APUNTAN VENGANZA
PERSONAL A CRIMEN CONTRA FOTÓGRAFOS DE JUÁREZ
Alejandro Poiré descartó que la
agresión en contra de los comunicadores se haya derivado de su labor
profesional
MÉXICO.- El móvil personal se perfila
hasta el momento como la causa más probable en el atentado contra
dos reporteros gráficos de El Diario de Juárez, ocurrido el 16 de
septiembre, y que cobró la vida de uno de ellos, aseguró el Gobierno
Federal.
El vocero en materia de Seguridad,
Alejandro Poiré, condenó el asesinato de Carlos Santiago Orozco, en
el atentado que dejó lesionado de gravedad a su compañero Carlos
Manuel Sánchez Colunga, y afirmó que la libertad de expresión es una
garantía indispensable para la sociedad democrática.
Sin embargo, descartó que la agresión
en contra de los comunicadores se haya derivado de su labor
profesional.
“El móvil más probable de esta
agresión es de índole personal y no por sus actividades
profesionales”, sostuvo el funcionario.
El domingo, El Diario de Juárez,
dedicó su editorial a pedir una “tregua” a las bandas del crimen
organizado para que cese la violencia y, sobre todo, los ataques a
periodistas.
Después del asesinato de Santiago
Orozco, la redacción del rotativo reprobó, además, la falta de
resultados en las investigaciones sobre el homicidio de hace casi
dos años del informador Armando Rodríguez.
En este marco, el Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)
anunció que una delegación del organismo estará esta semana en
México.
La visita se produce apenas un mes
después de la gira de trabajo de los dos máximos relatores de
defensa de libertad de expresión de la ONU y de la OEA.
Carlos Lauría, coordinador del
Programa de las Américas del CPJ, y que forma parte de la delegación
que llegará en las próximas horas, dijo que si bien el caso de El
Diario de Juárez es dramático, no es por desgracia novedoso.
“Si México pierde la batalla por el
control de la información, porque la pelea no es sólo en la calle,
sino que los grupos del crimen quieren controlar también la
información, si pierde eso”, alertó, “estará en riesgo su estatus
como Estado global confiable”. (Con información de El Universal y ©
EL PAIS, SL. Todos los derechos reservados).
TEXTO ÍNTEGRO DE SU
EDITORIAL
‘El Diario de Juárez’ pide
tregua al crimen organizado
En
editoriales publicados con 48 horas de diferencia, “El Diario de
Juárez” sacudió a la opinión pública al acusar el viernes a los
gobiernos de todos los niveles por su incompetencia para impedir el
asesinato de periodistas, y al dirigirse el domingo directamente a
los grupos criminales, “las autoridades de facto en esta ciudad”,
según el propio periódico, para preguntarles qué es lo que
“pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué
atenernos”.
El
siguiente es el texto íntegro del editorial publicado el domingo en
‘El Diario de Juárez’.
¿Qué quieren de nosotros?
Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de
Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en
menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los
que laboramos aquí y, en particular, para sus familias.
Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por
tanto, como trabajadores de la información queremos que nos
expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden
que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.
Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta
ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer
nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de
que reiteradamente se los hemos exigido.
Es por
ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a
ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro
más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos.
Aun
cuando todo el gremio periodístico de esta frontera ha sufrido las
consecuencias de esta guerra en la que ustedes y el Gobierno federal
se hallan, El Diario ha sido, sin duda, el medio más lastimado hasta
el momento porque ninguno ha resentido la muerte de dos de sus
colaboradores, como nosotros.
Ya no
queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más
intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas
condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como
medio.
Esta
no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al
trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para
con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal
de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de
informar.
Frente
al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en
medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para
que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con
seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones
más riesgosas y El Diario puede dar cuenta de ello.
Para
los que estamos al frente de esta empresa editora, si bien nuestros
objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen siendo los
mismos de hace 34 años, en estos momentos no le hallamos sentido a
seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que
sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes,
cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia
las autoridades oficiales.
Hasta
en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen
protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para
salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por
ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del
narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar
de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros.
Y es
que del mensaje que uno de estos grupos dejó en una manta colocada
ayer por la mañana en la esquina de Ejército Nacional y Tecnológico,
se puede colegir que se adjudica el asesinato del reportero gráfico
Luis Carlos Santiago Orozco, registrado el jueves por la tarde en un
centro comercial.
