa», señala.

En una primera reacción, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), calificó la norma de «inconstitucional». En declaraciones a la emisora Noticias24, dijo que se trata de una medida que «despoja de su propiedad» a dueños legítimos, pese a que la Constitución sólo prevé la expropiación o la confiscación con el respectivo pago de una indemnización.

La norma, además, establece que el «precio justo» lo determinará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas. Según la Asociación de Propietarios,  el Gobierno  aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que debe reconocer el índice inflacionario, que en 2013 fue de 56,2 por ciento.

El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) lanzó en 2011 la Gran Misión Vivienda, un programa para hacer frente al déficit de inmuebles que sufre Venezuela y que, según cifras oficiales, afecta a 3,7 millones de jefes de familia carentes de hogar o con viviendas que requieren ser habilitadas.

El plan se apoya en la firma de diversos convenios con una decena de países, entre ellos, Rusia, China, Uruguay y Bielorrusia, y hasta mediados de 2013, el Gobierno informó de la entrega de 415.218 viviendas en todo el país.    Fuente:    Infobae