EXPERIENCIAS DE 1808-BICENTENARIO

La evocación de 1808, a doscientos años de distancia, sólo fue motivo de celebración en España y Brasil

La evocación de 1808, a doscientos años de distancia, sólo fue motivo de celebración en España y Brasil.

En España se celebró el alzamiento “popular” que la historia oficial considera detonante de la “guerra de independencia” contra Francia. En Brasil se recordó la llegada de la Corte portuguesa y la transformación de un conjunto de colonias en el corazón de un imperio. En el resto del mundo iberoamericano no hubo ni tenía por qué haber festejos y, sin embargo, era necesario llamar la atención sobre ese año crucial que significó una crisis compartida y una variedad de respuestas frente a una coyuntura política inédita e inicialmente no deseada. El libro coordinado por Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero es el fruto de un congreso organizado en la Universidad de Alcalá, en mayo de 1808, con la participación de investigadores de numerosas universidades de Europa y América, algunos de los cuales han colaborado también en otras compilaciones recientes que, en conjunto, comprueban el creciente interés académico por comparar y comprender los procesos desatados por la invasión napoleónica en la Península Ibérica.

Como su título anuncia, Las experiencias de 1808 en Iberoamérica tiene el mérito de no ceñirse al mundo hispánico. Los casos de Portugal y Brasil son tratados con detenimiento y vinculados a las experiencias de algunas provincias hispanoamericanas; pero es evidente que son estas últimas las que interesan de manera primordial a los autores y a los organizadores de la obra. El resultado académico comprende 26 artículos y una introducción que en total suman cerca de 550 páginas: una extraordinaria mina de información y de interpretaciones novedosas que se convertirá en referente indispensable para quien desee entender casos particulares o fenómenos compartidos. Los artículos están divididos en dos bloques; el primero aborda “las experiencias comunes” del mundo ibérico y el segundo se refiere a “las experiencias locales”, donde se exploran las respuestas particulares de las ciudades (sedes de virreinato, de capitanía general o simplemente de audiencia) a la crisis de 1808. La división es adecuada, aunque algunos artículos de la primera parte resultan demasiado circunscritos a un ámbito determinado como para ser considerados parte de una reflexión general. Por economía de espacio, no seguiré el orden que guardan los textos dentro de la obra; pero procuraré referirme a todos en la medida de lo posible.

En la introducción, Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero consideran con toda razón que 1808 fue un “punto de inflexión” en la historia del mundo hispánico: el detonante de “un proceso complejo en el que la misma cultura político-jurídica hispánica dio respuesta <…> a una crisis sin precedentes, con manifestaciones regionales diferentes” (p. 22). Los argumentos legales que se esgrimieron para ejercer el control político en ausencia del soberano son examinados por dos autores que presentan algunas diferencias de matiz que podrían prestarse a un debate futuro. Así, Jaime Rodríguez alude a la idea (bastante aceptada por la historiografía) de un “pacto” de origen entre el rey y los distintos reinos que componían la monarquía española, y supone que ese principio permitía justificar la retrocesión de la soberanía a los cabildos, que al arrogarse la representación del “pueblo” aspiraban a cierto grado de autonomía política. Para Rodríguez parece evidente que el argumento central de las juntas era el hecho de que “en ausencia del rey, la soberanía recaía sobre el pueblo” (p. 81), mientras que José María Portillo Valdés sostiene que la idea subyacente en la creación de juntas fue la del “tutelaje” o del “depósito de soberanía” a partir del principio de derecho civil “que establecía las obligaciones del tutor y cuidador respecto de los bienes de las personas impedidas permanente o transitoriamente para tomar decisiones sobre los mismos” (p. 41). Por su parte, Roberto Breña discute el problema de la causalidad histórica y la pertinencia de definir a los procesos americanos dentro de una historia atlántica. ¿La crisis de 1808 debe ser considerada como el detonante de los procesos revolucionarios en Hispanoamérica? ¿O es posible vincular esas revoluciones con “un proceso” entendido como “Revolución atlántica”, que tendría a la independencia de Estados Unidos y a la Revolución francesa como sus momentos “estelares”? Aunque el autor supone conexiones inevitables en el campo de las ideas políticas, se opone al determinismo y a las explicaciones causales que tienden a ignorar o a minimizar las especifidades de las revoluciones hispánicas (p. 141). En el mismo sentido, Portillo Valdés considera “endeble” el concepto de “revoluciones atlánticas”, y afirma que las revoluciones americanas demostraron que “a la modernidad se podía acceder desde varias rutas y bagajes culturales muy variados”

