Exigen a Calderón ampliar estrategia anticrimen

El presidente Felipe Calderón convocó, desde el 2 de agosto, a ONG, académicos, expertos en seguridad, asociaciones religiosas, partidos políticos, representantes del Poder Judicial y a los gobernadores para debatir la estrategia de seguridad contra el narcotráfico

Abrir el debate sobre la despenalización o legalización de las drogas, conformar un fondo de indemnización para las “viudas y huérfanos de la guerra” contra el narco, reforzar la medición de la delincuencia y mejorar la información que el gobierno difunde sobre el combate al crimen organizado, fueron algunas de las propuestas sobresalientes de los foros denominados Diálogos por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento.

El presidente Felipe Calderón convocó, desde el 2 de agosto, a ONG, académicos, expertos en seguridad, asociaciones religiosas, partidos políticos, representantes del Poder Judicial y a los gobernadores para debatir la estrategia de seguridad contra el narcotráfico.

En el encuentro con organizaciones civiles, los participantes pidieron al Presidente, entre otras cosas, considerar como plan B la legalización o despenalización de las drogas. Específicamente la propuesta fue hecha por Eduardo Joaquín Gallo, de México Unido Contra la Delincuencia.

“Tenemos que poner sobre la mesa, como plan B, qué ocurre si legalizamos algunas drogas y cuáles son las mecánicas más apropiadas llegado el caso, para tenerlo como plan B, porque si el plan A no nos da el resultado inmediato, legalizarlas nos lo puede dar prácticamente de un solo golpe y hay que medir todas las consecuencias”, dijo Gallo.

La propuesta fue secundada por María Elena Moreira, de Causa Común: “Otro punto que quisiéramos dejar en la mesa es que en la guerra contra el crimen organizado ya lleva Estados Unidos 40 años, y con 40 años con los mismos resultados. Sí me parece que debemos poner ya a debate en México, que no debemos esperar, sino ya poner a debate el tema de la despenalización, regulación y control”.

Medición de la criminalidad

Una exigencia constante fue en el sentido de que sea un organismo independiente el que se haga cargo de la estadística delincuencial, apoyando la permanencia del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI) en la medición.

Jorge Enrique Dávila, de la Concanaco, coincidió con otros ponentes en que “el ICESI debe de seguir realizando las encuestas nacionales sobre inseguridad”.

La profesionalización de las policías, la unificación del mando y otros cambios a las corporaciones también fueron expresados durante el diálogo.

María Isabel Miranda de Wallace comentó que van “cuatro años escuchando que el Ejército iba a estar en las calles mientras las policías se preparaban, y hasta ahorita seguimos teniendo unas policías corruptas e ineptas”.

En el encuentro con académicos y expertos en seguridad, el escritor Héctor Aguilar Camín planteó dar el paso hacia la legalización de las drogas, no sólo de la mariguana, como han esbozado economistas de la talla de Milton Friedman.

Jorge Chabat Madrid, investigador de la división de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que no difundir la información de manera adecuada lleva a no sólo perder la guerra contra el crimen organizado, sino también la credibilidad ante la opinión pública.

Retomar otras experiencias

En el encuentro con partidos políticos, el PRD y el PVEM, en voz de Jesús Ortega y Arturo Escobar, llamaron a discutir la legalización de las drogas desde una perspectiva de salud pública. El PRI, a través de Beatriz Paredes, exigió a Calderón no politizar el combate al narcotráfico.

La lideresa del tricolor reprochó, además, que se afirme que no existe apoyo o colaboración de las fuerzas políticas o del propio Congreso de la Unión a este combate: “Nadie puede responder por la honorabilidad de todos y cada uno de sus militantes, pero no se puede generalizar ni se debe generalizar, porque eso no sólo deteriora a esa formación política, sino deteriora todo el quehacer político”.

La dirigente también propuso retomar las experiencias exitosas en materia de seguridad en los estados federales.

En la mesa sólo hubo una coincidencia: asumir la responsabilidad para abatir el flagelo de la inseguridad, por lo demás, todos hicieron patentes las diferencias en cuanto a la forma de lograrlo.

Con respecto al Poder Judicial, aunque hubo un largo análisis sobre las deficiencias del sistema penal y los riesgos del nuevo que pretende aplicarse, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz, y el presidente Calderón asumieron el compromiso de colaborar en la mejora de los procesos judiciales y en subsanar las posibles deficiencias que existen en sus respectivos ámbitos de competencia.

En la reunión con asociaciones religiosas, el cardenal Norberto Rivera Carrera dijo que la Iglesia católica ve con preocupación la inseguridad que aumenta en algunas regiones “por esta cultura de la muerte que se va difundiendo” en el país. Agregó que este problema debe ser resuelto con una “inteligencia más compleja”, en la que debe haber mayor participación entre estados y municipios.

En la reunión con 30 de los 32 gobernadores, José Reyes Baeza, mandatario de Chihuahua, propuso crear un fondo con los recursos de los aseguramientos para dar becas a “los hijos de la violencia”.

Enrique Peña Nieto, del estado de México, pidió más fondos contra la inseguridad, y el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard pidió atacar las finanzas del hampa.

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