FUNCIONARIOS DE
EU ASESINADOS EN MÉXICO. HISTORIAS
En diciembre pasado un cable de
la Embajada de EU en México -filtrado por el sitio WikiLeaks- reveló
que 61 funcionarios mexicanos, relacionados con la
Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y
la Oficina Federal de Inteligencia (FBI), fueron asesinados
presuntamente por miembros del crimen organizado.
Funcionarios de EU asesinados en
México
La cifra contrasta con los
tres casos de asesinato
reconocidos oficialmente de agentes
federales y personal diplomático de Estados Unidos en
territorio mexicano en los últimos 25 años.
El primero de ellos es el caso del
agente antidrogas Enrique
Kiki Camarena en
febrero de 1985. Según las investigaciones,
Kiki Camarena se estableció en
Guadalajara, Jalisco, donde realizó investigaciones sobre el
narcotráfico, principalmente de las actividades del cártel del
Pacífico.
Sin embargo, su trabajo para la
Administración de Control de Drogas (DEA,
por sus siglas en inglés) fue truncado con su secuestro y posterior
asesinato, lo que provocó una reacción severa de las autoridades
estadounidenses y un conflicto diplomático con México por la
búsqueda de los culpables.
En marzo de 2010, un grupo vinculado
al cártel de Juárez abatió a la pareja estadounidense
Lesley Ann Enríquez,
funcionaria del Consulado de EU, y su esposo
Arthur H. Redelfs, oficial
del condado de El Paso, Texas. En ese incidente también murió el
ciudadano mexicano Jorge Alberto Salcido, esposo de una empleada
consular.
Las autoridades no han podido
determinar el motivo del delito.
Y este 15 de febrero dos agentes del
Servicio de Inmigración y Aduanas
de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés),
adscritos a la embajada de ese país en la Ciudad de México, fueron
agredidos cuando viajaban de la capital del país hacia el norte a
Nuevo León.
El agente Jaime Zapata murió en el
ataque y su compañero fue herido en la pierna. Éste se recupera en
un hospital de Estados Unidos.
Mientras algunos analistas han
asegurado que este último incidente y el ocurrido hace 25 años en
Guadalajara son iguales, la consultora internacional en seguridad
Stratfor lo rechaza.
“El caso de Camarena fue muy brutal,
muy intencional y provocó la ira del otro lado de la frontera. En el
caso de los agentes del ICE sabemos que viajaban en una camioneta
que seguramente llamó la atención de los presuntos narcotraficantes
que los mataron. Como lo vemos, los agentes estaban en el lugar
equivocado en el momento equivocado”, señala Scott Stewart,
vicepresidente de Stratfor.
Además menciona que en el primer caso
las autoridades de Estados Unidos realizaron una "cacería" en
territorio mexicano para alcanzar a los culpables, violando los
tratados internacionales y la soberanía de México, algo que no ha
ocurrido con el más reciente incidente.
Un agente de la DEA, asesinado por
el cártel del Pacífico
En febrero de 1985 desapareció en el
occidental estado de Jalisco
el agente de la Administración
de Control de Drogas (DEA)
Enrique Camarena Salazar,
entonces comisionado en la plaza de la capital Guadalajara,
donde realizaba investigaciones sobre el
narcotráfico.
Su cadáver apareció un mes después,
junto con el del piloto Alfredo Zavala, en el rancho
El Mareño, ubicado en el
vecino estado de Michoacán.
Según las investigaciones del
caso, Enrique Kiki Camarena
colaboró en la ubicación y denuncia del
rancho
El Búfalo en
Ciudad Juárez,
Chihuahua, operado por el
cártel del Pacífico, donde sembraban marihuana con
procedimientos tecnológicos avanzados.
El operativo dejó un saldo de
unos 2,000 campesinos detenidos y 4,000 toneladas de marihuana
incineradas.
En las investigaciones del
gobierno estadounidense se mencionó que Camarena fue torturado y
después asesinado, por una venganza del cártel del Pacífico.
El hecho desencadenó el
despliegue de agentes estadounidenses en territorio mexicano
para dar con los asesinos de Camarena y el piloto.
Los agentes de la DEA en México
detuvieron en marzo de 1985 al narcotraficante
Ernesto Fonseca Carrillo
y en abril, en Costa Rica, a
Rafael Caro Quintero. Ambos fueron sentenciados en
diciembre de 1989 como responsables de la tortura y muerte de
Camarena y Zavala. En la búsqueda de más responsables, la DEA
llevó a Estados Unidos al doctor
Humberto Álvarez Macháin,
acusado de participar en la tortura de
Kiki Camarena.
