NO JUZGARÁN A 'EL PONCHIS'

La detención del niño sicario, Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, tiene en jaque a las autoridades de procuración y administración de justicia a nivel federal.

Las autoridades le imputan por lo menos 300 asesinatos, la mayoría de ellos a sangre fría y mediante el degüello.

Aparentemente él reconoce solo cuatro, pero no existen las herramientas jurídicas que permitan llevarlo a juicio por los pocos o muchos crímenes que cometió.

El caso de El Ponchis reavivará el debate sobre la necesidad de contar con un adecuado sistema de justicia para adolescentes.

La saña con la que actuó Edgar Jiménez para cometer sus crímenes llevaría a la mayoría de los ciudadanos a opinar, si se realizara una encuesta, que El Ponchis debe ser castigado como adulto y con todo el peso de la ley.

Una postura comprensible, sobre todo si viene de quienes han sufrido en carne propia las agresiones de la delincuencia organizada.

Pero el Estado no puede actuar motivado por el ánimo de revancha de una sociedad lastimada ni aplicar la Ley del Talión, como ocurre en los países islámicos.

El Estado está obligado a velar por los derechos humanos, así se trate de los delincuentes más crueles, y por los derechos de los niños, protegidos por el marco jurídico mexicano y por los tratados internacionales.

De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, reformado el 12 de diciembre del 2005, El Ponchis debería ser sometido a un juicio especial para menores de entre 12 y 18 años, en el que se garanticen sus derechos fundamentales y se logre su rehabilitación.

El precepto constitucional ordena a la Federación, a los 31 estados y al Distrito Federal contar con un sistema integral de justicia para adolescentes, que incluya agentes del Ministerio Público y jueces especiales, y centros de internamiento exclusivos para los infractores menores de edad.

Los 31 estados y el DF cuentan ya con su ley de justicia para adolescentes, pero a nivel federal no existe un ordenamiento similar, debido a que en cinco años los diputados y senadores no se han logrado poner de acuerdo.

Las conductas que las autoridades le atribuyen a El Ponchis están tipificadas como delitos de carácter federal, incluidos los homicidios, pues los cometió como integrante de la delincuencia organizada.

Sin embargo, al no existir una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, El Ponchis no podrá ser sometido a juicio.

Hasta el momento de escribir esta colaboración se desconocía la situación jurídica del menor, quien no puede ser consignado ante un juez penal de carácter federal, como ocurre con los sicarios adultos. Tampoco puede ser arraigado.

¿Qué harán las autoridades con el menor? Si lo dejan libre por no tener instrumentos para juzgarlo, provocarán una ola de indignación entre la sociedad.

Si lo internan en el Centro de Desarrollo Integral para Menores o en el Centro de Tratamiento para Varones, quedará en una situación de vulnerabilidad y será fácil blanco de ataques de quienes o obligaron, según sus declaraciones, a convertirse en sicario.

Y si lo incomunican y lo aíslan, entonces las autoridades se meterán en el terreno de la ilegalidad y de la violación a los derechos humanos.

Apenas el pasado jueves, el Senado aprobó en comisiones el dictamen de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, pero falta el aval del pleno y su promulgación por parte del Ejecutivo.

Si esta ley ya estuviera vigente, entonces El Ponchis podría ser juzgado por delitos graves y alcanzaría una pena máxima de cinco años en un centro de internamiento especial, que por ahora no existe.

En ese supuesto, El Ponchis quedaría libre a los 19 años de edad, con toda una vida por delante y entonces se pondría a prueba todo el sistema de justicia para adolescentes, pues se comprobaría si logró rehabilitarse o no.

Lo cierto es que el sistema de justicia para adolescentes a nivel federal no existe.

Ese vacío es aprovechado por los cárteles de la droga, quienes, según organizaciones civiles, tienen reclutados a cerca de 35 mil menores de edad, quienes realizan distintas tareas.

Que nadie se sorprenda si empiezan a aparecer más niños sicarios, que, como El Ponchis, no puedan ser juzgados ni rehabilitados.

OFF THE RECORD

**GABINO: PRIMER MUERTO

El pasado viernes fue asesinado en Oaxaca el profesor Julián Martínez Ramírez, integrante del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT).

Es el primer muerto durante la administración de Gabino Cué.

Sobró quién contara “los muertos de Ulises Ruiz”.

¿Alguien contará “los muertos de Gabino Cué”?

Ojalá que no los haya, para que nadie los tenga que contar.

**¿ESTADO DE EXCEPCIÓN?

En octubre, altos mandos de las fuerzas armadas consultaron con legisladores sobre la conveniencia o no de suspender las garantías individuales en algunas regiones del país.

Las opiniones de los diputados y senadores estuvieron divididas, pero más de uno dijo que sí.

El gobierno federal evaluó con mucha frialdad la posibilidad y al final se decidió que no.

Los informes filtrados por Wikileaks confirman la intentona.

**AL BAT, PRI y PRD

El PAN logró procesar sin fisuras —al menos en apariencia— su proceso interno.

Ahora toca el turno al PRI y al PRD.

En el primer caso no habrá mayor problema, pero en el segundo….