CIUDAD DE MÉXICO — Los días como
diputado de Julio César Godoy
Toscano, el legislador mexicano acusado de tener
vínculos con el narcotráfico, podrían estar contados.
Godoy Toscano, quien fue acusado por
la Procuraduría General de la República (PGR) de tener
vínculos con el crimen
organizado, podría ser despojado de su inmunidad legal
esta misma semana para enfrentar los cargos que le realiza la
fiscalía.
La Sección Instructora, el órgano
legislativo que estudia la procedencia de
su desafuero,
se reunirá este lunes para definir el sentido de su opinión. No
se trata de un juicio sobre su culpabilidad o inocencia, sino de
la valoración de las pruebas otorgadas por ambas partes para
definir si hay elementos suficientes para expulsarlo de la
Cámara de Diputados.
Después de elaborar el dictamen
sobre la procedencia del desafuero, éste será turnado a la Mesa
Directiva, que será la encargada de citar a los 500 legisladores
a una sesión extraordinaria
para votar a favor o en contra del veredicto. Algunos
legisladores prevén que esto
podría ocurrir el martes 14 de diciembre, un día antes
de que termine el periodo ordinario de sesiones.
“El próximo martes la Sección
Instructora estará presentando su proyecto de dictamen que
incluye, además de la resolución, tenemos entendido, el
protocolo que se habrá
de seguir durante el proceso de discusión”, dijo el diputado
perredista Agustín Guerrero a CNNMéxico.
El diputado aseguró que la
Sección Instructora también tendrá que decidir el próximo martes
si este tema puede concluir antes de terminar el
periodo ordinario de
sesiones.
Godoy Toscano tendrá la
oportunidad de defender su postura en una sesión en que
la Cámara baja se erige en
jurado y donde cada diputado se convierte en juez del
caso. A esa sesión probablemente acuda también el Ministerio
Publico Federal para exponer las acusaciones.
“No soy un angelito pero tampoco
soy ningún delincuente ni pertenezco a ninguna organización
criminal, y tampoco he cometido ningún delito”, ha afirmado
Godoy Toscano ante medios de comunicación.
Para desaforarlo, son
necesarios tres cuartas partes de los votos del pleno de la
cámara, es decir, 375 votos.
Se dice perseguido por el
Gobierno federal
Julio César Godoy Toscano, medio
hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, fue
acusado de ser el brazo
político de La Famila,
una organización criminal que opera en ese estado del occidente
del país.
La acusación se dio justo después
de que el político resultara electo para ser diputado por el
distrito 1 de su entidad, con cabecera en el municipio de Lázaro
Cárdenas, donde se encuentra uno de los puertos con más
actividad de importación en el país. Por tanto, no pudo tomar
protesta con el resto de sus compañeros de legislatura, el 1 de
septiembre de 2009.
Después de permanecer
prófugo de la justicia
durante más de un año, Godoy Toscano consiguió el amparo de un
juez que, a pesar de la orden de aprehensión que fue librada en
su contra, le restituyó sus derechos políticos, con lo que quedó
en posibilidades de reclamar su curul en la Cámara baja.
Burlando un dispositivo de
seguridad instalado por la Policía Federal alrededor del Palacio
Legislativo de San Lázaro, recinto de los diputados, Godoy
Toscano entró y el 23 de septiembre de este año
tomó protesta como diputado
federal, quedando protegido por el fuero constitucional que
impide que sea aprehendido o juzgado.
Ante ello, la Procuraduría
General de la República solicitó a la Cámara Baja que iniciara
un juicio para desaforarlo
y poder así procesarlo.
Godoy Toscano ha acusado en
múltiples ocasiones al gobierno federal de
perseguirlo en un intento por
desacreditar al PRD en Michoacán, de cara a las
elecciones estatales que se realizarán en noviembre próximo y
donde se prevé que la hermana del presidente Felipe Calderón,
Luisa María Calderón, contienda por la gubernatura.
“Soy un instrumento para que el
gobierno federal esté golpeando al partido, para que esté
golpeando a Leonel Godoy y que en Michoacán afecte más al PRD,
aseguró.
