Narcopolítica en Tamaulipas
Partidos
han señalado la presencia de los cárteles
En diciembre de 2004, el entonces
diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Juan Antonio
Guajardo Anzaldúa, exhibió varias fotografías en las que aparecían
reunidos un par de colaboradores del gobierno de Tamaulipas y
presuntos integrantes del cártel del Golfo.
Guajardo Anzaldúa llevaba meses
documentando supuestos nexos entre funcionarios locales con miembros
del crimen organizado y la evidencia le permitió afirmar, aquel año,
que el gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba era “el brazo político”
del cártel.
Tres años más tarde, en 2007, el
maridaje entre los narcotraficantes y la clase política dominante
fue descarado a decir de Guajardo Anzaldúa, quien buscó por segunda
ocasión la alcaldía de Río Bravo.
“En años anteriores, los que pagaban
las campañas eran los empresarios, la gente de dinero y eran ellos
los que mandaban. Pero ahora, los que están pagando las campañas son
miembros del crimen organizado”, declaró a periodistas la mañana del
jueves 29 de noviembre, horas antes de ser asesinado a tiros junto
con cinco de sus colabores.
La presunta intromisión de criminales
en los procesos electorales de Tamaulipas, es algo que han señalado
también directivos del Partido Acción Nacional (PAN) durante más de
una década.
Yarrington Ruvalcaba ejerció como
gobernador hasta 2004, sin que jamás cesaran en su contra
señalamientos por sus presuntos nexos con el capo local, Osiel
Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo. Su nombre figuró en
investigaciones emprendidas por la PGR, pero jamás como indiciado.
Durante su mandato, la organización
encabezada por Cárdenas Guillén consolidó un poder descomunal que
mantuvo bajo un régimen violento a buena parte de la población.
Narco toma las decisiones
El nivel de sometimiento logrado por
los narcotraficantes llegó a tal grado que actualmente influye en
los procesos electorales, según una denuncia de mayo de 2004,
realizada por Juan Ángel Ibarra, coordinador de la fracción del PAN
en el Congreso estatal.
“Las decisiones políticas las toman
los cárteles del narcotráfico; ellos son quienes quitan y ponen
candidatos y quienes en realidad gobiernan el estado”, declaró
Ibarra durante un encuentro nacional de diputados locales de su
partido, efectuado ese año.
Antes de ser gobernador, Yarrington
Ruvalcaba fue presidente municipal de Matamoros, asiento del cártel
del Golfo. Hasta entonces fue cobijado por su antecesor, el ex
mandatario Manuel Cavazos Lerma, quien fue alcalde de ese municipio.
Desde entonces, Yarrington encabezó su propio grupo político,
vigente hasta hoy.
En 2004 maniobró para imponer como
abanderado a Eugenio Hernández Flores, actual gobernador y su
influencia fue decisiva para impulsar la candidatura de Rodolfo
Torre Cantú al gobierno estatal, el aspirante que fue asesinado la
mañana de ayer junto con cinco de sus cercanos colaboradores.
Yarrington apoyaba a Cantú
El ex jefe del Ejecutivo estatal,
Tomás Yarrington Ruvalcaba, estuvo presente en los actos de campaña
más trascendentales de Torre Cantú desde el 1 de febrero, cuando que
formalizó su candidatura, hasta el último de sus actos de campaña,
en Altamira, Tamaulipas, la tarde del pasado domingo 27.
Lo mismo que en los comicios
intermedios de hace tres años, la actual contienda electoral fue
sacudida por ataques violentos atribuidos a integrantes del crimen
organizado.
En mayo, José Mario Guajardo Varela,
candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Valle
Hermoso, fue ultimado por hombres armados junto con su hijo y uno de
sus empleados. Las semanas previas, Guajardo Varela vivió bajo
amenazas de muerte.
La presión ejercida por los
criminales provocó una crisis inédita en la política regional.
Tres días antes del asesinato de
Guajardo Varela, José Julián Sacramento Garza, abanderado del
Partido Acción Nacional a la gubernatura, dijo a los periodistas que
“algunas candidaturas para diputados y ayuntamientos están vacantes
debido a las amenazas de los narcotraficantes”.
Los municipios aludidos por
Sacramento Garza fueron Camargo, Ciudad Mier, Nueva Ciudad Guerrero
y Río Bravo.
Igual que sucedió en 2007 con las
denuncias de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, los señalamientos no
prosperaron en acciones contra las estructuras criminales asentadas
en el estado desde hace años.
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