La
pancarta contiene un recado amenazador dirigido a supuestos
comandantes y un comisario, en el que les advierten que les pasará
lo mismo que a nuestro fotógrafo si no regresan una cantidad de
dinero.
Desde
que comenzaron a aparecer estos mensajes en mantas o pintas sobre
paredes, El Diario no lo ha tomado como un juego, sobre todo porque
han demostrado tener veracidad ya que varias de estas advertencias
se han cumplido.
En
cambio, a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro
compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado
escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están
por terminar su mandato nos entreguen un esclarecimiento confiable.
Han
sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se
aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas
nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que
haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.
El
periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer
indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra “El
Choco”, porque contamos con información de que se anda buscando un
“chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que
para nosotros es tan delicado.
Si con
ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría
contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una
desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso
de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se
registran.
En
todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas
tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de
periodistas, así como de derechohumanistas.
Hace
cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba
en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones
de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas.
En ese
encuentro con los trabajadores de la comunicación de este medio, el
hoy Presidente de la República respondió a una pregunta que se le
planteó en torno a las garantías que ofrecería su administración
federal para el buen desarrollo de la libertad de expresión y de sus
representantes.
Calderón dijo que “en el caso de los asesinatos (de periodistas),
así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que
en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la
comunidad y encierre peligrosidad también debe haber mecanismos que
la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una
investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de
protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en
esa materia”.
A la
vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer
mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las
urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra
el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo
ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país.
Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera
particular los juarenses– han estado al garete de decisiones
erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados
ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías.
En ese
contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha
sin control, sin que el presidente pensara en aquel compromiso
proferido en la sala de juntas de El Diario, porque los trabajadores
de los medios han sido amenazados, han realizado investigaciones
sobre el crimen organizado y han estado en medio de esta guerra como
testigos privilegiados a la vez que intimidados, pero aun así nunca
recibieron de su gobierno los "mecanismos de protección especial"
que subrayó como indispensables.
Las
únicas armas de defensa que hemos tenido quienes nos dedicamos al
oficio, han sido la búsqueda de la verdad, el manejo de las
palabras, así como nuestras máquinas de escribir –hoy computadoras–
y cámaras fotográficas.
El
Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por
ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de
belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos
operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos.
El
viernes pasado, tras el crimen del fotoperiodista Luis Carlos
Santiago Orozco, El Diario publicó un editorial en el que enfatizaba
esta ausencia al cuestionar “¿A quién exigimos justicia?” En ese
mismo tenor se hallan los ciudadanos que no saben ya a quién
recurrir para pedir ayuda.
Hace
apenas unos días los colegios de médicos adelantaron la posibilidad
de hacer una huelga de sus servicios como medida de presión hacia
los gobiernos para conseguir respuestas, tras de que varios de sus
colegas han sido secuestrados y algunos asesinados a pesar de que se
pagó el rescate por ellos.
Otros,
como los comerciantes y empresarios también han contemplado acciones
de presión, como aplicar una huelga de pagos de impuestos y
derechos, de los que vive el gobierno.
Es
tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que
sienten todos los sectores, que no sería descabellado comenzar a
aplicar acciones que realmente le duelan a quienes tienen la
obligación de hacer más por salvaguardar la seguridad de la ciudad,
del estado y del país.
En
contraste, el mayor obligado en proteger a los ciudadanos se pierde
en disquisiciones estériles en torno a si México está igual o peor
que Colombia hace veinte años, afirmación emitida por la secretaria
de Estado de EU, Hillary Clinton, avalada por medios tan serios como
el Washington Post, o bien, se encarga de ofrecer circo a los
connacionales a través del oneroso gasto utilizado en las
celebraciones por el Bicententario, recursos que mejor debería haber
empleado en reforzar las pálidas estrategias de seguridad.
No
contento con lo anterior, el primer mandatario pontifica sobre la
paz en el país como si se tratara de algo real, al enviar una carta
a cada una de las familias de la nación en la que, entre otras cosas
y de manera retórica, subraya que el blanco del color de nuestra
bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”.
Tal
afirmación es una burla para los juarenses que se ahogan en un baño
de sangre y que de paz es de lo que menos saben en estos tiempos.
En
Ciudad Juárez hemos llegado a un punto en el que es necesario –y
urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades
establecidas por ley, a ofrecer respuestas más contundentes, porque
la capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha rebasado
ya sus límites.
