Son señalados catorce funcionarios en caso ABC
Molinar,
Karam y Bours, entre los responsables de tragedia, afirma. La
intención es que la propuesta del ministro sea discutida a partir
del próximo 14 de junio
El desorden generalizado que se vive
en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos
últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de
seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de
Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para
que se registrara una tragedia en la guardería ABC, en la que
fallecieron 49 niños hace un año.
Esta es la conclusión central a la
que llegó el ministro Arturo Zaldívar como encargado de investigar
el caso de la guardería ABC, y que plasmó en el dictamen que entregó
ayer a sus compañeros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN). En él plantea responsabilizar a 14 autoridades
federales, estatales y municipales de incurrir en violaciones graves
de garantías.
La lista de funcionarios a quienes
pidió responsabilizar la encabezan el ex director del Seguro Social
y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar
Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex
gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de
Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que,
como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte
de Justicia propone responsabilizar de violaciones graves a un
secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del
Presidente de la República.
Corte se centrará en análisis
Después de recibir el dictamen y
difundirlo a través de su portal de internet, el pleno del alto
tribunal acordó cancelar todas sus sesiones de la próxima semana a
fin de dedicar ese tiempo para que cada uno de los 11 ministros, por
separado, estudie el proyecto de Zaldívar.
La intención es que la propuesta del
ministro sea discutida a partir del próximo 14 de junio. Para que
prospere la propuesta de Zaldívar, debe contar con el voto de por lo
menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
La Corte, conforme al artículo 97 de
la Constitución, no tiene atribuciones para sancionar a los
funcionarios que encuentre responsables de violaciones.
Es al Congreso de la Unión, al
Presidente de la República, a la Procuraduría General de la
República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las
autoridades estatales y municipales de Sonora, a quienes
corresponderá, en su caso, promover cualquier tipo de sanción penal,
política, civil o administrativa.
Buscan deslindar al gobierno
federal
Antes de que el ministro Zaldívar
presentara su dictamen, de última hora —el miércoles— los
secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones
y Transportes, Juan Molinar, acudieron a su oficina para tratar de
deslindar de responsabilidades al gobierno federal. Pero no tuvieron
éxito.
El ministro pidió responsabilizar a
Molinar Horcasitas de violaciones graves de garantías porque “le es
atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y
supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de
subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia
ocurrida en la guardería ABC”.
La magnitud de las fallas del
sistema, reportó el ministro, también alcanza a Daniel Karam Toumeh,
actual director del IMSS, aunque ocupó el cargo tres meses antes de
la tragedia. En su caso, el ministro explicó que el funcionario
omitió implementar medidas de actuación que garantizaran una
atención adecuada y oportuna a los niños que fueron trasladados a
sus hospitales.
“Las omisiones de este funcionario,
en el manejo de la tragedia, contribuyeron a que el desorden
generalizado se prolongara también en la atención de los niños”.
Incluso, para el ministro, Karam ocultó información clave sobre la
tragedia en los días posteriores al incendio.
En el caso del ex gobernador de
Sonora, Eduardo Bours Castelo, el ministro Zaldívar llegó a la
conclusión de que “era directamente responsable del funcionamiento
del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del
diseño de las políticas públicas en esa materia.
“Asimismo, como titular de la
administración pública local, era el responsable de velar por el
cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y
protección de los derechos de la infancia correspondía observar a
sus subordinados jerárquicos”.
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