VIOLENCIA DIFICULTA AYUDA HUMANITARIA

La inseguridad que impera en al menos 8 regiones del país paralizó actividades sociales gratuitas que ofrecían asociaciones médicas y religiosas de Estados Unidos, sobre todo en ciudades fronterizas de los estados de Chihuahua y Tamaulipas

La violencia ejercida por grupos estatales y paraestatales ha restringido trabajos de ayuda comunitaria en al menos ocho estados de la República, afectando con ello a miles de personas que viven bajo niveles de extrema pobreza.

Organizaciones que tradicionalmente llevaban asistencia médica y legal, defensa de los derechos humanos, programas de desarrollo social y alimentos, suspendieron algunas de sus incursiones de campo y han adoptado protocolos de seguridad en previsión de agresiones, dijeron sus coordinadores.

Medidas igualmente drásticas tomaron instituciones de educación superior para proteger a sus alumnos, entre ellos el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y las sedes de la Universidad La Salle en La Laguna y Ciudad Victoria.

El creciente nivel de asesinatos, secuestros y extorsiones paralizó también labores gratuitas que ofrecían asociaciones médicas y religiosas de Estados Unidos, sobre todo en ciudades fronterizas de los estados de Chihuahua y Tamaulipas.

“La situación es tan grave, que incluso hasta programas de gobierno como Oportunidades y Procampo han suprimido la asignación de recursos en poblaciones alejadas de las cabeceras municipales en zonas de Guerrero”, dice Rosaura Rodríguez Carrillo, presidenta del Comité Directivo Estatal La Unión de Mujeres, cuya sede está en Acapulco.

La organización coordinada por Rodríguez opera con unos 15 mil asociados. Todos ellos tienen la orden de laborar con límites de horario y evitar zonas de alto riesgo, inclusive dentro de ese puerto y de la capital Chilpancingo. Los trabajos de asesoría financiera y elaboración de proyectos para desarrollo social, fueron suspendidos en comunidades de Ayutla, La Unión y Coahuayutla.

Tales medidas, dice Rodríguez, afectan directamente a cientos de pobladores de las regiones más pobres del estado. “Son las otras víctimas colaterales de la violencia”, resume.

Poderes fácticos, coludidos

Guerrero ha vivido durante años bajo control de “poderes fácticos” que, en el actual contexto de debilitamiento, ha desactivado no sólo ayuda humanitaria sino la propia defensa de los derechos civiles, dice Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.

“Los poderes fácticos comienzan a tejer alianzas unos con otros. Ahora se han sumado caciques y grupos de narcotraficantes que si bien es cierto no agreden directamente a los abogados del centro, que solemos acudir a comunidades y luego regresarnos a nuestra sede en Tlapa, sí lo hacen con nuestros representantes en esos lugares, y también con nuestros defendidos”.

La hostilidad contra organismos derechohumanistas es una constante en la región, pero, señala Aguirre, el mensaje de impunidad emitido por los gobiernos federal y el estatal es de tal magnitud, que las agresiones subieron de nivel los meses recientes. En febrero de 2009, sus dos representantes en Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron asesinados. Hasta la fecha, esa oficina permanece cerrada por falta de garantías de seguridad.

“No solamente son agentes no estatales quienes agreden y amenazan, sino policías ministeriales y militares. Ello ocurre por la gran corrupción e impunidad con que se cometen delitos en el estado”.

En Michoacán, el grupo criminal La Familia es quien somete a poblaciones enteras, con todo y autoridades. Trabajadores de programas de asesoría y desarrollo comunitario mantienen ciertas garantías de operación, pero siguen “a rajatabla principios de conducta” que hasta hoy los mantienen a salvo, dice uno de los coordinadores de proyectos en la zona, que habló bajo anonimato.

“Hay ciertos protocolos de seguridad laboral que seguimos para el desempeño del trabajo; este protocolo es producto de un curso en línea que certifica la ONU. Conocemos qué comunidades no visitar y cuáles sí; sabemos a qué horas salir de las reuniones”, explica.

El coordinador describe situaciones de verdadero poder fáctico. “En algunos municipios del estado, de los cuales sí me consta, los presidentes o el ayuntamiento en general, tienen que sujetarse a los requerimientos (del narco) o les aplican lo del chinito: ‘O coopelas o cuello’”.

La situación, sin embargo, no es tan grave como en Guerrero o Durango, donde la incorporación de jóvenes del medio rural a las filas de los grupos delictivos eleva la amenaza de activistas, asesores y misioneros.

“Derivado de la necesidad económica, estos jóvenes son entrenados y trasladados a otros lugares, como el estado de México y Guerrero. Otros se van a Estados Unidos a sembrar mariguana, lo cual les deja ingresos de más de 50 mil dólares en tres meses”, cuenta.

La zona de ese estado colindante con Chihuahua y Sinaloa queda, debido a ello, fuera de cualquier cobertura de las organizaciones civiles, dice Adriana Fernández, portavoz de Cáritas del Guadiana, en Durango, cuyo campo de acción se limita a la región sur del estado.

“No sabemos de organizaciones que trabajen en la zona norte, que es la más peligrosa”, precisa el activista.

Desprotección en salud

El estrangulamiento de ayuda comunitaria en esa y otras zonas del país alcanza también a organismos extranjeros.

