SUSPENDEN
RECURSOS CONTRA EL CRIMEN A 172 MUNICIPIOS
El gobierno
suspendió a 172
municipios la entrega de la segunda partida presupuestal para el
apoyo contra el crimen organizado debido a que no cumplieron con los
requerimientos que marca la ley, informó el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En un comunicado, el
organismo que depende de la Secretaría de Gobernación, detalló
que de las 220 alcaldías, solo 48 cumplieron en tiempo y forma con
las obligaciones que marca la Ley General del SNSP y las Reglas de
Operación del propio subsidio.
La transferencia de la segunda entrega de recursos del Subsidio
para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) 2011, para
los municipios en regla fue por un total de 376 millones 860 mil 236
pesos.
Entre los municipios que sí cumplieron y que recibieron su
partida
presupuestal el pasado 5 de agosto destacan: Tijuana, Baja
California; Torreón, Coahuila; Gómez Palacio, Durango; Guadalajara,
Jalisco; Toluca, Estado de México; Zitácuaro y Zamora, Michoacán y
Cuernavaca, Morelos.
Además de Apodaca, García, General Escobedo, Juárez y Monterrey,
Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Matamoros, Tampico y Valle Hermoso,
Tamaulipas; Orizaba y San Andrés Tuxtla, en Veracruz, entre otros.
El Secretariado detalló que los municipios que aun tienen
requisitos pendientes por cumplir tienen como plazo 10 días a
partir de que les fue avisada la
suspensión, para que el organismo revise posteriormente durante
cinco días si los requisitos fueron cumplidos.
En caso de no ser satisfechos los requerimientos, los municipios
tendrán otros 10 días más para regularizarse. Si en ese periodo los
municipios no cumplan con lo que establece la ley, los recursos
serán cancelados.
En el caso de Ciudad Juárez, se encuentra en el periodo de los 10
días que el SNSP estableció para los municipios que no cumplieron
con lo establecido por la ley.
El Subsemun tiene como destino de gasto profesionalizar y equipar
a las instituciones policiales de los beneficiarios, mejorar su
infraestructura, en el marco de las disposiciones
legales aplicables, así como desarrollar y aplicar las políticas
públicas para la prevención social del delito con participación
ciudadana.
El gobierno emprendió la Estrategia Nacional de Seguridad, una
campaña contra la delincuencia organizada, la cual ha cobrado la
vida de más de 34,600 personas desde 2006.
Sin embargo, ha tenido avances en la captura y eliminación de
algunas de las principales cabezas del crimen organizado y
debilitado a células del narcotráfico. Fuente
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