La actuación de la DEA
desencadenó un conflicto
diplomático entre México y Estados Unidos.
El 18 de abril de 1990, el
gobierno mexicano envío una nota diplomática al Departamento de
Estado de Estados Unidos, para reclamar la retención de Macháin.
"De comprobarse la participación
ilegal de autoridades estadounidenses en estos hechos, se pone
en peligro la cooperación binacional en la lucha contra el
narcotráfico", señalaba la nota.
Además recordaba al gobierno de
EU que el combate al narcotráfico es responsabilidad exclusiva
de las autoridades mexicanas.
El conflicto diplomático, en el
que intervino también la Suprema Corte de Justicia de EU, derivó
en la publicación, el 3 de julio de 1992, de nuevas normas para
regular la estancia de agentes representantes de gobiernos
extranjeros, trabajando en México.
El 14 de diciembre de 1992 el
juez federal Edward Rafeedie anuló los cargos contra Álvarez
Macháin y ordenó su liberación.
Rubén Zuno Arce
también fue detenido y juzgado en EU por su presunta
colaboración en el asesinato del agente de la DEA, al
comprobarse que era de su propiedad la casa donde fue torturado
Camarena.
Una fiesta que terminó en una
cacería
El 13 de marzo de 2010,
Lesley Ann Enríquez,
funcionaria del consulado de EU, y su esposo
Arthur H. Redelfs,
oficial del condado de El Paso, Texas, salían de una fiesta
infantil en Ciudad Juárez, Chihuahua, considerada la urbe más
violenta de México.La
pareja acababa de abandonar el festejo y viajaba a bordo de su
vehículo para cruzar la frontera estadounidense, cuando una
camioneta se les acercó y desde su interior
los pasajeros abrieron fuego
contra ellos.
La entonces procuradora general
de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez,
responsabilizó del asesinato a la banda
Los Aztecas, bajo el mando de
La Línea, brazo armado del
cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes,
El Viceroy, a quien Joaquín
El Chapo Guzmán disputa el control de la ciudad.
Cinco días después del asesinato
el gobierno estadounidense envió a 200 elementos de la DEA, el
FBI y el Departamento del Sheriff de El Paso para localizar a
los responsables. Detuvieron a 50 integrantes del grupo para
"interrogarlos" y dar con el paradero de uno de sus líderes,
Eduardo Ravelo, El Tablas.
Casi cuatro meses después la
Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) detuvo a
Jesús Ernesto Chávez Castillo,
El Camello, presunto autor intelectual del
atentado.
"Chávez Castillo manifestó que la
indicación de atentar contra la funcionaria del Consulado
estadounidense fue por parte de los integrantes de
La Línea, quienes se
encuentran en Estados Unidos, debido a que la funcionaria
facilitaba visas a integrantes de grupo contrario", según el
reporte de la SSPF.
La versión fue rechazada por
Estados Unidos.
Un agente muerto y un herido en
una carretera mexicana
Dos agentes del
Servicio de Inmigración y
Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en
inglés) fueron interceptados el 15 de febrero por un grupo
armado en una carretera de San
Luis Potosí, cuando se trasladaban de la Ciudad de
México hacia Nuevo León.
Los oficiales, que investigan actividades relacionadas con el
narcotráfico y de vigilancia de recursos, viajaban en un auto
con placas diplomáticas, y aparentemente sus atacantes los
siguieron para después bloquearles el paso.
Los dos hombres se identificaron
como diplomáticos cuando se vieron rodeados por al menos 10
hombres armados.
Sin embargo, los atacantes
abrieron fuego y mataron a
Jaime Zapata, mientras que su compañero quedó herido.
Este último es atendido en un hospital de Estados Unidos,
informaron las autoridades este miércoles.
Janet Napolitano,
titular del Departamento de Seguridad Interior (DHS), ha
enfatizado que cualquier ataque contra el personal representa
una agresión “para todos aquellos que trabajan por nuestra
nación y ponen en riesgo sus vidas por nuestra seguridad”.
La Procuraduría General de la
República (PGR) atrajo la investigación por el atentado por
homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones en contra
de quien o quienes resulten responsables. Además, el
procurador Arturo Chávez Chávez
ordenó que agentes de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) colaboren en
las indagaciones.
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