El
Diario, por lo pronto, asume la postura manifestada en los primeros
párrafos, de llamar a los grupos en pugna a que expresen qué es lo
que quieren de nosotros como comunicadores.
De
víctimas a verdugos
Como
si los atropellos, atentados y demás intimidaciones en contra de los
medios de comunicación no fueran suficientes, ayer la secretaria de
Educación y Cultura del Gobierno estatal, Guadalupe Chacón Monárrez,
vino a ponerle más sal a la herida al declarar que somos los
culpables del terrorismo psicológico que se vive en la ciudad.
Ahora
resulta que, además de víctimas, en la mente de la funcionaria somos
los victimarios al culparnos de terroristas por sólo cumplir con
nuestra tarea de informar a la comunidad de lo que está sucediendo
en esta frontera.
El
terrorismo, y esto debe quedarle muy claro a la secretaria de
Educación, viene de otras fuentes, no de los medios de comunicación
que somos el vehículo para informar de lo que sucede en esta ciudad.
De
manera específica Chacón Monárrez se refirió al caso de la escuela
primaria y el kínder del norponiente en donde no sólo los padres de
familia, sino los mismos maestros, viven con el temor de que algo
pueda pasarles ante las amenazas recibidas de parte de un grupo de
extorsionadores.
Fueron
los propios padres de familia los que se acercaron a este periódico
para expresar el miedo que sentían –y sienten– por la seguridad de
sus hijos. Las amenazas no las vertió El Diario como tampoco este
medio es el que infundió entre los progenitores la iniciativa por
denunciar las intimidaciones recibidas.
Ante
esta situación, ¿qué esperaba la funcionaria? ¿Que sólo escucháramos
a los padres de familia y los regresáramos a sus casas? ¿O que los
mandáramos a poner la denuncia correspondiente ante Averiguaciones
Previas cuando ellos mismos manifestaron que no confían en la
autoridad porque no hace nada al respecto?
El
reportero que los escuchó hizo lo que tenía qué hacer: escribir la
nota correspondiente y entregarla al editor, quien también cumplió
con su función y su responsabilidad de publicarla porque se trataba
de un asunto de trascendencia en el que estaba de por medio la
integridad de numerosas personas, sobre todo niños.
El
terrorismo no lo propició la información divulgada, de la cual se
hicieron eco el resto de los medios de la ciudad, sino quienes
amagaron a los menores, a sus padres y a los maestros. Pero, sobre
todo, lo han venido ocasionando quienes, teniendo la responsabilidad
y la capacidad de frenar estos hechos, no lo han hecho, ya sea por
omisión, por negligencia o incluso por colusión.
Dice
la secretaria de Educación que ella no se puede imaginar que alguien
les falte al respeto a los niños, y que pudo tratarse de una broma
de mal gusto. Se nota que la funcionaria no vive en esta ciudad, en
donde menores de edad, infantes y hasta bebés han sido masacrados.
Quien no perdona la burla es ella con sus comentarios, que
seguramente no serán del agrado de tantos padres de familia que han
perdido a sus hijos de violenta manera.
Tiene
toda la razón Hernán Ortiz, antropólogo e investigador de la UACJ,
quien le respondió a Chacón Monárrez que no se debe culpar a los
medios del terrorismo que desde hace tiempo padecemos, sino a la
incompetencia que han demostrado los gobiernos, en lo cual coincide
con nuestros comentarios vertidos párrafos atrás.
“Quiero decirle a los medios, con todo respeto, que no nos
convirtamos en copartícipes de esto, ya que el terrorismo
psicológico se logra a través de la comunicación”, dijo la
funcionaria.
¿Qué
es lo que nos quiere decir con lo anterior? ¿Que dejemos de
publicar? ¿O que sólo divulguemos noticias “buenas” o “positivas”,
como en otras ocasiones se ha polemizado al respecto? Los medios
recogemos y publicamos todo lo que acontece en la ciudad, ya será el
lector el que le dé la connotación de “bueno” o “malo” a lo que lee,
escucha o ve.
En
todo caso, es la secretaria de Educación la que tiene la gran
responsabilidad de que los niños que en estos momentos se estén
educando, salgan con una mentalidad bien formada para que no sean
los delincuentes del mañana.
Es una
cortina de humo lo que ha levantado Chacón Monárrez, para esconder
la incapacidad de autoridades que no han hecho bien su labor.

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