PRESAS POR
ABORTAR, ESPERAN SU LIBERTAD
Siete mujeres en el estado de
Guanajuato purgan las mismas penas que un asesino del crimen
organizado. Aunque en este caso, ellas estaban embarazadas y sus
embriones murieron.
Mientras cumplen condenas de 25 a 30
años de prisión en dos penales de
Guanajuato, acusadas de "homicidio
en razón de parentesco", el Congreso estatal reformó el
artículo 156 del Código Penal: no anuló el delito, redujo los
castigos de tres a ocho años de
prisión.
Los castigos para cada sentenciada
son más largos que su edad. Al menos siete están encarceladas en los
penales de Puentecillas y
Valle de Santiago, acusadas de haber planeado el homicidio de sus
bebés antes de nacer. Ellas aseguran que los abortos fueron
involuntarios.
Cuatro de las presas aceptaron dar
sus testimonios a CNNMéxico desde el penal de Puentecillas, ubicado
a 20 minutos de la capital de Guanajuato. Todas saludaron
sonrientes, pero el llanto las quebró cuando relataron sus historias
una a una.
Ana Rosa Padrón tiene
24 años de edad y una niña de cinco años.
Desde un anexo del penal, la joven
cuenta que tenía cinco meses de su segundo embarazo cuando una
madrugada de marzo, de 2008, se desmayó en el patio de su casa
mientras caminaba hacia el baño. Sus padres la encontraron con el
feto entre las piernas. Su mamá tomó el embrión del piso, lo
envolvió en una sábana y lo rodeó de flores en la mesa del comedor.
A la mañana siguiente, Ana Rosa quedó
detenida por agentes del Ministerio Público de Dolores Hidalgo,
supuestamente habían recibido una llamada anónima denunciando un
aborto provocado.
La joven dice que la hicieron firmar
una declaración:
"Decía que yo había aceptado que el
embarazo era de nueve meses, que sentí mucho dolor, que no le quería
decir a mis padres y que yo nos les quería decir de mi embarazo, que
cuando nació yo le tapé la nariz para que no respirara y que al día
siguiente lo fui a tirar en una bolsa", cuenta Ana Rosa durante la
entrevista, en un anexo del penal.
Todas las mujeres son de origen
humilde, algunas terminaron sus estudios de primaria cuando llegaron
a la cárcel.
Después de ocho, seis o dos años de
estar prisioneras, tienen la oportunidad de hablar de sus casos.
Liliana Morales, de 26
años de edad y ocho de cárcel. Quedó embarazada a los 17 y al
cumplir la mayoría de edad fue sentenciada por homicidio en razón de
parentesco, es decir, "cuando la madre prive de la vida a su hijo
dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, por motivaciones
de carácter psicosocial".
Recuerda que un día su madre la llevó
al hospital de San Miguel de Allende al ver que tenía mucho sangrado
y al pie de su cama llegaron agentes ministeriales que le
preguntaron dónde había tirado a su hijo. Después de acosarla, le
hicieron firmar una declaración y una semana después fue
aprehendida.
"Yo dije en qué no estaba de acuerdo
y luego me sentenciaron a 25 años sin beneficio alguno", narra
Liliana, quien hoy es una de las cocineras del penal.
El 11 de agosto fueron visitadas por
funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los
Derechos Humanos,
que recomendó al gobierno del estado de Guanajuato revisar la figura
penal de "homicidio en razón de
parentesco".
El organismo internacional expresó
recientemente que en Guanajuato persisten "patrones culturales que
motivan la discriminación contra las mujeres, al mismo tiempo que
limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos", concluyó el organismo internacional.
La esperanza de salir libres logra
traspasar los muros de la prisión con la reducción de la pena; y el
delito sigue impreso en las leyes de Guanajuato.
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