LIBERAN A MUJERES 'ASESINAS'

Reforma penal permite que les reduzcan condenas

GUANAJUATO, GTO.- Entre lágrimas y oraciones fueron liberadas las siete mujeres que purgaban condenas de 25 a 29 años por homicidio en razón de parentesco en los Ceresos de Guanajuato y Valle de Santiago, al entrar en vigor la reforma penal que reduce el castigo por ese delito.

Seis de ellas, que aseguran abortaron, habrían recuperado su libertad hasta el 2030 y 2035. María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas Rocha y Bonifacia Andrade Hurtado abandonaron las celdas la tarde de este martes, donde pasaron entre dos y nueve años de su vida.

Inmersas en un fuerte dispositivo de seguridad, madres, hermanas y amigas atestiguaron los momentos en que los custodios abrían las rejas a las mujeres de 21 a 39 años de edad.

Seis salieron, una a una, del Cereso de Puentecillas y Liliana Morales de Valle de Santiago.

“¡Soy libre, porque soy inocente!”, gritó Yolanda Martínez Montoya con los brazos en alto.

Aún con el uniforme de interna señaló que siendo inocente un juez la condenó a 25 años de prisión, “pero finalmente triunfó la justicia. Gracias a Las Libres (ONG), gracias a los medios de comunicación y gracias a las autoridades”, expresó.

“¡Esto es un milagro!, dijo María Rocha Márquez, madre de Susana Dueñas, con una imagen de la virgen de Juquila, del Santuario de Santa Catarina, Oaxaca, en las manos.

Anastasia Alarcón Sánchez llegó al penal de Puentecillas, para abrazar a su hija Ana Rosa Padrón, campesina de 23 años de edad, recluida en 2008 y condenada a 29 años de prisión. Nunca perdí la fe, dijo Anastasia, de la mano de su nieta Karina, de 5 años, hija de Ana Rosa.

“Fue una gran injusticia, Ana no mató a su hijo, fue un aborto. Eso ya no lo quiero recordar”. Adelantó que en enero ella y Ana Rosa caminarán de su pueblo, en Dolores Hidalgo, a San Juan de los Lagos a pagar la manda.

De vuelta a su comunidad Soledad Nueva, Ana Rosa reanudará sus actividades agrícolas en la siembra de chile y tendrá tiempo para criar a su hija.

Horas antes de que las mujeres abandonaran los penales, el gobernador panista Juan Manuel Oliva dijo que en términos de ley todas salieron libres. “Fue nuestra disposición y nuestra convicción de dialogar, de reflexionar y de dar esta decisión tan importante, que compartimos con la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos”.

Funcionó presión

El 20 de julio, el centro Las Libres denunció que a siete mujeres que abortaron en Guanajuato se les configuró otro delito y condenó a 25 y 29 años de prisión, lo que generó protestas sociales, una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, otra de la ONU y la reforma penal que reduce la pena por homicidio en razón de parentesco, que culminó con su liberación.

En el primer minuto del martes entró en vigor la reforma de adición al artículo 156 del Código Penal, propuesta por el gobernador, que establece una sanción de privación de la libertad de tres a ocho años cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento”, La penalidad anterior era de 25 a 35 años de prisión.

La directora del centro Las Libres, Verónica Cruz, comentó que el gobernador jamás admitió la criminalización de las mujeres por aborto, pero “estamos contentas con que estén libres, eso es lo que finalmente importa”.

La reforma es el reconocimiento de la inocencia y que las tuvieron injustamente en la cárcel, dijo. “Ahora la ONG trabajará con ellas y sus familias por la recuperación de su vida, luego de estar presas hasta ocho años”.

Aborto nunca será derecho de la mujer

“El homicidio en razón de parentesco nunca será un derecho de la mujer. Dar muerte a un hijo que ha nacido es uno de los crímenes más aberrantes”, sostuvieron organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de las mujeres, la Red Pro Yucatán y el Centro de Estudios para la Mujer (CEFIM-Cancún).

Aseguraron que la reforma al Código Penal en Guanajuato que redujo las sanciones para las madres que maten a sus hijos, carece de respaldo social porque en la mayoría de la sociedad mexicana se mantiene vigente el principio del respeto a la defensa de la vida del o de los hijos, por encima de cualquier circunstancia y aquellos que pretenden hacer ver la muerte de un hijo como “normal” o parte de un derecho, están siendo rebasados por la sociedad.

Ivette Laviada, presidenta de la Red Pro-Yucatán, y Patricia López Mancera, directora del Centro de Estudios para la Mujer (CEFIM-Cancún), señalaron que aquellos intereses ocultos que llevan a grupos radicales a presionar a las instancias públicas —gobernador, presidente municipal y legisladores— para hacer de la muerte del hijo que ha nacido, un derecho o la ampliación de libertades de la mujer “no tendrá eco en otras entidades del país”.

Externaron su preocupación porque ahora se considere como delito no grave que una madre atente contra la vida de su hijo siempre y cuando lo haga en las primeras 24 horas de nacido.

Explicaron que la sociedad civil organizada apoyó mayoritariamente las reformas constitucionales a favor de la vida aprobadas en 17 estados de la república, las cuales dejaron intactas las cláusulas de exclusión que permiten eliminar la pena de cárcel para casos de aborto por violación, peligro de vida para la madre, mal congénito del bebé y accidente, acción imprudencial o aborto espontáneo, principalmente, lo cual es totalmente distinto al homicidio en razón de parentesco.

Precisaron que para quien cometa el delito de aborto o consienta que otro le hiciera abortar, los Códigos Penales de todo el país ya contemplaban penas que iban de los tres meses a los seis años de prisión, con derecho a salir libre bajo fianza.

Por ello, llamaron a la sociedad mexicana y sobre todo a las mujeres a no dejarse engañar y no ver como “normal” el homicidio de un hijo recién nacido.

Conscientes de que una cultura a favor de la vida no se logrará llevando a la cárcel a las mujeres que abortan, sino a través de un cambio por la dignidad humana, para aquellos casos que no entraran dentro de las cláusulas de exclusión, la sociedad civil trabajó para que al mismo tiempo, en seis de estos 17 estados de la república (Morelos, Jalisco, Durango, Yucatán, Chiapas y Querétaro), se sustituyera la pena de cárcel, por atención médica integral o trabajo comunitario, lo que permitió que en estados como Chiapas fueran liberadas las mujeres que se encontraban presas por el delito de aborto”.

Hicieron un extrañamiento a quienes ahora pretenden confundir a la sociedad afirmando que las reformas criminalizan, pues con las reformas no se creó un tipo penal distinto, ni tampoco se aumentaron las penas ya consideradas en los Códigos Penales locales.

LIBERAN A MUJERES 'ASESINAS'