Muerte de
niños enfrenta al Ejército y la CNDH
Los niños Bryan y Martín Almanza
murieron tras los disparos del Ejército que, según, estuvieron en el
momento equivocado
El fin de semana en la playa que
Bryan y Martín, de
5 y 9 años, gozaron con su familia, terminó
con su vida luego de ser baleados por militares del Ejército mexicano.
La familia Almanza Salazar había
salido de viaje desde Nuevo Laredo,
Tamaulipas, al norte del
país, hasta la playa de Matamoros, en el mismo estado. De regreso,
el pasado 3 de abril, su camino dio un drástico giro cuando entre
6:20 y 7 de la noche pasaron por el kilómetro 118 de la carretera a
Reynosa.
Ahí, un grupo de soldados dispararon
en su contra y les lanzaron granadas de fragmentación, según el
peritaje que realizó la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La
Secretaría de la Defensa lo niega. En un comunicado a
medios, señaló que la camioneta familiar estaba en el lugar y en el
momento equivocados, cuando soldados y criminales se enfrentaron.
"La muerte de los menores Martín y
Bryan Almanza Salazar fue como consecuencia de esquirlas producidas
por la detonación de la granada que impactó en la parte posterior
del vehículo”, la cual, fue lanzada por el grupo armado que atacó a
los soldados", dijo el representante de la Sedena en conferencia de
prensa el pasado 30 de abril.
Raymundo Ramos, de la organización
civil Comité de Derechos Humanos de
Nuevo Laredo, explicó en entrevista con CNNMéxico, que los
hechos que relata el Ejército se
refieren a un enfrentamiento que tuvo lugar en el kilómetro 108,
esto es a 10 kilómetros de distancia del sitio donde fueron atacados
los Almanza, alrededor de las 11 de la noche.
Luego de dar a conocer los
resultados, que además revelan que miembros del Ejército manipularon
la escena del crimen, CNNMéxico solicitó hablar con el visitador
encargado del caso, y el vocero de la institución informó que ya no
hablarían sobre el tema.
En el texto de su recomendación,
difundido el 16 de junio- la CNDH señala que “del informe de la
autoridad responsable (el Ejército) no tiene sustento ni apego a las
evidencias que logró allegarse esta Comisión Nacional y que existió,
además, un indebido levantamiento de indicios y de preservación de
evidencias”.
Ramos, representante de la
organización que orienta legalmente a la familia y que colaboró con
la CNDH reuniendo pruebas y testimonios, asegura que los autos que
tenían impactos de bala, fueron cambiados de lugar al sitio donde la
familia Almanza Salazar
fue atacada.
“Eso lo señalan los testigos, no sólo
las víctimas. La investigación de la CNDH es la más completa, y las
horas en que ocurrió el enfrentamiento y en la que ocurrió la
balacera contra la familia, no coinciden. Movieron los coches.
Fueron acciones dolosas”.
Cinthia y Martín, los padres de los
menores, resultaron heridos y tras recuperarse han insistido en que
el Ejército es el culpable de lo que le pasó a su familia.
“Yo sé bien lo que pasó ese día y
vamos a ir a las cortes internacionales, o a donde tengamos que ir
para probarlo. Estoy hablando de la muerte de mi hijos, nada me los
va a devolver, sólo quiero justicia”, dice Cinthia Salazar en
entrevista con CNNMéxico.
El silencio militar
En su recomendación, la CNDH señala
“falta de colaboración de la Sedena", quien se negó a proporcionar
información sobre la averiguación previa del caso, y sólo entregaron
un informe parcial.
En conferencia de prensa del 30 de
abril, el procurador general de
Justicia Militar negó que los militares estuvieran
involucrados, y ofreció algunos datos periciales sobre su
investigación del caso.
Ya que esa información había sido
divulgada, la CNDH solicitó el acceso a la investigación completa,
pero le fue negada.
Según dijo el propio secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont,
la ley prohíbe que cualquier persona o institución acceda a los
datos de una averiguación previa.
“Nosotros solicitamos la renuncia del
procurador general de Justicia Militar porque es cómplice del
delito. Está usando el poder para encubrir a los responsables”, dice
Ramos.
Los militares tampoco permitieron el
acceso a los exámenes toxicológicos a que someten a los soldados
antes de salir a las calles.
“No sabes si estaban drogados o
borrachos, es una posibilidad que por su silencio, no puede ser
descartada”, explica el activista, “no tenemos registrados casos en
que soldados en ese estado agredan a la población civil, pero sí
tenemos muchas denuncias de crímenes que son cometidos por el
Ejército y las pruebas son alteradas por ellos”.
La organización
Amnistía Internacional
publicó un comunicado en el que señalan la necesidad de que este y
otros casos sean investigados por autoridades civiles, no militares.
“Éste es un duro recordatorio de que
todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que se
implica a personal militar deben ser investigados de manera
minuciosa, transparente e imparcial y juzgados por el sistema de
justicia civil,” dijo Kerrie Howard,
directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional en el
texto.
“La fabricación de la evidencia,
señalada por esta investigación de la CNDH, ilustra las graves
fallas de las investigaciones militares y quizá explica porqué tan
pocos casos son procesados, a pesar del incremento de acusaciones de
abusos militares desde diciembre de 2006”.
Niños sin infancia
La Red por
los Derechos de la Infancia en México, el pasado 7 de junio
dio a conocer que 900 niños han muerto como consecuencia de la
guerra contra el narcotráfico, 110 este año.
El ejército disparando directamente
contra los niños no es tan común, dice Nashieli Ramirez, “lo común
es que deterioren la infancia de esos niños, los pongan en una
condición aún más vulnerable y hacen que su futuro sea incierto”.
Este lunes, otros estado fronterizo, Nuevo
León, anunció el lanzamiento de
Manual de Protocolos de Seguridad Escolar, que busca
capacitar a los profesores para que enfrenten una situación
violenta como un enfrentamiento,
una balacera o un operativo
militar.
"Estas medidas no las toman de mala
fe, buscan proteger a los niños, pero sólo cierran un boquete para
abrir otro. Sí, los cuidan de las balas, pero no de todo el daño que
les puede causar ese entorno violento”, dice la investigadora
social, “podemos hacer que todos estén preparados para enfrentar una
situación de riesgo, pero qué tipo de niños estamos formando”.
“A mí me dejaron sin mi hijos, a mis
niños sin futuro y a muchos más sin una infancia tranquila”, dice la
madre Bryan y Martín.
Cintia Salazar recuerda sus hijos
“traviesos, como cualquiera, pero no violentos”. Ella y su esposo
trataban de alejarlos de las noticias y todo lo que les diera una
sensación de peligro constante.
“Al final, fallamos. Tratamos de
alejarlos de la violencia, pero ella vino, los alcanzó y me los
robó”.
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TU QUIERES.
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