El organismo ligado a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
de Naciones Unidas,
califica como “el producto más grotesco del modelo laboral
mexicano” a los contratos de protección patronal, a los que
define como “simulacros de acuerdos colectivos negociados a
espalda de los trabajadores”,
lo que atenta contra la existencia de una auténtica organización
sindical y sobre todo, con la posibilidad de ejercer el
derecho a huelga.
La Confederación Sindical
Internacional menciona que mientras México supera la crisis
económica, la división de la izquierda y la polarización que
provoca la inseguridad y la lucha contra el
narcotráfico, se
continúan infringiendo los derechos de los trabajadores sobre
todo en el sector público, donde por ley se impone un monopolio
sindical que los obliga a unirse a sindicatos afiliados a la
Federación de Sindicatos de los
Servicios Públicos (FSTSE), al cual nunca pueden
abandonar para no perder su trabajo.
A nivel mundial, resalta el
aumento del 30% del número de sindicalistas asesinados con
respecto al año anterior, pasando de 76 a 101 en 2009.
La mayoría de los casos se
presentó en Colombia, con 48, pero en la lista también se
incluyó a México con seis.
Cuatro miembros del sindicato
nacional de mineros fallecieron en medio de una huelga, mientras
que otros dos dirigentes sindicales fueron asesinados, uno de
ellos junto con toda su familia, apunta el informe.
Luz y Fuerza del
Centro
El texto de la Confederación
Sindical Internacional detalla que en la toma de las
instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
hubo “arbitrariedad y uso de la fuerza” por parte de tropas
armadas y de la Policía Federal.
“Por medio de un decreto
presidencial, se decidió extinguir la compañía y liquidar a sus
44,000 trabajadores/as, desarticulando la organización sindical
y cancelando así las conquistas laborales. El gobierno
presentó como argumento principal que la empresa resultaba
onerosa por culpa de los altos ingresos de los trabajadores”.
LyFC fue desarticulada el
10 de octubre de 2009, esta semana, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación avalaron la liquidación de la empresa
paraestatal, negando el amparo que solicitó el Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME)
contra esa decisión de octubre de 2009.
Por unanimidad, los integrantes
del máximo tribunal del país confirmaron los argumentos
expuestos en marzo de este año por la juez de Distrito,
Guillermina Coutiño,
quien negó el amparo que promovió el sindicato contra esta
decisión del Ejecutivo Federal.
Cananea
El informe anual de la
Confederación Sindical Internacional señala que “las políticas
abiertamente antisindicales del Gobierno afectaron de manera
directa al Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana”.
El reporte menciona los esfuerzos
del gobierno y de Grupo México
para acabar con la huelga, hasta que “las fuerzas de
seguridad del gobierno y matones de la empresa atacaron a los
trabajadores en huelga, provocando la muerte de cuatro miembros”
del sindicato.
El 7 de junio de 2010, la policía
federal tomó posesión de las instalaciones de la mina de Cananea
en el estado norteño de Sonora, para concluir con el proceso de
una huelga inexistente desde hace casi tres años. La Secretaría
de Gobernación informó que 2,000 policías tomaron la mina de
manera pacífica.
La
minera Mexicana de Cananea
es la principal productora de
cobre en el país y está paralizada desde el 30 de julio
de 2007, por las malas condiciones de seguridad e higiene
reclamadas por el sindicato de trabajadores.
En el Informe anual sobre la
violación de los derechos sindicales 2010 se presenta y analiza
la situación de los sindicalistas en 140 países y se expone la
creciente presión sobre los derechos fundamentales de los
trabajadores a nivel mundial, producto de la crisis económica
global y su impacto en el empleo.
El organismo de la OIT concluye
que los datos registrados sobre violaciones a los derechos de
los trabajadores podrían ser superiores dado que muchas de las
violaciones no son denunciadas por miedo a posibles represalias.