La relación de las expectativas políticas con el miedo y el rumor aparecen en varios artículos. Javier Laviña, por ejemplo, analiza las reacciones ante la sublevación de negros y mulatos en Coro, Venezuela (1795), y el miedo de las autoridades a que ocurriera una rebelión “a la francesa” semejante a la de Haití. El mismo autor critica las interpretaciones nacionalistas que han querido ver en esa rebelión un antecedente directo de la independencia o una clara demostración del espíritu republicano. Carole Leal Curiel también destaca el papel del miedo y del rumor al analizar los procesos judiciales contra sujetos de la élite caraqueña acusados de pertenecer a la llamada “conspiración de los mantuanos”. Su análisis sugiere que el concepto de “independencia”, en el sentido de ruptura política con la metrópoli, aparecía como un temor de las autoridades y no necesariamente como una aspiración de quienes pretendieron establecer la Junta Soberana de Caracas. La importancia de analizar las variaciones en el significado de los términos es justamente la preocupación central de Javier Fernández Sebastián, quien se refiere a una “crisis de lenguaje” y al advenimiento de un nuevo lenguaje político (p.109). La incorporación de palabras nuevas y la resignificación o abandono de viejos términos son fenómenos que suelen ocurrir sin aviso ni fecha fundacional; pero ocasionalmente, como bien documenta este autor, algunos publicistas postularon conscientemente la acuñación o importación de palabras y exigieron la abolición de otras durante los debates gaditanos (p. 113). Juan Pro Ruiz explora la manera en que se enfrentaron algunos traductores con términos de la Revolución francesa desde la década de 1790, y demuestra que un fenómeno conceptual puede tener fuertes implicaciones políticas, como ocurrió al transformarse el significado del viejo término de “policía” para formar con él un órgano de gobierno: el “Ministerio de Policía General” de la Constitución de Bayona (p. 238). Por su parte, Virginia Guedea estudia los escritos políticos y las declaraciones procesales en la ciudad de México para demostrar la ambigüedad del término “pueblo”, cuyo significado varió considerablemente en función de quienes lo emplearon y de los objetivos que éstos persiguieron; así, el concepto fue utilizado por los munícipes de México que pretendían establecer una junta soberana, pero también por los golpistas (mayoritariamente peninsulares) que, en su nombre, derrocaron al virrey Iturrigaray en septiembre de 1808. Otros detalles en el discurso, de aparente irrelevancia, pueden esconder también implicaciones políticas de gran magnitud. Eso sugiere el texto de Inmaculada Simón y Eva Sanz Jara, quienes destacan que los ayuntamientos americanos dieron instrucciones a los diputados electos a la Junta Central en términos de sugerencia y no en el “tono imperativo” que solían usar las corporaciones cuando instruían a sus procuradores en la Corte.

La precariedad del ejército en el mundo hispánico queda manifiesta en el estudio de Iván Valdés-Buvnov, quien promete explorar “la situación del ejército y la armada real en 1808”, pero en realidad explora los esfuerzos bélicos desde 1700 y concluye que “la carrera naval no terminó en 1805”, es decir, en Trafalgar, sino diez años antes. Según él, las Cortes de Cádiz asumieron una política contraria al ejército debido a que el militarismo borbónico había resultado un verdadero fiasco. La ausencia de un dominio militar efectivo en América nos hace también reflexionar sobre la lealtad al monarca y las muestras de solidaridad, aprovechadas por virreyes y capitanes generales para enviar remesas a la Península. En su artículo, Juan Pan-Montojo demuestra que la Junta Central y la Regencia dependieron en buena medida de las remesas americanas enviadas entre el segundo semestre de 1810 y el primero de 1811. A partir de entonces, los pronunciamientos de soberanía y el estado de guerra generalizado en América hizo decaer estrepitosamente los envíos monetarios en el periodo de 1812 a 1814.

