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SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA SECUESTRADORES EN MÉXICO

Establece penas hasta de 70 años de cárcel a quien plagie niños o embarazadas. También crea un fondo de ayuda a víctimas por más de 98 millones de pesos

La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la que se crea un fondo de apoyo a las víctimas de plagio por un monto de 98 millones 700 mil pesos y establece penas hasta de 70 años en caso de que se trate de menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, con alguna discapacidad, sean mutilados o mueran durante su cautiverio.

La nueva ley antisecuestro se derivó de la modificación a ocho ordenamientos legales y se aprobó tras dos horas de discusión con 353 votos a favor, ocho abstenciones y cuatro en contra del PT.

El delito de secuestro en cualquiera de sus modalidades será imprescriptible, obliga a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, pero establece la federalización del combate al ilícito.

La autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido condenadas por secuestro queden sujetas a vigilancia hasta por cinco años posteriores a su liberación.

También se procederá a la colocación de dispositivos de localización y vigilancia cuando a juicio del juez o tribunal el delincuente presente un estado precario de salud o por senilidad.

La ley agrupa y define todos los tipos de secuestro, como el exprés y el autosecuestro, y especifica sanciones más severas para secuestradores que sean miembros de organizaciones policiacas, pertenezcan a las Fuerzas Armadas o se ostenten como tales.

En este caso la pena alcanzará hasta 50 años de prisión, que podrá aumentar por daños a la víctima, si es plagiada en un camino público, lugar desprotegido, con violencia, menor de edad, mujer embarazada, adulto mayor o tiene alguna discapacidad.

Si el plagiario libera a la víctima de manera espontánea en tres días posteriores al secuestro se aplicará una pena de dos a seis años, pero a su salida se le colocará un dispositivo de localización. Aunque deje en libertad a la víctima la pena será de nueve a 16 años si la víctima sufrió alguna lesión.

También permite la intervención de comunicaciones privadas, previa solicitud de la PGR, servidores públicos o de los procuradores de los estados y del Distrito Federal a la autoridad judicial.

La ley precisa que “en todo caso será obligación de los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones de las líneas a intervenir prestar auxilio para tal efecto” y el MP podrá ofrecer como prueba los resultados de la intervención telefónica. El fondo de apoyo para las víctimas se constituirá, además de los 98 millones 700 mil pesos, con recursos por la enajenación y abandono de bienes, por montos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas y por donaciones hechas a favor de las víctimas por terceras personas.

Las procuradurías deben crear y operar unidades especiales para la investigación y estarán obligadas a brindar atención médica a las víctimas, asesorar a familiares en las negociaciones, recibir denuncias y sistematizar información que lleve a la liberación de la víctima.

Los sentenciados no podrán obtener la preliberación o reducción de la condena y el ministerio público estará obligado a impedir que el delito prescriba.

Con la asistencia de Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, los legisladores avalaron la minuta de la ley antisecuestro que remitió el Senado en abril pasado sin modificaciones.

Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas, diputados del PT, argumentaron su voto en contra al afirmar que se trata de una ley que busca venganza y no justicia, porque con la suma de penas se puede alcanzar la cadena perpetua, lo que viola el artículo 18 de la Constitución que establece la reincersión social del delincuente.

Criticaron la imprescriptibilidad del delito cuando no es aplicable para la desaparición forzada; sin embargo, sus argumentos fueron rechazados y criticados por el PAN que los acusó de proteger derechos humanos de delincuentes.

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