A la par de la violencia desatada en el país por los cárteles del narcotráfico y el combate a éstos, las organizaciones criminales iniciaron una nueva estrategia que afecta directamente a la sociedad civil: el despojo de propiedades y tierras.
 

El terror impuesto por la operación de grupos delincuenciales y que en algunas zonas del país han obligado a la población a abandonar sus casas, se suma ahora la amenaza, la intimidación o el chantaje para forzar a la gente a entregar sus inmuebles en diferentes partes de la República.
 

Escasamente documentado el daño ocasionado a la población civil por estos casos, el problema comienza a ser evidente en puntos considerados como bastiones o centros de operación de los cárteles de La Familia Michoacana, el del Golfo, el de los hermanos Beltrán Leyva, de Juárez, de Sinaloa o el de Tijuana.
 

Se encuentra el caso del rancho La Lagunilla, ubicado en el poblado de Bustamante, Nuevo León, del cual fue despojado su dueño por parte de Los Zetas para convertirlo en campo de entrenamiento de sicarios, y que posteriormente infantes de Marina aseguraron tras un enfrentamiento en el que murieron ocho de los integrantes de ese grupo criminal.

Otra historia similar ocurre en el municipio de Periban, Michoacán con el llamado cártel de La Familia Michoacana, de acuerdo con denuncias de los afectados y documentos en poder de EL UNIVERSAL.

El despojo de La Huerta

Toda la familia de Domingo Méndez Leyva, propietario del rancho productor de aguacate La Huerta, con una extensión de 13 hectáreas, está amenazada de muerte si continúan intentando recuperar su terreno del que fueron despojados desde 2006.

Llamadas telefónicas amenazantes, agresiones directas e irregularidades judiciales, conforman parte de este caso impiden incluso a los Méndez Leyva regresar a su tierra para continuar trabajando sus tierras que producían anualmente entre 90 y 110 toneladas de aguacate y una cantidad similar de durazno.
 

Empleado en Estados Unidos desde la década de los años setenta, Domingo Méndez Leyva adquirió La Huerta en 1974 con parte del dinero ahorrado como operador de la Chrysler. Desde aquella época, cada periodo de vacaciones regresaba para ponerse a trabajar en sus tierras, supervisaba la cosecha, podaba y limpiaba árboles, fumigaba o realizaba mejoras en la finca en la que imaginaba sería empleo una vez que se pensionara o jubilara de su trabajo en el vecino país del norte, pero desde 2006 sucedió lo que no imaginó: fue despojado de sus tierras, según el testimonio de la familia Méndez Leyva.
 

Primero se le dijo que el terreno era de otro dueño y que éste lo había heredado su descendencia. Demostró en todas las instancias judiciales ser el único poseedor legal de La Huerta, con sus escrituras evidenció judicialmente que eso era sólo una treta por querer arrancarle el patrimonio de él y su familia. Tras más casi tres años de enfrentar el costo de un juicio injustificado y una serie de advertencias y amenazas, ganó el proceso con el que un hombre, Miguel Pulido Martínez, intentaba quedarse con su propiedad, pero lo peor de la historia estaba por suceder.
 

Presiones a juez y a abogado

Lo que inició como una disputa judicial al final puso en evidencia el fondo real del problema. En realidad, presuntos integrantes del cártel conocido como La Familia Michoacana estaban operando para quedarse con la propiedad, luego de saber que Domingo Méndez Leyva trabajaba en Estados Unidos y sólo regresaba en vacaciones a laborar a sus tierras que cuidaban algunos de sus familiares y peones.
 

Luego de ganar todos los procesos, incluido un amparo definitivo, el 22 de octubre de 2009, día en que el juez de Primera Instancia Civil de Los Reyes, Michoacán, Gregorio Romero Esquivel, debía ejecutar la sentencia de devolución del predio, éste alegó no estar seguro de encontrarse en el sitio de restitución de tierras y determinó, junto con su secretaria de acuerdos, Albina Sánchez Álvarez, aplazar hasta nueva fecha el cumplimiento del fallo que obligaba a que se le entregara el rancho La Huerta a Méndez Leyva.
 

A la inusual decisión del juez se sumó un hecho por demás alarmante. El abogado Jorge Ariel Mendoza, representante legal de Méndez Leyva, quien obtuvo que se fijara el 14 de enero de 2010 como nueva fecha de ejecución de la sentencia, fue levantado y posteriormente dejado en libertad. Esa situación obligó a que la familia del afectado decidiera el pasado 10 de noviembre de 2009 retirarlo de la defensa, aunque inexplicablemente éste apareció el 8 de diciembre del mismo año ante el juez Romero Esquivel acompañado de su contrincante en el juicio, Miguel Pulido Martínez, para firmar la renuncia a ejecutar la sentencia del juicio que ya se había ganado.

“Váyanse o serán ejecutados”
 

Paralelamente, la familia Méndez Leyva comenzó a ser acosada. Primero, un grupo de sujetos armados levantó a un familiar a quien torturaron, golpearon y simularon que le matarían. Luego, cuando algunos de ellos decidieron acudir personalmente al juzgado fueron prácticamente echados del lugar, y casi de inmediato se sucedieron las llamadas amenazantes que advertían que el rancho era propiedad de La Familia Michoacana, que si intentaban recuperarlo serían ejecutados.
 

La familia Méndez Leyva abandonó la zona, pero no la lucha. El 14 de enero pasado, cuando se suponía que ahora sí debería devolvérseles su rancho, fueron notificados legalmente de que su ex abogado había decidió renunciar a que se ejecutara la sentencia en su favor, aún cuando éste no tuvo nunca el poder para decidir el destino de los bienes de la familia afectada ni tenía ya la representación legal en el juicio. En el juzgado el caso se dio por concluido y se les informó que se archivaría, aunque algunos empleados les dijeron lo que ellos ya sabían: “son los de la Familia Michoacana, los que se quieren quedar con sus tierras”.
 

Nos han dicho en anónimos y en llamadas telefónicas, según denuncia la familia Méndez Leyva, que si volvemos a reclamar nuestras tierras nos ejecutaran. Nos han asegurado que ya nos tienen ubicados incluso en donde actualmente vivimos, pero anuncian que van a exponer su caso ante el presidente Felipe Calderón, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y el Tribunal Superior de Justicia de Michoacán, porque están decididos a que no haya impunidad, ni se repitan casos de este tipo con otra gente en esa entidad o en el país.