DENUNCIAN ANTE LA
HAYA A FELIPE CALDERÓN
Felipe Calderón y su gabinete de seguridad fueron demandados
ante la Corte Penal Internacional (CPI) este viernes como
responsables de la "crisis humanitaria" en la que se cometen
"tanto crímenes de guerra como de lesa humanidad" en México.
Además del mandatario, ante el máximo tribunal internacional de
La Haya fueron demandados los secretarios de Seguridad Pública,
Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván;
de la Marina Armada de México, Francisco Saynez Méndez, así como el
líder del cártel del Pacífico,
Joaquín El Chapo Guzmán.
La querella, presentada por el abogado mexicano Netzai Sandoval,
fue recibida este viernes en la oficina del fiscal Luis Moreno
Ocampo a las 13:00 de Holanda (08:00 horas en la Ciudad de México),
con un documento de 700 cuartillas en el que según el abogado que la
entregó, presentan pruebas de las “violaciones sistemáticas y
generalizadas” a derechos humanos en el país.
“No es una denuncia por una buena o mala política antinarcóticos.
No queremos que la Corte nos diga si Felipe Calderón es un gran
presidente. Lo que estamos denunciando son las conductas que se
están volviendo sistemáticas en el Ejército y fuerzas armadas como
violaciones, desapariciones forzadas, asesinato de civiles y el
encubrimiento de esos asesinatos. Una serie preocupante de
violaciones al derecho internacional humanitario que responden a una
responsabilidad directa de Felipe Calderón”, explicó el abogado
Netzai Sandoval en entrevista con CNNMéxico.
La denuncia fue firmada por 18,700 mexicanos en su versión en
línea y, según Sandoval, por 5,000 más de forma autógrafa, entre los
que se encuentran intelectuales, periodistas y defensores de
derechos humanos.
El abogado presentó 470 casos de presuntos abusos y violaciones a
derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, cometidos desde
diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón lanzó la Estrategia
Nacional de Seguridad para combatir al crimen organizado.
La demanda apelará el artículo 28 del Estatuto de Roma –tratado
ratificado por México en 2005– que indica que “el jefe militar será
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la
Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando”.
“Ese artículo establece que los jefes y mandos de Estado no
solamente deben abstenerse de dar órdenes que impliquen violar el
derecho internacional humanitario, sino instalar controles efectivos
sobre sus cuerpos armados para impedirles cometer violaciones. Si
los subordinados violan esos derechos, tienen que ser sancionados y
eso no ocurre en México”, dijo Sandoval, abogado egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Los crímenes ante la Corte Penal Internacional

Para Iliana Rodríguez, profesora investigadora experta en derecho
internacional en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus
Ciudad de México, será difícil que los denunciantes prueben que en
México se comete alguno de los crímenes sobre los que el tribunal de
La Haya tiene jurisdicción: crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad o genocidio.
“No es posible hablar de genocidio, los asesinatos no obedecen a
un odio contra un grupo nacional, étnico, religioso o de carácter
racial”, explicó.
“Tampoco podemos hablar de crímenes de guerra. Para la Corte,
éstos ocurren en un escenario de conflicto armado entre dos fuerzas,
que es reconocido por la comunidad internacional, lo que no ocurre
en México”.
En el caso de los crímenes de lesa humanidad, los denunciantes
deberán probar que las autoridades demandadas emiten órdenes
directas para que las fuerzas armadas incurran en violaciones a los
derechos humanos.
“Hay crimen contra la humanidad cuando hay un ataque generalizado
sistemático contra la población civil. Por un lado, es complicado
calificarlo de sistemático si vemos que hay 32 entidades federativas
y en algunas, la violencia es mucho más fuerte que en otras y ésta
actúa de manera atípica y errática. Pero además, se debe probar que
hubo una instrucción para cometer esas violaciones y que antes había
conocimiento previo de que ocurrirían”, explicó a CNNMéxico la
catedrática.
“Todo indica que más que una situación de carácter legal (la
denuncia) es un mecanismo de carácter moral, es traer a cuenta a los
actores internacionales como observadores de lo que está pasando en
el país. El caso tiene pocas probabilidades de pasar el filtro para
realizar una investigación”.
Tras recibir la querella, la CPI deberá realizar un examen
preliminar y decidir si la acepta, con lo que se iniciaría una
investigación. Esto ocurrirá después de indagar si los crímenes
denunciados no han sido debidamente investigados en instancias
nacionales.
La respuesta del gobierno
Cuando la denuncia se hizo pública, en octubre pasado, la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó en un comunicado
que la política de seguridad del Estado mexicano no constituye un
crimen internacional.
“En nuestro país, la sociedad no es víctima de un gobierno
autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas
armadas. El Estado Mexicano actúa conforme a Derecho”, indicó
entonces la Cancillería.
Ninguna otra autoridad federal se ha referido a la denuncia.
El abogado Netzai Sandoval, que trabajó como asesor en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que la resolución de
la demanda podría tardar más de un año, una vez que el máximo
tribunal internacional decida si el caso merece una investigación. Fuente
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