“A mí lo que me interesa es que
se me deje en paz, que mi imagen pública se limpie, que se me
permita vivir lo que siempre he vivido. Soy un hombre de paz, un
abogado, soy agricultor, tengo familia, tengo hijos, tengo
hermanos, tengo mamá”, dijo Godoy Toscano.
La presión por el caso llegó
también al interior del PRD,
al que Godoy Toscano renunció el 20 de octubre pasado. La razón:
miembros de Nueva Izquierda, la corriente a la que pertenece el
líder del partido, Jesús Ortega, apoyan al legislador y apuestan
por su inocencia. En cambio, los seguidores del ex candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador exigen que el diputado
enfrente a la justicia.
A unos días de que se decida el
caso, la bancada del PRD en la Cámara baja ha dicho que
acompañará el dictamen de la Sección Instructora y
no impugnaran su decisión.
“Nosotros hemos señalado que nos
vamos a allanar a la resolución de la Sección Instructora, y
respetaremos los tiempos y
plazos que ellos estén determinando”, ha dicho el
coordinador de los legisladores perredistas, Alejandro Encinas.
Pidió licencia y le fue
negada la solicitud
La semana pasada, versiones de
legisladores cercanos a Godoy Toscano señalaron que el diputado
había solicitado licencia
ante la Mesa Directiva para
dejar su curul.
Dicha solicitud habría sido
entregada por el también michoacano Víctor Báez Ceja, compañero
de bancada de Godoy Toscano. El viernes, la Mesa Directiva
desmintió el hecho y dijo que no hubo ninguna solicitud al
respecto.
Sin embargo, versiones de
diputados conocedores del caso aseguran que el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) presionó para que no le fuera aceptada la solicitud
porque no sería aprobada por el pleno, donde ellos tienen la
mayoría. Esta postura fue apoyada también por algunos diputados
del PRD.
“Hemos llegado hasta aquí
acompañando al diputado y le hemos pedido en la bancada que
enfrente todo el juicio de procedencia estando presente. No
puede ser que pida licencia y nos deje aquí con el caso a
nosotros, él tiene que enfrentar lo que venga por esta
circunstancia”, comentó Agustín Guerrero.
Aunque Godoy Toscano solicitara
licencia y dejara su curul, no
perdería el fuero constitucional.
Sería el cuarto
funcionario desaforado
En caso de ser desaforado, Godoy
Toscano sería el cuarto
funcionario en perder la inmunidad legal. Antes ya hubo
otros casos en que la Cámara de Diputados ha desaforado a
servidores públicos por la presunta comisión de delitos.
El primero fue el senador
Jorge Díaz Serrano,
desaforado en 1983 por cometer un fraude de 5,000 millones de
pesos mientras era director de Petróleos Mexicanos, durante el
gobierno de José López Portillo. Fue aprehendido en diciembre de
ese año y liberado cinco años después por no tener pruebas del
presunto fraude.
El segundo fue
René Bejarano,
desaforado en noviembre del 2004 de su cargo como diputado local
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los delitos
de promoción de conductas ilícitas, operaciones de recursos con
procedencia ilícita (lavado de dinero) y delito electoral.
Bejarano fue liberado en julio
del 2005 luego de ser absuelto por el delito de lavado de dinero
y pagar una fianza de 171,000 pesos.
El tercer caso fue el juicio de
desafuero de Andrés Manuel
López Obrador quien, siendo jefe de Gobierno del
Distrito Federal, fue acusado por la PGR en el 2004 de violar
una orden judicial que exigía que se suspendiera la suspensión
de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos
anteriores.
López Obrador fue desaforado en
abril del 2005. Semanas después, marchas multitudinarias
hicieron cambiar de parecer al gobierno federal, encabezado por
Vicente Fox, quien retiró los cargos y el proceso se desechó.
Julio Cesar Godoy Toscano
es, entonces, el cuarto servidor público que enfrente el juicio
de procedencia en la más alta tribuna del país.
