NUEVA LEY CONTRA EXTORSIÓN TELEFÓNICA
Tras rechazar la crítica de Alejandro Martí, el presidente de la
Comisión de Justicia en el Congreso, Humberto Benítez Treviño,
aseguró que las reformas en materia de seguridad “sólo tienen
cinco meses (de retrasos)”.
A la par, el Pleno aprobó reformas al Código Penal, así como a
las leyes de Telecomunicaciones mediante las cuales los teléfonos
celulares ya no serán usados para secuestros, extorsiones o
amenazas.
El responsable de la Comisión de Telecomunicaciones, José Ignacio
Rubí, dijo que estos cambios establecen medidas “eficaces” para
inhibir y reducir los delitos relacionados con amenaza, secuestro y
extorsión terminando así un largo periodo de “simulación, omisión y
burla”, pues con todo esto el Legislativo da por derogado el inútil
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
Las reformas, que fueron aprobadas por 315 votos a favor, seis en
contra y siete abstenciones, fueron planteadas por los ciudadanos
Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, al Senado, donde se
aprobaron desde el año pasado.
Ayer por fin se respaldaron en San Lázaro.
Las iniciativas
Las reformas buscan erradicar las más de seis mil llamadas de
extorsión y amenazas que se realizan diariamente desde los
reclusorios de todo el país.
El diputado del PRI Arturo Zamora expuso que las modificaciones
dotan de un
sistema eficaz al gobierno federal y a los gobiernos estatales para
inhibir, a través de instrumentos tecnológicos, las llamadas con
fines de extorsión, amenazas de secuestro y otros delitos que se
realizan en promedio todos los días.
En la sesión de este día en San Lázaro, expuso que además se
busca eliminar la comunicación de los reos hacia el exterior con
fines de extorsión, así como la comunicación interna entre bandas de
delincuentes que organizan esquemas de violencia generalizada, que
en ocasiones derivan en motines y fugas.
“Se plantea que los permisionarios y concesionarios estarán
obligados a llevar esquemas de localización georreferencial de los
lugares desde donde salen las llamadas de amenazas. Por otra parte,
esta reforma no viola ninguna disposición constitucional”, explicó
Zamora Jiménez
desde tribuna.
En el dictamen, se establece además la obligación de todos los
Centros de Readaptación Social para colocar aparatos y dispositivos
que bloquen las señales de telefonía celular desde adentro y en el
perímetro de los mismos, con el objetivo de frenar el delito de
extorsión.
Respecto de los concesionarios o permisionarios de telefonía que
se nieguen a colaborar con las autoridades en la localización
geográfica de equipos, se plantean multas de 200 a dos mil 500
salarios mínimos y de uno a cinco años de prisión.
Las reformas avaladas fueron turnadas al Ejecutivo. Por la noche,
la organización México SOS, presidida por Alejandro Martí, celebra
la aprobación de la Ley de Geolocalización. Fuente
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