Durante 45 años, médicos del Instituto Shriners atendieron a familias de escasos recursos de Ciudad Juárez. Hasta 2008 efectuaron infinidad de cirugías y regalaron prótesis a miles de infantes. La ayuda comenzó a trastocarse justo cuando recrudeció la violencia. En 2009 acudieron sólo en una ocasión, en vez de las cuatro anuales que acostumbraban, pero atendieron pacientes que pudieron sacar cita previa mediante correo electrónico o teléfono con su sede en Utah, Estados Unidos.

Este año, la mayoría de las labores altruistas quedaron suspendidas allí y en otras localidades igualmente inseguras. Pero de ello no se brindan detalles.

“Shriners es una institución seria, filantrópica, que se mantiene al margen de este tipo de situaciones. No queremos ser ni foco de atención ni nada. No creemos que sea buen momento para emitir algún tipo de comentario”. Justifica la ausencia Araceli Nogare, administradora de Shriners México.

Otros organismos estadounidenses han tomado la misma decisión. Se trata de grupos altruistas que históricamente trabajaron en coordinación con clubes rotarios o con algunas instituciones religiosas.

Better Together México solía enviar medicamento y ortodoncistas a poblados de la sierra de Chihuahua, pero suspendieron operaciones después de que autoridades cerraron el pequeño aeropuerto de Ciudad Madera, corazón de actividades del narcotráfico.

En octubre, sin embargo, la organización prevé realizar un campamento en Ojo Caliente, un sitio de aguas termales al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua, con niños que han quedado huérfanos y que residen en una de las colonias más pobres del municipio, Anapra.

Para ello, pide a los voluntarios que lleven como medidas de seguridad un GPS y los encomienda a Dios:

“Salmo 9:11: Por que él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos”.

La falta de garantías de seguridad también hizo suspender viajes a México a personal de Friends Feeding Friends, Shine on México y Therapy Missions, un grupo de terapeutas norteamericanas que solían atender anualmente a unos 800 menores de edad con discapacidad permanente en Villa Integra, el único centro de rehabilitación que opera en Juárez.

Universitarios paralizan labor

La parálisis de trabajos comunitarios debido al miedo, llegó este año a instituciones educativas de nivel superior.

“Hemos ido acotando nuestras misiones, hasta suspenderlas definitivamente esta última Semana Santa”, dice Miguel Ángel Valdez, rector de la Universidad La Salle Ciudad Victoria. “Es la primera ocasión que tomamos una decisión así en 23 años, porque poner a los jóvenes en las calles o en ejidos para brindar ayuda, es un alto riesgo”, argumenta el directivo.

El campus manejado por Valdez cuenta con alrededor de mil alumnos, cada uno de los cuales brindaba 550 horas promedio de trabajo comunitario en la zona del altiplano tamaulipeco, de gran marginación.

Unas 16 mil 500 personas dejaron de recibir con ello asistencia médica, alfabetización, así como ayuda para construir y remozar viviendas, aulas y clínicas de salud, refiere.

El gran centro de operaciones criminales en que está convertida la región de La Laguna, que comparten los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango con Torreón, Coahuila, frenó igualmente cualquier iniciativa de los estudiantes por salir a las calles a brindar servicio social, de acuerdo con Felipe Pérez Gavilán, rector de la Universidad La Salle en Gómez Palacio.

Allí no sólo diversas organizaciones emprendieron la retirada, sino también 10% de la población, afirma.

Bajo tal escenario, los padres de los poco más de 800 alumnos de la universidad pidieron suspender las pastorales que por años realizaron en la sierra y comunidades próximas a la zona conurbada. Con ello, señala el rector, alrededor de 5 mil habitantes han sido afectados.

“La situación es muy lamentable, triste. ¿Hasta cuándo sostendremos esta suspensión? No lo sabemos. Ahora lo que puedo decirle es que cualquier persona refiere que uno de sus familiares o algún amigo han sufrido asaltos u otro tipo de atentados.

“El miedo es mucho y eso nos obliga a suspender, como muchas otras organizaciones, los trabajos de ayuda en las zonas más necesitadas”.

Medidas similares adoptó el ITESM, donde unos 600 estudiantes en promedio partían cada año a comunidades alejadas de Nuevo León, Durango y Tamaulipas, para construir parques infantiles y viviendas, y dar asesoría en procesos de desarrollo y administración a unas 30 ONG de esas regiones.

La inseguridad les llevó a suspender toda actividad de servicio comunitario en los municipios de Santiago, Escobedo, Juárez, Zaragoza, Mina y Pesquería, así como en colonias de Monterrey como Moderna y Sierra Ventana, donde la actividad criminal es elevada, dice Jorge Lozano Guzmán, director de comunicación de ese instituto.

Misioneros, afectados

Organismos menos identificados, ligados sobre todo a instituciones religiosas, tomaron la misma ruta de la suspensión de los servicios comunitarios.

Arturo Farela, presidente de la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas (Cofraternice), considera que la cifra de misioneros ausentes en el país “es de miles, tan sólo en las entidades que sufren el mismo flagelo de esta guerra entre el gobierno federal y los grupos de narcotraficantes”.

Se trata, sintetiza el líder religioso, “de un grave trastorno para el país, en donde miles y miles de jóvenes tienen cancelada la posibilidad del trabajo y la escuela y en donde la pobreza se vuelve más aguda conforme pasa el tiempo. Y esta violencia, que genera inseguridad, afecta sobre todo a los mexicanos que menos tienen”.