Con la inauguración de un monumento y con una declaración de
perdón a las víctimas de los feminicidios en Ciudad Juárez este
lunes, el gobierno federal dio por cumplida una de las
peticiones en la sentencia de la CIDH en 2009 por la muerte de
tres mujeres.
Las autoridades mexicanas rindieron un homenaje a siete de las
cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993, en
una ceremonia en la que irrumpieron madres de víctimas para
exigir justicia y un memorial "completo".
El memorial fue construido sobre un campo de siembra de
algodón de la urbe mexicana, fronteriza con Estados Unidos,
donde en 2001 fueron hallados los cadáveres de ocho mujeres con
signos de violación y malos tratos, de los cuales solo siete
fueron identificados.
Se trata de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos
Monárrez, Claudia Ivette González, María de los Ángeles Acosta
Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez
Sáenz y María Rocina Galicia, cuyas edades van de los 15 a los
19 años.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
condenó en noviembre de 2009 al Estado mexicano por no prevenir
el asesinato de tres de esas mujeres -Herrera, Ramos y
González-, un caso conocido como Campo
Algodonero, e incumplir en su deber de investigar y
garantizar los derechos a la vida, integridad personal y
libertad.
El tribunal ordenó al Estado pagar a las familias de las
víctimas un total de 383,000 dólares, así como realizar, en el
plazo de un año, un acto público de reconocimiento de la culpa y
construir un monumento en memoria de las mujeres que han muerto
por razones de género en Ciudad Juárez, entre otras medidas.
El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, quien acudió
a la inauguración del memorial en representación del presidente
Felipe Calderón, pidió una disculpa pública a las madres de las
mujeres asesinadas.
"Hoy vine a pedir perdón a los familiares de todas las
víctimas en nombre del Estado mexicano", aseguró.
"Los errores y negligencias en la integración de los
expedientes contribuyeron en el retraso de las indagaciones para
encontrar a los responsables de esas muertes. El Estado mexicano
es consciente del sufrimiento de los familiares de las
víctimas", dijo.
Los familiares, quienes acudieron al lugar con volantes,
mantas y fotografías de sus hijas asesinadas o extraviadas,
interrumpieron los discursos de los representantes de los tres
niveles de Gobierno, a quienes los acusaron de "¡mentirosos!".
La madre de Merlín Elizabeth Rodríguez, una adolescente que
fue encontrada sin vida y semienterrada en el campo algodonero,
dijo que el miedo a ser asesinada le ha impedido exigir justicia
a las autoridades.
"Yo nunca voy a este tipo de eventos porque me da miedo que
me pase lo que le ha pasado a las activistas. Esta es la primera
vez que vengo con una fotografía de mi hija a pedir justicia",
manifestó.
El memorial, que tuvo un costo de 16 millones de pesos (unos
1.19 millones de dólares), rescata las siete cruces de color
rosa que fueron puestas en el campo algodonero unas semanas
después del hallazgo de los cadáveres.
Las cruces están acompañadas por arreglos florales, mientras
que los nombres de las víctimas, así como sus fotografías,
fueron colocados en los muros que rodean el lugar.
Los familiares de las jóvenes del campo algodonero decidieron
no acudir al acto porque consideran que el memorial "está
inconcluso", además de que la disculpa del Estado debía ser
emitida por un funcionario de mayor jerarquía, dijo la abogada
Karla Micheel Salas.
Salas, quien junto a su colega David Peña presentó el caso
ante la CorteIDH en 2007, explicó que en febrero pasado
acordaron con el Gobierno incorporar en el memorial el nombre de
las víctimas de feminicidio en Juárez, al menos 500 entre 1993 y
2006.
Además de las placas con los nombres, debía incluir un parque
y un espacio "para recuperar la verdad histórica de los hechos,
que ya fue reconocida por la sentencia de la CorteIDH", apuntó
la abogada, quien destacó que el acto de hoy no cumplió con lo
ordenado por ese tribunal.
"De los 13 resolutivos de la CorteIDH, el gobierno mexicano
solo ha cumplido cabalmente uno de ellos, que es el de la
indemnización", aseveró.
En su sentencia, el tribunal ordenó reiniciar las
investigaciones, castigar a funcionarios sospechosos de cometer
"irregularidades" en las pesquisas e indagar supuestos
hostigamientos a familiares de las víctimas. Fuente
