México.- El
presidente Felipe Calderón hizo un llamado al Poder Judicial a
revisar su papel en la lucha anticrimen y censuró que un mero
“formalismo” haya impedido a tres jueces de Chihuahua condenar
al asesino de la hija de Marisela Escobedo. Más aún, consideró
que hay juzgadores que más que eso son meros “verificadores de
requisitos”.En una
jornada más del Diálogo por la Seguridad, ahora con
representantes de la sociedad civil, el mandatario afirmó que se
habla mucho de policías y gobiernos, “pero poco de jueces, y
creo que tienen mucho que decir” .
“Lo digo con toda claridad y con
casos específicos porque sí, efectivamente, duele mucho que el
esfuerzo que se hace por la sociedad y el gobierno para combatir
la criminalidad se debilite finalmente en la última etapa (los
juzgados)”, sostuvo.
“Lo que ocurrió en el caso de la
señora Marisela (Escobedo), por desgracia así fue: porque por un
formalismo, quizá, los jueces tuvieron la oportunidad de no
condenarlo (a Sergio Rafael Barraza, asesino de Rubí Frayre). Y
aquí también (hago) un llamado respetuoso al Poder Judicial. Yo
digo que no todos, quizá ni la mayoría, pero sí hay, llega a
haber jueces que más que jueces son verificadores de requisitos.
Es decir, hacen un check list de todas las cosas que deben
cumplir: ‘aquí le faltó una firma del policía y (el detenido va)
para afuera’”, dijo.
El presidente Felipe Calderón
afirmó también que tiene prisa en el tema de la seguridad,
porque restan poco menos de dos años a su gobierno y no quiere
“dejar las cosas a medias”.
Para ello pidió la ayuda de la
sociedad civil para que exija el cumplimiento de ese desafío a
todos los gobiernos, y aceptó que le interesa mejorar la
eficacia en el combate al crimen y al mismo tiempo bajar los
indicadores de violencia.
Ofreció también los mejores
oficios de su administración para seguir adelante con la
estrategia antinarco en Nuevo León, “que empieza a rendir
frutos”, y mejorar la colaboración con las administraciones
estatal y las municipales.
Además, resaltó el hecho de que
sólo 11 de los 32 centros de control de confianza del país
avanzan, pese a que los gobiernos estatales asumieron ese
compromiso hace dos años.
“Si nos tardamos dos años o más
en crear los centros, imaginen ustedes cuánto podremos avanzar
en la verificación de los policías”, dijo.
El Presidente reiteró que nunca
ha llamado “guerra” al combate al crimen organizado y consideró
que otro indicador de avance o retroceso de la estrategia, más
allá de los homicidios, puede ser la cifra de líderes de la
delincuencia detenidos o abatidos, el avance institucional y el
número de policías certificados.
También lamentó que en lugares
como Acapulco, ahora en lugar de agua de coco, a los jóvenes “se
ofrecen coca”, y reiteró que hasta que no se cuente con 32
policías confiables no se avanzará en el esfuerzo por la
seguridad.
Claves
No hay persecución
• El presidente del Senado,
Manlio Fabio Beltrones, debe intervenir para que se evite la
impunidad en el caso de los jueces de Chihuahua, a quienes se
sigue juicio político, pidió el líder del PT, Ricardo Monreal.
• Expresó que el priista debe
enviar una nota a la titular de la SRE, Patricia Espinosa, a fin
de que tenga comunicación con la cancillería estadunidense y
aclare que no existe persecución política contra los jueces.
• Adicionalmente, dijo, debe
mantener comunicación con su par estadunidense para explicar el
caso y evitar que los jueces no se sometan a juicio.
La voz de los juzgadores
Netzahualcóyotl Zúñiga
“El juicio político no se explica
sin la presión del gobernador César Duarte”
El juez Netzahualcóyotl Zúñiga
afirmó que el hombre acusado de asesinar a Rubí Marisol Frayre
Escobedo, hija de Marisela Escobedo, pudo ser condenado a la
pena máxima (60 años) si existiera su confesión.
En entrevista radiofónica con
Ciro Gómez Leyva, dijo que él y sus dos colegas siguen en
México, pero también firmes en solicitar asilo en Estados
Unidos, pues consideran que la decisión del Congreso de
Chihuahua de entablar un juicio político en su contra un
“linchamiento político”.
Acusó al Legislativo de estar
supeditado al gobernador César Duarte, pues es la única forma de
explicar que se aceptara la petición contra los jueces que
decretaron la libertad de Sergio Rafael Barraza.
“Así se entiende porque ese fallo
causó conmoción al señor (Duarte). ¡Claro que sí! Y posiblemente
(hubiéramos dado) la pena de 60 años, eso es indudable, la
cuestión es que no hay confesión”.
Barraza Bocanegra se reservó su
derecho a declarar con base en el artículo 20 de la
Constitución. “Ni siquiera declaró, menos confesó”, señaló.
Rafael Boudid
“El implicado nunca confesó el
crimen y decidimos no hacer público ese dato”
Rafael Boudid dijo que, junto con
sus compañeros del tribunal oral, acordó no difundir
públicamente que el presunto homicida no confesó el asesinato de
Rubí Frayre, pero ante las actuales circunstancias tuvieron que
hacerlo porque fueron expuestos al desprestigio.
“Era una estrategia o era una
reserva de decir: ‘somos cautos y manejamos los procedimientos
legales’, pero al ver que se está llevando a cabo un juicio
político por las causales que la propia ley establece, nos vemos
en la necesidad de entender que fue una información divulgada
con un sentido distinto al jurídico, por esa razón, pero no
existe”.
Respecto a las declaraciones de
Barraza Bocanegra, quien pidió perdón a la señora Marisela
Escobedo, insistió en que no constituyen una confesión.
El juez recordó que el fallo fue
unánime porque el Ministerio Público no aportó pruebas
suficientes. “Nosotros hemos emitido no una, sino muchas
sentencias contra personas de todo tipo, y no atendemos a la
persona, al ofendido por su calidad, sino por lo que quede
demostrado que realmente hizo”.
Catalina Ochoa
“Iremos a instancias
internacionales; aquí nos persiguen políticamente”
La juez Catalina Ochoa Contreras
advirtió que recurrirán a instancias internacionales como parte
de su defensa legal, pues aseguró que en México enfrentan una
persecución política.
“Dependiendo de la presión
política que se nos haga, dependiendo de esa circunstancia vamos
a estar en posibilidad de asilarnos políticamente; ese es el
motivo por el cual nos están persiguiendo, por la decisión que
hemos tomado”.
Dijo que al constituirse en
tribunal de juicio oral adoptaron una decisión unánime que
derivó en la sentencia absolutoria, ya que no hubo ninguna
prueba contundente contra el acusado, pues de lo contrario no
les hubiera “temblado la mano” para sentenciarlo.
Maclovio Chávez, abogado de los
tres jueces del Tribunal Oral de Chihuahua, aseguró que es
improcedente el juicio político para revisar la legalidad de una
resolución jurisdiccional, toda vez que ello implica vulnerar la
autonomía del Poder Judicial y así lo determina la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Fuente
