GOBERNADORES MEXICANOS LIGADOS AL NARCOTRÁFICO

Acusado de ayudar con recursos estatales y federales al cártel de Juárez, para introducir a México cientos de toneladas de droga desde Colombia y con destino a Estados Unidos, Mario Villanueva Madrid fue extraditado a ese país.

También miembro del PRI, fue gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999. Días antes de su sucesión, Villanueva se fugó y permaneció prófugo hasta el 2001, cuando fue detenido. 

Antes de su extradición a Estados Unidos, en mayo de 2010, estaba preso en una cárcel de la Ciudad de México. 

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República, Villanueva recibía entre 400,000 y 500,000 dólares por cada cargamento de cocaína que permitía almacenar en ranchos del estado, ubicado en el este de México, antes del traslado a Estados Unidos.

Es el más reciente caso de un exgobernador implicado en acusaciones por parte de la autoridad. Se trata de Narciso Agúndez Montaño, quien gobernó Baja California Sur del 2005 al 2011 y fue detenido en Monterrey en mayo de 2012 por el delito de peculado en agravio de la administración pública de su entidad. 

En diciembre del 2011 fue inhabilitado por la Contraloría de Baja California Sur por seis años, por irregularidades en la venta de predios del gobierno en un exclusivo fraccionamiento en el destino turístico de Los Cabos.

Según la Procuraduría General de Justicia de su estado, el exfuncionario ya no tiene derecho a la libertad bajo caución ni a la suspensión provisional o definitiva de su arresto.
 

El partido que lo impulsó para ganar la gubernatura, de la Revolución Democrática (PRD), se deslindó del exfuncionario. "El señor Agúndez manifestó abiertamente su decisión de separarse del PRD para sumarse las filas del Partido Verde", señaló la facción política en un comunicado.

Cuando ocurrió su inhabilitación, la dirigencia perredista acusó que detrás de las denuncias en contra del exgobernador había una "revancha política" por parte de la administración panista vigente, a cargo de Marcos Covarrubias.

Acusado de delitos que van desde homicidio doloso hasta defraudación y operaciones recursos de procedencia ilícita, el exgobernador chiapaneco está preso desde junio del 2011. 

Pablo Salazar Mendiguchía renunció a al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se lanzó por la gubernatura respaldado por una alianza entre ocho partidos, incluidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia. Actualmente no milita para ningún partido. 

De acuerdo con una de las acusaciones en su contra, durante su gestión desvió al menos 104 millones de pesos del erario para un supuesto bono sexenal con el que adquirió diversas propiedades.

Entre otras irregularidades, le atribuyen un mal manejo de recursos del fondo para la reconstrucción del estado, luego del paso del huracán Stan. 

El exmandatario,  ha argumentado que es víctima de una persecución política por parte del actual gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, impulsado por el PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga el caso de Salazar, para verificar que se cumplan sus derechos en los procesos que enfrenta.

En tanto, el Consejo Estatal de Derechos Huamnos de Chiapas emitió una recomendación en su contra para que sea procesado por el homcidio de los menores. 

El caso de la deuda que Humberto Moreira dejó en Coahuila provocó su salida como dirigente del PRI en diciembre del 2011. 

Moreira, quien gobernó el estado ubicado en el norte de México entre el 2005 y el 2011, dejó un endeudamiento de unos 30,000 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una cifra superior a los 196 millones de pesos que debía la entidad cuando inició su administración.

Eso se suma a la presunta contratación de créditos con documentos falsos que involucra a varios de sus colaboradores, como Javier Villarreal Hernández (exsecretario de Finanzas) y Sergio Ricardo Fuentes Flores (exfuncionario del Sistema de Administración Tributaria).

Además, autoridades estadounidenses presentaron cargos por lavado de dinero contra Villarreal Hernández, quien supuestamente invirtió en el sur de Texas varios millones de dólares obtenidos del erario.

Durante meses, Arturo Montiel Rojas fue investigado por la supuesta posesión de una fortuna y propiedades en el extranjero adquiridas con recursos del erario.

Al final, al no encontrar pruebas, fue exonerado por las autoridades judiciales del Estado de México de enriquecimiento ilícito. 

Sin embargo, el exgobernador (1999-2005), quien pretendía buscar la presidencia con el PRI, declinó a la contienda después de que Roberto Madrazo —otro aspirante— dijo que tenía pruebas de que Montiel poseía propiedades millonarias en México, Francia y España.

Montiel es uno de los políticos cercanos al candidato presidencial Enrique Peña Nieto, además de ser su antecesor.

El gobierno de Mario Marín (2005-2011) estuvo marcado por la difusión de una conversación telefónica con el empresario libanés Kamel Nacif que supuestamente lo implicaba en la detención de la periodista Lydia Cacho en diciembre del 2005. 

Cacho denunció una red de pederastia en Cancún, Quintana Roo, que involucraba a Nacif y a otros empresarios y políticos. Laperiodista fue dteenida y llevada a Puebla presuntamente porinstrucción de Marín.

Al final, un dictamen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó los votos suficientes para declarar culpable a Marín por la violación de las garantías de la periodista.

Pero no solo ese episodio marcó su mandato, pues el exgobernador dejó una deuda de 9,000 millones de pesos en el estado. 

Puebla siempre estuvo gobernado por el PRI, hasta que en la elección de 2010 ganó Rafael Moreno Valle, postulado por una alianza del Partido Acción Nacional (PAN) con el PRD y Nueva Alianza (Panal).

Fue gobernador de Yucatán entre el 2000 y el 2006 y hasta enero del año pasado era el procurador federal de Protección al Ambiente.

Patricio Patrón Laviada, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), llegó a la gubernatura en una coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), y se convirtió en el primer mandatario estatal yucateco de un partido distinto del PRI.

Durante su gobierno, priistas y miembros de algunos partidos que lo impulsaron lo acusaron y denunciaron ante distintas autoridades por el supuesto manejo irregular de recursos.

En uno de los casos, señalaron que el entonces gobernador desvió recursos destinados a los damnificados por el huracán Isidore.

Casi al término de su mandato, también fue objeto de quejas similares por otros partidos, que lo acusaron de beneficiar a panistas.

Algunas obras públicas de la administración del panista Francisco Garrido Patrón, quien gobernó Querétaro del 2003 al 2009, fueron investigadas por el siguiente gobierno de José Calzada, del PRI.

El actual mandatario dijo que se habían detectado irregularidades como que más del 80% de las construcciones fueron asignadas a solo tres empresas y que había obras pagadas pero que nunca se realizaron.

El diario Reforma reveló en diciembre del 2009 que entre 2004 y 2007 Garrido Patrón adquirió seis casas por 10 millones 360,000 pesos, pero que solo había recibido un salario total de 7 millones 200,000 pesos.

Legisladores tanto locales como federales pidieron una investigación al respecto contra el exgobernador.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia (PGJE) queretana abrió una investigación por el presunto desvío de 155 millones de pesos de recursos federales durante su administración, ante una denuncia de la Secretaría de la Contraloría local.

Además, Garrido Patrón fue investigado a nivel estatal por el presunto mal uso de aviones del gobierno. Sin embargo, el Congreso local lo exoneró. Fuente

 

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