EMPRESARIOS ARMAN
'EJÉRCITOS PRIVADOS'
Afirman que empresarios
regiomontanos ‘medianos’ integran grupos para su seguridad
MONTERREY.- Para “blindar” Nuevo León
y en respuesta al asesinato de dos escoltas de la empresa Femsa el
mes pasado, empresarios regiomontanos están armando “ejércitos
privados” con los que se puedan enfrentar a la actividad del crimen
organizado.
Esa versión ha crecido en las últimas
semanas en medios empresariales y en los corrillos políticos de la
zona metropolitana de Monterrey, donde trascienden detalles del
operativo.
En algunos sectores se habla de la
integración de una “polla” entre empresas medianas de la región (se
da por descontado que las grandes corporaciones ya cuentan con
grupos de seguridad altamente entrenados y equipados) con
aportaciones que rondan el millón de dólares para contratar grupos
armados que proporcionen seguridad a sus contratantes.
Aunque las versiones son
extraoficiales, en consonancia con las mismas, ayer, en su edición
digital El Semanario Agencia recuerda en un artículo titulado
“Empresarios regios en pie de lucha vs. delincuencia”, el
acontecimiento que cimbró al empresariado de Nuevo León.
El viernes 20 de agosto un grupo de
hombres armados, presuntamente pertenecientes al Cártel de Los
Zetas, arribó a las inmediaciones del Colegio Americano de Santa
Catarina, con la intención de secuestrar a la esposa y los hijos de
un alto directivo de la empresa Femsa.
Al momento de su llegada a la
escuela, los sicarios se enfrentaron a tiros con el grupo de
seguridad que acompañaba a la esposa del directivo, quien logró
escapar.
Al no poder cumplir con su cometido,
los criminales secuestraron a cuatro miembros del equipo de
seguridad, quienes posteriormente fueron liberados, pero el episodio
dejó un fatal desenlace: dos empleados de Femsa muertos.
“Así, un fenómeno que ya se venía
sintiendo desde tiempo atrás en Monterrey, finalmente se manifestó
con toda crudeza: el hartazgo de la comunidad empresarial local
hacia la incidencia delictiva, lo que a su vez significó una
declaratoria en pro del Estado de Derecho y la exigencia a recuperar
el orden y la paz”, dice el reportaje.
El sector privado desveló su sentir
en torno del clima de inseguridad porque el ajuste de cuentas entre
mafias, junto con el fuego cruzado entre policías y malvados, empezó
a impactar en la actividad económica y eso provocó el cierre de
negocios y la pérdida de empleos.
Los robos, las extorsiones y los
secuestros encendieron los focos rojos en las empresas.
“Es así como en los últimos 12 meses,
70 por ciento de los pequeños comercios se han tenido que subordinar
al chantaje del crimen organizado, para no correr con la misma
suerte de cerca de 200 negocios que han cerrado sus puertas,
denuncia la Asociación de Comerciantes de Centrales de Abasto de
Monterrey”, dice el texto.
“El sector privado”, concluye el
reportaje, “como un actor social, está gestando un movimiento que
pretende transformar la coyuntura, dejar atrás el miedo y sentar las
bases de un nuevo modo de vida”.
Un antecedente de esta forma de buscar seguridad lo dio el alcalde
de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, quien formó –y
después disolvió– un grupo “de inteligencia” para combatir al crimen
organizado en su municipio.
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