POLICIAS CAUSARON
LA MUERTE DE ESTUDIANTES EN GUERRERO
La actuación de los agentes federales y estatales propició la
muerte de estudiantes y arriesgó a otros, informó Derechos
Humanos.
(CNNMéxico) — La actuación de policías federales y estatales en
la protesta de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 12 de
diciembre pasado, puso "en peligro vidas humanas y generó la muerte
de dos manifestantes, así como heridas en cuatro más", concluyó la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe
preliminar sobre los hechos.
Los elementos policiales que intentaron frenar la manifestación
de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos,
de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero, protagonizaron
"violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad
e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad
jurídica y a la legalidad", cita el reporte que presentó este lunes
el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
El funcionario detalló que la indagatoria, a cargo de un equipo
de 21 visitadores adjuntos, permite concluir, hasta el momento, que
los manifestantes no portaban armas de fuego y que hubo un uso
indiscriminado de la fuerza.
Según la línea del tiempo de los hechos dada a conocer por la
CNDH, desde que comenzó la concentración de normalistas —a las 11:30
de la mañana— y hasta que los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino
y Gabriel Echeverría de Jesús fallecieron, pasó aproximadamente una
hora.
La primera autoridad en llegar a la zona de la manifestación
fueron policías federales, dijo Plascencia, quien indicó que 20
minutos después de iniciado el bloqueo de normalistas, un
contingente de la Policía Federal, al mando del subinspector de la
División de Seguridad Regional, ofreció instalar una mesa de trabajo
entre estudiantes y el gobernador de Guerrero, que no se concretó.
Esta versión contradice lo declarado por José Ramón Salinas,
director de Comunicación Social de la Policía Federal, quien aseguró
un día después de la protesta, que además de no haber sido los
primeros en llegar, "no tenemos la autoridad para iniciar el diálogo
con los manifestantes".
La CNDH documentó que a las 12:10, aproximadamente, policías
federales lanzaron la primera granada de gas lacrimógeno, y cinco
minutos después, se comenzó "a someter (a los estudiantes) de manera
violenta y apuntarles con sus armas", según el reporte.
Algunos testigos dijeron a la comisión que en ese momento ya
había policías ministeriales vestidos de civil y sin insignias
visibles, portando armas largas; además de que ya habían llegado a
la zona policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil de Guerrero.
Al respecto, el informe preliminar concluye que "existe una muy
alta probabilidad" de que los disparos que provocaron la muerte de
dos normalistas se hayan realizado desde la zona en la que se
ubicaban los policías guerrerenses.
El grupo de normalistas protestaba contra el gobierno estatal
para exigir atención a un pliego petitorio que incluía incremento de
la cuota diaria de alimentación por estudiante, mejoras de
infraestructura en el plantel, aumento de la matrícula, revisión del
promedio aprobatorio de primer ingreso y becas para las y los
egresados.
La comisión detalló que, según los normalistas, al menos por 15
minutos hubo disparos de arma de fuego, "lapso en el que elementos
de las corporaciones policiales perseguían a estudiantes y a otras
personas".
Violaciones graves a los derechos humanos
En la manifestación del 12 de diciembre de 2011 participaron
aproximadamente 300 normalistas y 165 policías; de ellos, según la
CNDH, el 40% portaba armas de fuego.
Los visitadores concluyeron que los cuerpos de seguridad
"emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de
fuego, con el objetivo de contener la manifestación", con lo que
vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de los manifestantes.
La comisión detalla en este informe preliminar que Jorge Alexis
Herrera Pino falleció por un "traumatismo craneoencefálico severo"
causado por una herida de bala en la cabeza, mientras que Gabriel
Echeverría de Jesús falleció por un proyectil que le atravesó el
cuello.
Además, se observó que los cuerpos policiales omitieron ayudar a
las tres personas que resultaron heridas de bala en los hechos, lo
que "evidenció no solamente el desinterés en las víctimas del
delito, sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellas".
Tortura y detención arbitraria
Según la diligencia ministerial, un estudiante normalista disparó
contra los policías federales y tras verse descubierto por los
uniformados, trató de huir y abandonó el arma AK-47 que portaba.
Sin embargo, el normalista detalló a los visitadores que después
de ser aprehendido, fue golpeado y separado del grupo de personas
detenidas durante la protesta.
"Me preguntaron si yo había disparado un arma, les contesté que
no, y me contestaron: 'Pues ahora vas a aprender'. Cuando vi,
sacaron un arma larga: 'A ver, ahora vas a aprender con un arma'.
Les dije que no, y me comenzaron a golpear con la mano empuñada en
el estómago, las costillas, los brazos, me sacaron el aire. Como
adentro de la casa estaba baldío, había muchas cosas tiradas, ropa y
otras. Me obligaron a poner la mano en el arma, el que estaba
conmigo, me obligó a jalar el gatillo, me hicieron disparar seis
veces; cada vez que disparaba, la volvían a cargar, ellos decían que
el arma tronaba recio, que era cuerno", según el testimonio del
normalista que cita el informe preliminar de la CNDH, tras el cual,
concluye que el estudiante presenta signos y síntomas positivos de
tortura.
La comisión indicó que además de este estudiante, 23 personas más
fueron detenidas arbitrariamente y que de éstas 14 fueron víctimas
de tratos crueles.
"Existen elementos que permitieron observar violaciones a los
derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal a la
legalidad y al trato digno, en agravio de las víctimas, de las
cuales cuatro son menores de edad, y una es mujer", se menciona en
el reporte.
Hace una semana, las organizaciones civiles Red Guerrerense de
Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María
Morelos y Pavón y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan habían presentado otro informe preliminar sobre los
hechos, en el que concluyeron que se cometieron violaciones "sin
precedentes en los años recientes".
Además de los dos estudiantes muertos, hubo una tercera víctima:
Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el trabajador de la gasolinera
incendiada durante la protesta, quien falleció 20 días después.
La CNDH incluyó en el informe preliminar que el Ministerio
Público deberá realizar el deslinde de las responsabilidades penales
correspondientes, una vez que existe evidencia que muestra que "dos
personas encendieron fuego a una de las bombas despachadoras de la
gasolinera".
Desde lo ocurrido el 12 de diciembre pasado, los normalistas
acusan al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, de ordenar una
represión violenta y exigen juicio político en su contra. Incluso
han realizado manifestaciones y bloqueos en Chilpancingo, capital
del estado, y el viernes, realizaron una marcha hacia la Ciudad de
México para manifestarse frente al Congreso de la Unión.
En un comunicado, el gobierno de Guerrero aseguró que acatará y
cumplirá "en todos sus términos" las recomendaciones que se
desprendan del informe de la CNDH.
"El gobierno de Guerrero ratifica su compromiso de poner a
disposición de las autoridades correspondientes a quienes por sus
conductas provocaron la violación de garantías constitucionales
contra estudiantes de Ayotzinapa", señaló.
Un grupo de diputados federales se reunirá el martes con una
comisión de estudiantes de Ayotzinapa, de acuerdo con un cable de la
agencia Notimex. Fuente
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