ACADÉMICOS EXIGEN
MODERNIZAR LA JUSTICIA Y DEPURAR POLICÍAS
El sistema de
Justicia penal que existe en México necesita modernizarse,
porque no coincide con los tiempos democráticos por los que
atraviesa el país, aseguró el presidente de la asociación civil
México SOS, Alejandro Martí, durante la inauguración del foro
Justicia y
Seguridad: un binomio inseparable en la reforma penal,
celebrado en San Pedro Garza García, en el norteño estado de Nuevo
León.
El empresario inauguró este espacio,
organizado por Institución Renace, productora ejecutiva del
documental Presunto Culpable, y siete organizaciones locales,
nacionales e internacionales más, que se celebra en el auditorio de
la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública
(EGAP) del Tecnológico de Monterrey.
Martí dijo que la modernización que
empezó en 2008 — y se prevé concluya en 2016 — con la aprobación de
la reforma penal que otorga mayor transparencia en los procesos
judiciales y Ministerios Públicos, oralidad en los juicios y mayores
garantías a los ciudadanos, es la
oportunidad para devolver la credibilidad en las instituciones.
“Debe ser un instrumento fundamental
para que nuestros juzgados se desalojen, para que nuestro sistema
judicial realmente tenga la capacidad de atender los problemas que
nos aquejan”, sostuvo.
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo
Medina, mencionó durante la ceremonia de inauguración que su
administración tiene como prioridad la reforma penal, además de
impulsar los exámenes de control de confianza, la capacitación y el
incremento de sueldos y prestaciones en las policías, aunque
reconoció que todavía carecen de calidad.
“Nuestro país y nuestro estado tienen
una deuda pendiente con la
dignificación de los cuerpos de policía”, dijo.
Nuevo León es la cuarta entidad con
más evaluaciones a policías, de acuerdo con el más reciente informe
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por abajo del
Distrito Federal, Guanajuato y Baja California.
Bernardo González-Aréchiga, director
de la EGAP, mencionó que a pesar de los altos índices oficiales de
criminalidad en Nuevo León, el estado ha cumplido con todas las
evaluaciones de confianza de los altos mandos de instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia.
Este dato, sin embargo, contradice lo
sucedido el pasado 27 de junio, cuando un grupo armado asesinó al
director interino de la policía municipal de Santa Catarina, Germán
Pérez Quiroz, quien no había pasado por estas evaluaciones y en 2002
fue
investigado por la Procuraduría General de la República (PGR)
por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Nuevo León, Jorge Luis Mancillas Ramírez, aseguró que
en el estado “no hay rezago en los juzgados penales”, y detalló que
se resuelven alrededor de 90 distintos delitos en juicios orales y
existen 40 salas donde se practican estos procesos.
Realidades y retos de la
reforma
A tres años de su aprobación, la
reforma representa una “transformación integral de las
instituciones”, que no podrá llevarse a cabo sin voluntad política
de las autoridades, sostuvo el coordinador de asesores de la
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), Hugo Alejandro
Concha Cantú.
La transformación, explicó Concha
Cantú, implica un cambio
cultural en la impartición de justicia, además de la creación y
el fortalecimiento de distintas figuras: nuevas fiscalías
especializadas en las 32 entidades, policías científicas, peritos
profesionales y defensorías públicas.
“(Los nuevos fiscales) van a tener
que saber coordinar, conjuntar toda la investigación, lo que ellos
pudieron haber supervisado o no, eso dependerá de lo plasmado en
cada código estatal, y con eso elaborar una teoría del caso que van
a tener que articular y defender en una audiencia con un juez”.
El rector de la Academia Estatal de
Policía, Gerardo Saúl Palacios Pámanes, enlistó cinco mitos de la
reforma, entre ellos, el equívoco de que sólo implica la transición
a los juicios orales, cuando en realidad se trata de la reinvención
de la maquinaria judicial.
“Cada entidad federativa está
interpretando de modo muy diferente la reforma constitucional”,
criticó el también académico.
La falta de participación de los
actores involucrados en la reforma ha contribuido a que no se avance
de manera sostenida en el el
país, insistió el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública de Nuevo León, Alfonso Verde Cuenca.
La investigadora del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni
Kerpel, abundó en la maximización de los recursos humanos y
económicos inyectados en la implementación de la reforma para
encontrar soluciones alternas de conflictos y no saturar los
juzgados.
“Tenemos que aprender en México
formas de pacificación de conflictos, que no se hagan más grandes”,
insistió.
El 90% de los imputados en México
nunca han visto a un juez durante un proceso judicial, sino a otros
funcionarios intermedios que no tienen facultades para
sentenciarlos, detalló el director del Proyecto de Presunción de
Inocencia de la Open Society Justice Initiative, Javier Carrasco
Solís.
“Estamos dejando la justicia en manos
de otra persona que no es un
juez”, enfatizó.
La reforma del sistema de Justicia
penal fue aprobada por el Congreso de la Unión en agosto de 2008 y
su implementación concluirá en 2016. Consiste en un paquete de
modificaciones constitucionales que, además de los juicios orales,
implican una reestructuración del Ministerio Público, ampliar los
derechos de las víctimas y los imputados, y la creación de un juez
de control encargado de que los procesos se lleven conforme a
derecho, entre otras medidas.
Fuente
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