Las primeras investigaciones lo
hicieron pasar por un crimen pasional entre homosexuales, pero las
investigaciones han cambiado luego que dos mujeres pretendieron
cobrar cinco pólizas de seguro por 32 millones de pesos.
Rubén Romero Reberte Escalante, de 20
años de edad, era estudiante de Química en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y era brillante al grado de haber obtenido
la medalla Gabino Barreda. Según las indagatorias, el joven salió de
su casa luego de haber tenido conflicto con su padre, y decidió
hacerse pareja de Leslie Madelin Arellanes Arredón, también de 20
años, y vivir con ella y la madre de ésta, Roxana Lizbeth Arredón
Argüello de 46 años de edad en un domicilio del centro de Tlalpan.
Joel Díaz Escobar, fiscal de
Homicidios de la Procuraduría capitalina informó que presuntamente
Roxana planeó adquirir cinco pólizas de seguro a nombre de Rubén y
como beneficiario directo a la abuela de Leslie, Ema Argüello.
Tras la muerte del estudiante, las
mujeres se presentaron para reclamar el cuerpo asegurando que lo
conocían y no tenía familiar alguno. Fue entonces que se encargaron
de su funeral.
Sin embargo, al acudir a reclamar los
seguros, una de las compañías se puso en contacto con la Fiscalía
para informar el asunto y las autoridades se dieron cuenta que sí lo
conocían y falsearon su declaración.
Al ser citadas, las mujeres fueron
detenidas y arraigadas y aunque alegaron ser inocentes y haber sido
víctimas de tortura, el Juez 36 de lo Penal determinó su
consignación al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla luego
que las pruebas periciales que fueron contundentes. Tras la muerte
del joven, las mujeres se mudaron de casa.
La policía investigó y confirmó que
las mujeres vivían con Rubén en el domicilio de Tlalpan, donde los
servicios periciales encontraron las ropas de la víctima con sangre,
así como restos hemáticos también del joven en el piso del lugar.
La PGJDF informó que en marzo de 2009
Roxana Arredón cobró un seguro de vida por la muerte de su esposo,
quien murió en un accidente automovilístico. Autoridades judiciales
no aclararon si las detenidas lograron cobrar los 32 millones de
pesos, pues en caso de haberlo hecho, no informaron sobre el
paradero de ese monto
