Ocho de estas muertes fueron
confirmadas la noche del lunes por el vocero estatal en materia
de Seguridad, Jorge Domene Zambrano.
El portavoz informó que entre los
muertos están dos policías del
municipio de Monterrey, José Luis Luna Tienda y Roberto
Carlos Leal Ramírez, quien fue asesinado junto con dos personas
más mientras comían en un puesto de alimentos.
134 policías fueron detenidos
entre febrero y junio pasados por estar involucrados en
secuestros y homicidios. Recientemente otros 41 uniformados
fueron aprehendidos por sus vínculos con la delincuencia
organizada.
El portavoz señaló que en el
municipio metropolitano de Santiago las autoridades localizaron
un cuerpo decapitado y dos cabezas humanas, y en un tramo de la
autopista Monterrey-Nuevo Laredo, cerca de Sabinas Hidalgo,
hallaron a una mujer calcinada.
Medios locales contabilizaron
cinco muertes más que dan un balance final de 13: el cuerpo de
una persona con un disparo en la cabeza fue abandonado en la
carretera nacional, el cadáver de un hombre fue encontrado en un
terreno de Santiago y tres personas murieron durante una
balacera en San Nicolás de los Garza.
La violencia en Nuevo León va en
aumento desde el pasado 8 de julio, cuando un comando de una
banda del crimen organizado asesinó a tiros a 20 personas en el
bar Sabino Gordo, en el centro de Monterrey.
La ola de violencia se sostiene
desde la semana pasada. El 12 de julio murieron más de una
decena de personas en distinto puntos del área metropolitana de
Monterrey y un día después, en el transcurso de la tarde, medios
locales contabilizaron hasta 16 decesos más. Con estos
hechos, las jornadas violentas en la entidad sumarían de
casi 60 muertes en diez días.
Las jornadas violentas se
convirtieron en algo común. El pasado 15 de junio fue el día más
sangriento en 2011 en Nuevo León, cuando 33 personas perdieron
la vida en distintos hechos presuntamente relacionados con la
delincuencia organizada.
La zona metropolitana de
Monterrey es escenario de una confrontación entre el grupo
delictivo de Los Zetas y la
llamada Nueva Federación,
integrada por los cárteles del Golfo, Sinaloa y
La Familia.
Este semestre ha sido el más
violento en la historia de Nuevo León. Han ocurrido cerca de 960
homicidios dolosos, de acuerdo con cifras de la Procuraduría
General de Justicia del estado. Esta cifra supera en 13.75% los
asesinatos ocurridos a lo largo del 2010.
Los empresarios critican
a gobierno por la inseguridad
En este contexto de violencia, la
iniciativa privada de Nuevo León reprobó al estado en materia de
seguridad y criticó su gestión en los primeros seis meses de
2011.
La crítica fue planteada por tres
directores de organismos intermedios, entre ellos Miguel Treviño
de Hoyos, del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León
(CCINLAC), José Mario Garza Benavides, de la Conferación
Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) y Sergio Anguiano Ayala, de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Caintra)
Los directores presentaron las
cifras más recientes del Semáforo delictivo, un instrumento que
mide los diez principales delitos en 11 municipios
metropolitanos, y que en sus más recientes evaluaciones ubicaron
a Guadalupe, Monterrey y Santa Catarina como las localidades con
mayores incidencias. A nivel global, seis de estos indicadores
aumentaron con respecto al promedio histórico en Nuevo León.
Entre las omisiones del
estado destacaron los robos a casa habitación y vehículos
—en los que acusaron a las autoridades estatales y municipales
de estar coludidas con la delincuencia organizada para llevarlos
a cabo—, la falta de coordinación y el atraso en la
certificación de policías confiables.
El gobierno del estado contestó a
esta postura. Ante medios, Domene Zambrano descalificó la noche
de este lunes las críticas de los organismos al
considerarlas “lamentables” y como "viles mentiras".
“Con una ligereza y subjetividad
han descalificado de alguna manera muchas de las acciones que el
estado ha estado construyendo en coordinación con los municipios
y las fuerzas federales”, dijo, “hablan sin ningún sustento y
afirman que el estado no ha aportado lo que le toca.
“Quiero asumir o suponer que a
título personal han hecho estas declaraciones”, continuó,
“invito a las personas que hacen estas
declaraciones que nos sentemos en la mesa para poder
esclarecer este comentario”.
En agosto de 2010, CCINLAC firmó
un convenio de colaboración con el gobierno del estado para
realizar una evaluación permanten de cinco indicadores en
materia de seguridad y justicia, y que tiene el objetivo de
preparar programas preventivos, pero hasta la fecha no se han
generado propuestas.
El vocero aclaró que a los
municipios y no al gobierno estatal le corresponden depurar a
las policías municipales cuando no aprueban los controles de
confianza, y que en el caso del robo de vehículos aumentó en
junio a 70% la cifra de recuperación.
No es la primera vez que
organismos intermedios critican al
gobierno de Rodrigo Medina por su desempeño. El más reciente
señalamiento sucedió el pasado 6 de julio en un foro organizado
por Institución Renace, productora ejecutiva del documental
Presunto
Culpable.
Ahí, De Hoyos, titular del
CCINLAC reviró contra el diputado priista César Garza, quien
preside la comisión de Justicia y Seguridad Pública en el
Congreso local, y acusó al estado de no tener voluntad política
para impulsar la reforma penal en Nuevo León.
Y el pasado 21 de junio, tanto De
Hoyos como otros dirigentes de organismos del sector privado,
declararon su hartazgo por la incapacidad de las autoridades
estatales y municipales de coordinarse para combatir delitos del
fuero común.
“¡Ya basta alcaldes y
Gobernador!, la ciudad está pintada de rojo y ustedes, con su
falta de liderazgo y solidaridad, permiten que las fronteras
municipales operen en favor de los criminales”, advirtieron en
un desplegado.
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