CORTE EU AMPARA
LEY ANTIINMIGRANTE DE ARIZONA
La Suprema Corte de Estados
Unidos respaldó una
ley del estado de Arizona que castiga a los negocios que
contraten a
inmigrantes en situación de ilegalidad laboral, una ley
que oponentes, incluida la administración del presidente Barack
Obama, dicen que interfieren en la supervisión federal sobre asuntos
de
inmigración.
Cinco votaron a favor y tres en
contra, lo que representa una victoria para quienes apoyan una
reforma del sistema de
inmigración.
Es la primera pelea en cortes
federales relacionada con una serie de leyes estales que
recientemente fueron promulgadas con el fin de
combatir la inmigración en
situación de ilegalidad, un tema que se convirtió en un
pararrayos político.
El resultado puede servir como un
fogueo para un pleito judicial de alto nivel sobre una reforma del
estado de Arizona, aún más controversial, que está en otras cortes
de menor nivel. El estatuto puede, entre otras cosas, dar un mayor
rol a la policía local para arrestar a inmigrantes sin documentos
legales para radicar o trabajar en el país.
El asunto sobre la contratación de
personas sin documentos legales se centró en si la ley estatal
pisotea a la autoridad federal.
“Arizona tomó la ruta menos propensa
a causar tensión con la ley federal”, escribió el magistrado
presidente John Roberts. “Se basa únicamente en la propia
determinación del gobierno federal de quién es un extranjero no
autorizado, y exige a quienes ofrecen empleo en Arizona a utilizar
el propio sistema del gobierno federal para verificar el estado
legal del empleado".
Arizona promulgó dicha ley en el año
2007, permitiendo al estado
suspender licencias de negocios que “intencionalmente o a
sabiendas” no exijan los requisitos a los postulantes para ser
elegibles para un empleo. Las compañías deben utilizar la base de
datos federal E-Verify, que verifica documentos de los actuales y
futuros empleados. La base de datos fue creada por el Congreso como
un recurso voluntario y discrecional.
La Cámara de Comercio de Estados
Unidos presentó una demanda contra Arizona, argumentando que las
leyes federales prohíben a los estados hacer obligatorio el uso de
E-Verify. El grupo fue
apoyado por otras organizaciones que están en contra de la
inmigración sin documentos legales. Arizona respondió que su
autoridad de conceder licencias le da el derecho de supervisar
negocios bajo su jurisdicción.
La administración del presidente
Obama recomendó una revisión judicial, y se alineó con los negocios
y grupos de defensa de derechos civiles.
Una ley federal en 1986 limitó
significativamente el poder de los estados para regular por separado
la contratación de trabajadores “sin autorización”. Una excepción
fue hecha para “leyes locales de licencias y otras similares”. Bajo
la ley, los negocios tienen que revisar la documentación para
confirmar que un postulante tiene el derecho de trabajar en Estados
Unidos, incluyendo la verificación de la
forma de
inmigración I-9.
Aunque se aumentaron penas civiles y
criminales, los negocios que realizaron un esfuerzo “de buena fe”
para cumplir con la ley no tuvieron generalmente inmunidad.
El magistrado Roberts, respaldado por
sus cuatro colegas conservadores, afirmó que “Arizona fue una milla
más allá en asegurarse de que su ley sigue las provisiones (de la
ley federal) en todos los aspectos materiales”.
Disintiendo, la magistrada Sonia
Sotomayor hizo notar que el E-Verify es un programa voluntario, y
dijo que las críticas al gobierno federal por supuestamente hacer
poco para hacer cumplir la ley son irrelevantes.
“Permitir que los estados pidan de
manera obligatoria el uso del E-Verify pone a los estados,
incorrectamente, en una posición que permite tomar decisiones, que
afectan directamente (a la forma en que) se utilizan los recursos
federales”, escribió. Los magistrados Stephen Breyer y Ruth Bader
también disintieron.
La magistrada Elena Kagan no
participó en el caso, debido a que ella era fiscal general el año
pasado cuando el caso alcanzó la Suprema Corte.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer,
respaldó la ley y dijo en diciembre pasado a CNN que el caso tiene
argumentos. “El fondo del asunto es que creemos que el gobierno
(federal) no está haciendo el trabajo por tanto Arizona va a ayudar
a realizarlo. Nos enfrentamos a una crisis”.
El resultado puede servir como un
fogueo para un pleito judicial de alto nivel sobre otra reforma –la
ley SB1070– del estado de Arizona, aún más controversial,
que está en una corte federal de apelación. El estatuto puede, entre
otras cosas, dar un mayor rol a la policía local para arrestar a
personas si existe “la sospecha razonable” de que se encuentran en
el país sin documentos legales para radicar.
Fuente
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