Varios autores analizan los problemas de información y comunicación de ideas políticas. Ana Carolina Ibarra estudia la presencia de la política en la oratoria sagrada novohispana, donde se manifiestan voces que advierten sobre el cambio revolucionario, pero también voces que pronostican la ruina de España y el advenimiento de un horizonte de regeneración moral. Las fisuras al interior de la Iglesia, patentes en la elaboración de causas eclesiásticas contra predicadores incómodos, preconizan, en cierto modo, la división de la Iglesia que estaba a punto de estallar. Hira de Gortari ofrece un enfoque regional, en vez de local, al proponer una “cartografía política” como herramienta para detectar las transformaciones de la cultura política. Sin llegar a conclusiones definitivas, su propuesta demuestra el interés de las provincias de la América septentrional por mantenerse informadas a partir de la suscripción al Diario de México, y analiza después la variedad de sitios donde se escribieron representaciones o se hicieron públicas demostraciones de lealtad a Fernando VII entre 1808 y 1809. Por su parte, Víctor Peralta estudia la importancia del Mercurio Peruano en la formación de una cultura ilustrada, y lo contrasta con el control de información ejercido a partir de 1808 en el Virreinato de Perú. Su texto sugiere que el periódico cumplió con la función que le asignó el virrey Abascal para controlar la situación política y asegurar la lealtad a la Junta Central en un momento en que el resto de América experimentaba conmociones políticas.

Inés Quintero estudia “el movimiento juntista” en Caracas desde una perspectiva crítica. Lejos de caer en la causalidad y en explicaciones sesgadas por el nacionalismo, la autora estudia la variedad de posiciones políticas presentes en las discusiones de 1808, lo que le permite destacar hechos sorprendentes como el de que, ante la retractación del capitán general de formar una junta soberana, fuera un peninsular acomodado quien retomara la propuesta del cabildo y exigiera, junto con un grupo de la élite propietaria, el rechazo de la soberanía en nombre del “pueblo”. El texto de Carole Leal Curiel, ya mencionado, agrega una serie de reflexiones sobre cultura política que permite entender mejor los argumentos esgrimidos por los defensores de la junta caraqueña. Sol Serrano también hace una aportación importante al analizar con detenimiento el discurso político vinculado a la conformación de una junta en el reino de Chile. La autora considera que las ideas de independencia no estaban necesariamente “encubiertas <…> tras un discurso fidelista” (p. 493) y sostiene que no había dos grupos definidos y confrontados, sino numerosos pareceres que buscaban una salida a la crisis política. La autora destaca también las decisiones que consiguieron conjurar los conatos de violencia y evitaron la guerra civil. Por su parte, Armando Martínez Gatica hace una serie de reflexiones interesantes sobre la complicada crisis política en el Nuevo Reino de Granda y la manera en que se constituyó la junta suprema del reino al tiempo que se desmoronaban las viejas autoridades virreinales. Dada la complejidad del caso y las sugerentes afirmaciones del autor, era deseable que el artículo contara con un aparato crítico pertinente para no desentonar con el resto de la obra.

Quito y Charcas tienen en común haber sido sedes de audiencia sin una dependencia clara a un virreinato, pero sin la autoridad de un capitán general, como muestran los artículos respectivos de Federica Morelli y María Luisa Soux. Ello parece haber favorecido tanto las presiones de control ejercidas por los gobiernos virreinales como las respuestas de las élites de estas provincias, que justificaron legalmente su resistencia a incorporarse a los virreinatos establecidos. En el caso de Quito, resulta notable que el proyecto preexistente de crear una capitanía general fuera retomado por su junta soberana. El texto de Morelli nos recuerda también la interrelación de las provincias americanas al estudiar la actitud que asumió frente a la crisis de la monarquía el obispo de Quito, Pérez Calama, más conocido en la historiografía mexicana por la renovación intelectual del obispado de Michoacán.

