La desaparición forzada de personas
es un
delito que ha crecido desde que inició el sexenio del presidente
Felipe Calderón, y el
Ejército es una de las instituciones señaladas de cometer este
ilícito, aseguraron los integrantes del Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Por ese motivo, solicitaron al
gobierno federal reconocer las dimensiones reales de esta
problemática y en el corto plazo, retirar a los militares de las
operaciones de
seguridad pública a fin de prevenir las desapariciones forzadas.
"Las preocupaciones en materia de
seguridad pública respecto al crimen son reales y el Grupo de
Trabajo reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguirlo.
"Sin embargo, no se puede enfrentar
esta desafiante situación a expensas del respeto de los
derechos humanos ni permitir la práctica de las desapariciones
forzadas. Tampoco pueden adjudicarse los casos de desapariciones
forzadas exclusivamente al crimen organizado", destacaron.
Señalaron que, según informes de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo en un caso de
desaparición forzada se sentenció al personal responsable por la
jurisdicción
militar. Al respecto, insistieron en que todos los casos de
violaciones a los derechos humanos deben ser investigados en el
fuero civil aún y cuando estén involucrados militares.
Criticaron que el Estado carezca de
una política integral para prevenir y sancionar este delito, así
como para reparar el daño a las víctimas.
Patrón de impunidad
Lo que existe, insistieron es un
"patrón crónico de impunidad", pues sólo hay dos sentencias
condenatorias por dicho delito en contra de servidores públicos que
apelaron a la sentencia. Ello, a pesar de que las organizaciones
civiles de
derechos humanos han reportado a la ONU alrededor de 3 mil casos
de desapariciones forzadas y la CNDH ha reportado un aumento en las
quejas contra este delito, al pasar de 4 en 2006, a 77 en 2010.
En cuanto a la llamada
guerra sucia, los expertos de la
ONU sugirieron al Estado mexicano dar a conocer los nombres de
los responsables de las desapariciones forzadas ocurridas en la
década de los setentas, pues hasta ahora la Procuraduría General de
la República no ha revelado las líneas de investigación, los avances
de las indagatorias, ni ha puesto a disposición del público los
expedientes en los que se fundamentan las denuncias.
El Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas, integrado por Jasminka Dzumhur (de Bosnia y Herzegovina),
Ariel Dulitzky (de Argentina), y Osman El Hajjé (de Líbano), realizó
una visita a México del 18 al 31 de marzo. Durante su estancia se
entrevistaron con funcionarios, legisladores, organizaciones civiles
y familiares de víctimas en la ciudad de
México; Chihuahua y Ciudad Juárez; Acapulco, Atoyac de Álvarez y
Chilpancingo, en Guerrero; y Saltillo, Coahuila.
El informe final de esta visita será
dado a conocer por el grupo en marzo de 2011.
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