La respuesta de Guatemala a la crisis política no queda tan claramente explicada en el artículo de Xiomara Avendaño. Llama la atención que las conclusiones de la autora no aludan al periodo mencionado y, aunque el texto es interesante, no permite entender cómo fue que se mantuvo unida la capitanía general ante la crisis. Si de ausencias se trata, es de lamentar la falta de un trabajo sobre el Caribe, apenas mencionado tangencialmente en algunos trabajos, y cabría también preguntarse por la reacción en Guadalajara, que al igual que Quito y Charcas llevaba años aspirando a convertirse en capitanía general. Los compiladores de este libro señalan la poca atención que ha concedido la historiografía a las reacciones políticas de los pueblos de indios ante la coyuntura de 1808. En ese sentido, cobran relevancia las aportaciones de Claudia Guarisco, quien se atreve a comparar los casos de México y Perú, y la contribución de Sonia Aldas Mejía sobre el caso de Guatemala. No obstante, cabe advertir que ninguna de las autoras citadas esclarece el problema de 1808, pues sus estudios se centran en fenómenos posteriores. En el caso de Guarisco, la recepción y la participación de los pueblos en el debate gaditano constituye el centro de su interés; mientras que Sonia Aldas desarrolla un estudio sobre la época nacional que, si bien resulta interesante, tiene poca correspondencia con el sentido de la obra.

A mi juicio, la novedad más significativa del libro es el contraste con el mundo portugués. El traslado de la Corte de Portugal al Brasil ofrece dos perspectivas de análisis que corren a cargo, respectivamente, de Rui Ramos y Guillermo Palacios. El primero nos ofrece un panorama sobre la manera en que la historiografía portuguesa entendió el abandono de la familia real ante la invasión napoleónica. La elaboración de juntas y proyectos de soberanía para resistir la ocupación francesa y, después, para evitar un dominio de facto ejercido por los aliados británicos hace que el caso de Portugal tenga paralelismos y semejanzas muy notables con el mundo hispanoamericano. Por el contrario, la reconstrucción de la monarquía portuguesa en Brasil parece un ejercicio de historia contrafactual. Aquí el problema no es la ausencia del monarca, sino su abrumadora presencia, que genera una revolución cultural, social y política. Como bien señala Palacios, “jurídica e institucionalmente Brasil no es más el Brasil de 1807, como todos los territorios españoles, con todo y sus juntas y movimientos autonómicos, siguen siendo, aún, lo que eran en años anteriores”. (p. 516) Los trabajos sobre Portugal y Brasil no son un mero contraste. Otros artículos nos recuerdan que la presencia de la monarquía portuguesa en Río de Janeiro fue un ingrediente más en la política sudamericana. Al analizar las experiencias en el Río de la Plata, Noemí Goldman distingue los variados sentidos de la palabra “independencia” para demostrar que ésta no tenía ineluctablemente el significado de ruptura con España que le atribuyó el discurso nacional. Al escudriñar los procesos contra “carlotistas” (partidarios de llamar a la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa del príncipe regente de Portugal) descubre que sus abiertos llamados de “independencia” se referían a proteger el reino de la injerencia francesa y portuguesa, mientras que el argumento central seguía descansando en la idea de tutelar la soberanía real en América. Finalmente, Ana Frega Novales muestra con claridad que la conformación de una Junta Soberana en Montevideo respondió, más que a un anhelo de constituir un estado nación, al deseo de separarse de Buenos Aires y responder directamente a las ofertas y amenazas de la monarquía portuguesa establecida en Brasil.

Probablemente los autores desarrollaron muchas de sus ideas a partir del diálogo en las mesas. Sin embargo, esa retroalimentación no se hace presente en los artículos, salvo contadas excepciones. En ese sentido, se echa de menos un ejercicio de reflexión final, capaz de articular las distintas propuestas, no para conseguir una conclusión uniforme, sino para establecer con mayor claridad las diferencias y coincidencias de los trabajos presentados. Ello daría al lector interesado una herramienta útil para aprovechar mejor la riqueza de las casi seiscientos páginas de este libro. Como ocurre con otras compilaciones, no todos los trabajos tienen la misma extensión ni la misma claridad explicativa; pero, en su totalidad, los artículos demuestran el amplio conocimiento de sus autores y la voluntad de éstos por apartarse de explicaciones fáciles y causalistas. Si algo hay en común en todos los textos es una visión crítica, libre de ataduras nacionalistas. A un paso de las conmemoraciones de 1810, esta obra es un buen recordatorio de que el trabajo del historiador es, ante todo, la reflexión continua de un pasado complejo y contradictorio.